El pasado viernes 2 de octubre, según información del Tribunal Superior de Justicia, la jueza de control del Tribunal Especializado de Justicia para Adolescentes, Karen Arteaga, ordenó la liberación de la menor de edad de iniciales L.A.G.R., imputada en el juicio oral 201/26, por el delito de homicidio calificado, luego de que se demostrara que, durante el proceso penal que se llevó en su contra, se omitiera tomar en cuenta su condición como menor de edad.
De acuerdo con el representante legal de la joven, licenciado Jesús Sariñana, desde el 29 de septiembre, se presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento un escrito en el que la víctima daba a conocer que, a lo largo de su detención y la presentación ante las autoridades judiciales, fue tratada como una adulta, violando sus derechos procesales y de defensa.
En el escrito, se exponía que dicha situación había ocurrido desde el momento de su detención por los hechos que se acusaban en su contra, ocurridos entre el 13 y 14 de enero de 2025.
Por lo anterior, solicitaba la liberación inmediata por parte de la jueza encargada del juicio oral, Alejandra Teresa Marín Romo.
De igual manera, al inicio del juicio oral, el defensor planteó el incidente procesal en el que informaba acerca del escrito y de las violaciones ocurridas en el proceso penal, resaltando que permaneció por más de 1 año y 9 meses al interior del Centro de Reinserción Femenil número 2, y no en un centro de detención para menores de edad.
Ante esta situación, se indicó que la jueza actuó de manera omisa, ya que solicitó un receso para “verificar la edad de la imputada”, mismo que se prolongó por más de 72 horas, hasta el viernes 2 de octubre, en el que finalmente declinó la competencia al Tribunal Especializado de Justicia para Adolescentes.
Debido a la urgencia del caso, la jueza Arteaga llamó a las partes a una audiencia que se llevó a cabo el mismo viernes, en la que, al revisar la situación, determinó que se habían violado los derechos procesales de la imputada.
Acordó con la perspectiva de la defensa, quien señaló que la jueza Marín Romo, así como el resto de partes involucradas en el proceso penal, había cometido irregularidades graves, tales como no revisar los datos personales de los acusados, tales como edad, religión o grupo étnico.
En su resolución, ordenó dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Chihuahua, para que investigue la probable comisión de violaciones graves a los derechos procesales de la menor de edad.
Respecto al desarrollo del juicio oral en contra del resto de los imputados, se informó que continuaría con normalidad, pese a la liberación de la menor de edad.
Además, se hizo mención que, según el currículum que la jueza Marín Romo compartió al momento que buscaba su candidatura como jueza penal en el Distrito Judicial Bravos, se presentaba como maestra en Derecho Penal, con especialidades en el Sistema Penal Acusatorio y Justicia para Adolescentes.
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