De acuerdo con información de fuentes allegadas al juicio oral 201/26, en el que se liberó por violaciones procesales a la imputada de iniciales L. A. G. R., acusada de homicidio calificado, el defensor habría omitido dar a conocer que su defendida era una adolescente menor de edad cuando ocurrieron los hechos que se le atribuyen, hasta que concluyó el desahogo de pruebas.
Se indicó que el juicio inició el 18 de agosto de 2026 y que, antes de que se iniciara el debate, el defensor no presentó ningún incidente procesal relacionado con esta situación, la cual tampoco se mencionó a lo largo de las audiencias.
Incluso, se señaló que, debido a la complejidad del caso, se requirió apoyo de personal de la Policía Procesal para llevar a cabo el desahogo del testimonio de un testigo protegido, quien presuntamente habría recibido amenazas en torno a su comparecencia ante las autoridades judiciales.
Tras un mes y medio de desahogo de pruebas, el 30 de septiembre de 2026, la jueza decretó que había concluido formalmente la presentación de testimonios y dio paso a la siguiente etapa del proceso: la audiencia de alegatos de clausura y fallo.
Sin embargo, antes de dar por finalizada dicha audiencia, el defensor presentó un incidente procesal en el que informaba que el 29 de septiembre de 2026 se había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia un escrito firmado por la imputada, quien solicitaba su liberación debido a que aseguraba ser víctima de violaciones procesales, pues afirmaba que, cuando ocurrieron los hechos, era menor de edad.
Por consiguiente, su detención y posterior retención dentro del Cereso Femenil 2 serían ilegales. Para sustentar su versión, la imputada había anexado al escrito una copia simple de su acta de nacimiento.
Al explicar la situación a la jueza, tanto el Ministerio Público como el abogado defensor, quienes manifestaron que habían dado seguimiento al asunto desde la audiencia de vinculación a proceso penal, confirmaron que no se había ventilado dicha situación hasta ese momento.
Era menor de edad cuando ocurrieron los hechos
Por su parte, la juzgadora advirtió que, en el auto de apertura a juicio oral, los imputados habrían omitido compartir algunos datos generales, como la fecha de nacimiento, por lo que no tenía conocimiento de esa situación ni tampoco una forma de confirmar o negar la versión de la imputada.
Puntualizó que, efectivamente, se trataba de una violación a los derechos humanos y solicitó un receso para revisar la situación y pedir datos a las instancias correspondientes, como la oficina del Registro Civil, a fin de resolver la controversia.
Se indicó que el oficio al Registro Civil se envió durante la tarde del 30 de septiembre. Se recibió alrededor de la 1:00 de la tarde del 1 de octubre y se respondió a las 10:00 de la mañana del 2 de octubre.
Alrededor de las 12:15 de ese mismo viernes, la jueza encargada del juicio oral declinó la competencia en favor del Tribunal Especializado de Adolescentes, a cargo de la jueza Karen Arteaga, quien confirmó las violaciones graves a los derechos de la imputada y decretó su liberación inmediata.
Se explicó que, en este caso en particular, detuvieron y presentaron a la imputada ante autoridades judiciales en junio de 2025, cuando ya había cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, la legislación contempla que se debe juzgar a las personas, no por la edad que tienen al momento de su detención, sino por la que tenían cuando cometieron los hechos.
Se calificó la situación como “inédita” y se afirmó que había sido una responsabilidad compartida entre las partes involucradas en el proceso penal, desde los encargados de la detención, pasando por agentes ministeriales y defensores, así como los diversos juzgadores ante quienes avanzó el proceso penal hasta llegar al juicio oral.
Respecto al desarrollo del juicio, se mencionó que, una vez que se resolvió la situación de la imputada menor de edad, el resto de los imputados, Manuel de Jesús C. M. y Diana Alejandra V. V., obtuvieron una sentencia de 26 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
Las pruebas presentadas por la representación social indicaron que los imputados habrían asesinado a la víctima en el interior de un domicilio en el suroriente de la ciudad, para posteriormente envolverla en una cobija y tirar su cuerpo en un terreno baldío.
Los imputados cumplirán sus penas en el Centro de Reinserción Social número 3.
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