Desde el principio, era objetivo de las organizaciones que representan a las víctimas del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) no solo que el comisionado, Francisco Garduño Yáñez, quedara fuera de la dependencia, sino que sea inhabilitado como servidor público.
Ciela Ávila, directora de Comunicación de la organización civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), indicó que aunque el funcionario vaya a dejar el INM a partir del primero de mayo, como informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no debe quedar exento de responsabilidades y sanciones.
“Por eso se han buscado las vías legales para que no solamente haya una destitución, lo que estamos buscando es justamente la inhabilitación, porque el delito por el cual se le está imputando no es un delito cualquiera, estamos hablando del ejercicio indebido del servicio público”, expuso.
Agregó que aunque ya no va a ser comisionado, tal vez va a estar en otro cargo público y eso genera la posibilidad de que vuelva a ocurrir algo similar.
Hizo la observación de que, en el caso de Garduño Yáñez, se vislumbra un caso de “justicia selectiva” porque, mientras el comisionado tenía todas las facilidades para poder buscar soluciones alternativas, el resto de funcionarios de menor nivel imputados por el incendio no cuentan con la misma oportunidad de defenderse.
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