A 10 años de la detención arbitraria y tortura de Damián Gallardo Martínez, profesor de origen ayuujk y defensor de derechos de los pueblos indígenas y del acceso a la educación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado mexicano.
En el acto, realizado en Oaxaca, el funcionario reconoció que agentes públicos incumplieron con sus obligaciones y provocaron que el activista y su familia fueran objeto de violaciones graves a sus derechos humanos.
Encinas ofreció “una disculpa honesta, sincera y con convicción por los agravios, maltratos crueles y degradantes, por la falta de acceso a la justicia y por las afectaciones e impactos que tuvieron en su vida, familia y comunidad”.
Reconoció que los hechos contra Damián Gallardo Martínez, integrante de la sección 22 del magisterio disidente, forman parte de un patrón de criminalización de la protesta social, particularmente al magisterio oaxaqueño, por lo que el subsecretario afirmó que este acto es de la mayor trascendencia y marca un parteaguas en la historia del estado de Oaxaca.
“Venimos también con convicción a marcar un parteaguas de lo que fue los regímenes políticos represivos y autoritarios que durante mucho tiempo dominaron Oaxaca y el país para iniciar una ruta de construcción de un Estado, cuya responsabilidad fundamental sea respetar la dignidad de todas las personas y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos”, sostuvo.
El acto se llevó a cabo en el marco del cumplimiento al Dictamen del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en el que se ordena expresamente realizar una disculpa pública dirigida a Damián Gallardo y a su familia.
A partir del cumplimiento del dictamen, el Estado mexicano debe garantizar al profesor Gallardo y a su familia el pleno acceso a la justicia y reparación integral del daño, incluyendo la no repetición de la criminalización en contra de pueblos indígenas.
Alejandro Encinas indicó que este caso cuenta con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de la acción urgente de las relatorías de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, tortura, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación, así como con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y el dictamen del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés).
Asistieron el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos; y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Yuriria Rodríguez Estrada, así como la familia del profesor y su representante.
Asimismo, asistió la directora del Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, y el oficial de Derechos Humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos, y personas representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la CNDH.
Por parte del gobierno de Oaxaca asistió el consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Iván García Álvarez, así como el alcalde único constitucional de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca, Melitón Martínez Jiménez; y el comisariado de Bienes Comunales de dicho territorio, Juan Martínez Gómez.
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