Este medio día se lleva a cabo una reunión a puerta cerrada con una representación de la Secretaría de Gobernación Federal, manifestantes del bloqueo carretero y aduanero que hoy cumple cuatro días en el país, y la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, en la que se busca encontrar una solución al conflicto que ya afecta al estado de Chihuahua, tanto por los bloqueos en carreteras como por los cierres totales de cruces comerciales en los puentes internacionales de Ciudad Juárez.
Así lo informó este jueves el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mario Cepeda Lucero, al concluir una junta urgente convocada más temprano en la sede de la Asociación de Maquiladoras Index Juárez, del Paseo de la Victoria y Ejército Nacional.
Refirió que uno de los datos que se compartieron entre los representantes empresariales fue que en el lado de El Paso ya son cerca de 8 mil los camiones que están detenidos sin poder cruzar a Juárez para cumplir entregas de la industria.
Dijo que los paros técnicos que ya se están realizando en varias plantas asentadas en esta frontera van a significar una afectación directa en el poder adquisitivo de miles de familias y como consecuencia se va a detener la derrama económica propia de la temporada.
De acuerdo con Cepeda Lucero, la postura de Coparmex nacional y de todas sus representaciones en el país, es de apoyo a las causas que motivaron las protestas, por lo que implica para el sector primario el problema del agua, la falta de precios de garantía y de apoyos al campo, a los que se suma el problema de inseguridad y carreteras deterioradas que afectan a los transportistas.
Sin embargo, enfatizó que tampoco están de acuerdo en que, por estas causas, que son estructurales y reales, se termine por afectar a miles de familias en su movilidad y su economía, como es el caso de la franja fronteriza.
“Entiendo la desesperación de quienes están manifestándose, provocada por la falta de atención del gobierno federal, pero también hay que ser conscientes de las afectaciones”, remarcó.
En la reunión, realizada a partir de las ocho de la mañana en la sede de Index, participaron diversos organismos privados como la Asociación de Agentes Aduanales, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Desarrollo Económico, Competitividad Laboral y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), entre otros.
Refirió que este problema viene a sumarse a una situación de pérdida de competitividad que ha sufrido la frontera, y que en los últimos dos años ha significado la pérdida de dos de cada 10 empleos en la industria manufacturera de exportación.
En un reciente encuentro entre la South West Maquilla Association, la asociación civil Competitividad Laboral y la Coparmex, recibieron al secretario del Trabajo del Gobierno de México, Marath Bolaños junto con la titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), Altagracia Gómez.
Ahí volvieron a tocar el tema de la necesaria gradualidad en la implementación de la jornada laboral reducida, la revisión de las tablas de retención de ISR para asalariados y que el incremento al salario mínimo sea más pausado en la frontera.
Detectan afectaciones en un rango de 33 a 55 regiones y ciudades
En un comunicado emitido en las primeras horas de este jueves, Coparmex nacional advirtió que tenían detectadas afectaciones en 33 de 55 regiones y ciudades, cuyos centros empresariales participaron en un sondeo.
Hubo afectaciones directas en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas de lugares como Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas y Veracruz.
También en Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del Parral y regiones de San Luis Potosí y Guasave.
“Respaldamos las demandas planteadas por transportistas y productores agrícolas, quienes enfrentan diariamente robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones que ponen en riesgo su integridad y su patrimonio”, expuso el organismo en el posicionamiento enviado a medios.
Apuntó que el llamado de los manifestantes a contar con condiciones mínimas de seguridad para trabajar, es legítimo y “refleja una realidad que se ha normalizado a niveles inaceptables”.
Urgen respuestas del Gobierno Federal
Estos reclamos -añadió el texto- requieren respuestas inmediatas y coordinadas por parte de las autoridades.
“La gravedad del fenómeno exige acciones que garanticen seguridad en carreteras, rutas de carga y puntos logísticos, evitando que la ciudadanía y las actividades económicas sigan siendo rehenes de la violencia”, remarcó.
“La inseguridad en carreteras -agregó- no solo afecta al transporte de carga; compromete la operación de cadenas productivas, incrementa costos logísticos, deteriora la competitividad regional y coloca a México en desventaja frente a sus socios comerciales.
Precisó que, sin rutas seguras, no hay abastecimiento confiable, y sin abastecimiento confiable se frenan la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico.
A esto se suma la ausencia de instituciones financieras que realmente apoyen al campo, pues hoy no existen créditos adecuados para sembrar ni instrumentos que permitan a los productores sostener su actividad frente al incremento de costos y la volatilidad del mercado, detalló.
“Ninguna solución será sostenible sin una estrategia conjunta que atienda de raíz los factores que originan estos conflictos”, indicó.
Igualmente hicieron un llamado firme al Gobierno Federal, para ofrecer soluciones efectivas a la crisis que enfrentan productores agrícolas en distintos estados.
Particularmente por el precio pagado por la tonelada de maíz, el cual -precisaron- no cubre los costos necesarios para sostener la operación de los agronegocios.
Finalmente, el posicionamiento del sindicato patronal remarcó la urgencia de que las autoridades instalen una mesa nacional de diálogo, con participación de los sectores afectados y con una representación equilibrada de los estados donde la situación es más grave.
El objetivo es -remataron- establecer una comunicación efectiva que permita restablecer de inmediato la libre circulación en carreteras, sin criminalizar a quienes alzan la voz por condiciones dignas de seguridad.
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