Por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 10 de mayo se publicó la sentencia contra el Estado Mexicano por el caso de Lilia Alejandra García Andrade.
La divulgación del documento, justo el Día de la Madre, es una forma de reivindicar a Alejandra y reivindicar su asesinato, señaló este lunes la mamá de la víctima, Norma Andrade.
Aun cuando ha sido bastante tarde, dijo, se empieza a ver justicia en su caso.
“La Corte consideró que la desaparición, violación y posterior feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, fueron por razones de género y estaban enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez”, establece el documento, disponible en internet.
Lilia Alejandra García Andrade fue violentada sexualmente y asesinada, entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de febrero de 2001.
Testigos presenciales del hecho llamaron a la Policía en dos ocasiones, pero los agentes policiacos llegaron cuando los agresores ya se habían ido, llevándose con ellos a la víctima que entonces tenía 17 años.
Una de las personas que vio lo que estaba ocurriendo, dijo a la Policía que aproximadamente a las 10:20 de la noche del lunes 19 de febrero de 2001, dentro de un vehículo marca Thunderbird, estaban atacando a una joven que ya estaba sin ropa.
El cuerpo de Lilia Alejandra fue localizado dos días después, el 21 de febrero de ese año, envuelto en con cobertor dentro de un terreno baldío, a 500 metros de donde se había hecho el primer reporte de la agresión.
La sentencia de la Corte confirmó que, durante varios años, entre 2002 y 2010, siendo gobernadores Patricio Martínez, José Reyes Baeza y César Duarte, la Fiscalía de Chihuahua no realizó ningún avance en las investigaciones.
Después que se dedicó a exigir justicia por el feminicidio de su hija, fundando la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade sufrió dos atentados.
Uno fue el 2 de diciembre de 2011 en Ciudad Juárez, donde recibió seis disparos de arma de fuego, y otro el 3 de febrero de 2012, donde un sujeto la apuñaló en el cuello, afuera de su nuevo domicilio en la ciudad de México.
Al hacer un recuento de los hechos por los que ha tenido que pasar durante todos estos años, Norma Andrade indicó que sí tiene mucho significado lo que la CIDH obligó a hacer al Estado.
“Para la familia y para mí, es muy significativo que el Estado reconozca que le falló a Alejandra, porque ella era una mamá; entonces que se haya publicado el Día de las Madres, para nosotros se está reconociendo lo que nuestras hijas valían”, expresó.
Aclaró que, a la fecha, el Estado no ha cumplido con la reparación material del daño, lo que significa que debe pagar diversas cantidades en dólares a las víctimas.
Sumas de 90 mil, 30 mil y 15 mil dólares deberán ser entregadas a ella y a otros familiares señalados como víctimas, de acuerdo al texto de la sentencia, consulado para esta nota.
Otras obligaciones que debe cumplir el Estado -dijo Andrade- implicarán más tiempo porque se trata de acciones que permitan medir el trabajo de las instituciones de justicia.
Para hacerlo, la Corte estableció un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de la sentencia, ocurrida en agosto de 2025.
Adicionalmente, se dio un plazo de un año, para que se revise la normatividad del Protocolo de Niñas, Niños y Adolescentes, así como para la creación de la figura legal de madres o padres buscadoras dentro del mecanismo de defensores, explicó.
Con todo y que la publicación de la sentencia significó una luz de esperanza para que se haga justicia, la hoy activista remarcó que el problema de la desaparición en México sigue vigente y aún muy lejos de erradicarse.
“Tenemos muchos casos de jóvenes desaparecidos, apenas ayer me contactó la madre de un joven que desapareció en Michoacán y quiere que le ayudemos”, relató.
Actualmente, Andrade es coordinadora de Prevención del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, que preside Carla Michelle Salas.
Aunque el grupo tiene sede en la Ciudad de México, en Ciudad Juárez existe un coordinador que es el también activista José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, quien desapareció el 19 de mayo de 2009.
¿Qué le ordenó la Corte al Estado Mexicano?
1.- Continuar con las investigaciones y el proceso judicial sobre los hechos en contra de Lilia Alejandra García Andrade y el atentado sufrido por Norma Andrade en Ciudad Juárez, así como reabrir la investigación del atentado sufrido en Ciudad de México.
2.- Brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a familiares de la víctima.
3.- Realizar las publicaciones indicadas.
4.- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas.
5.- Realizar los diagnósticos normativos e institucionales en favor de una política integral en contra de la violencia de género y las desapariciones, así como mejorar la implementación y armonización del Protocolo Alba y tomar medidas en favor de la protección de infantes y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres y de madres de víctimas de feminicidio, además de mantener las medidas de seguridad en favor de Norma Andrade.
6.- Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y lucro cesante, además del reintegro de costos y gastos.
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