En operativo conjunto, autoridades de los tres niveles de Gobierno desalojaron a los ocupantes de todo un campamento de migrantes extranjeros indocumentados que se habían instalado en la zona sur de la ciudad de Chihuahua.
De acuerdo con información proporcionada de manera extraoficial, la acción tuvo lugar durante la noche del sábado 18 de enero y continuó durante las primeras horas de la mañana.
El campamento, situado entre las vialidades Juan Pablo II y Francisco R. Almada, detrás de una tienda Oxxo, ha servido de albergue para cientos de migrantes extranjeros que llegan a Chihuahua con la intención de continuar su trayecto rumbo a ciudad Juárez y, después, hacia los Estados Unidos.
En las primeras horas de la mañana, un grupo de agentes de la Policía Municipal de Chihuahua habían acordonado ya el lugar para evitar que otros migrantes ingresaran a ocupar los cuartos de cartón, tela y láminas que aún quedaban en pie.
En el lugar se podían apreciar objetos tatemados y paredes ahumadas por un incendio que, según se informó de manera no oficial, ocurrió en el momento cuando iniciaba el operativo de desalojo.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado información detallada sobre los resultados del operativo, la cantidad de personas aseguradas y la nacionalidad de los mismos.
Vecinos del lugar comentaron que, por lo regular, eran personas procedentes de Venezuela los que se instalaban en ese campamento, aunque también se veían a otros de diversas nacionalidades.
Las autoridades participantes en las acciones trasladaron a las personas migrantes al gimnasio “Polideportivo” de la capital del estado, ubicado frente a las instalaciones de la Feria de Santa Rita.
De acuerdo con información extraoficial, se trató de una operación coordinada por el Instituto Nacional de Migración, que contó con el apoyo de la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal de Chihuahua.
Las versiones apuntan a que las personas de origen extranjero serán enviadas a su lugar de origen.
Sin embargo, el INM todavía no emite una información oficial al respecto.
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Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria
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