Alrededor de 300 personas ingresan a prisión cada día en México, cifra que ha provocado un rápido crecimiento de la población penitenciaria en el país; sin embargo, no indica que se abatió la impunidad o que se puso un alto a la violencia, publicó El Financiero.
Cuatro de cada 10 personas que se encuentran en prisión en México permanecen detenidas bajo la figura legal de prisión preventiva, de acuerdo con la activista Saskia Niño de Rivera.
“Si bien ese 40% de la población penitenciaria no está privada de su libertad bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, sí es una “muestra del abuso de este recurso” por parte de las autoridades”, explica la activista en medio de una polémica nacional.
Mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.
Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables.
El propio proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales, que plantea declarar inconstitucional esta medida de oficio, señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay casos en los que algunos imputados han permanecido hasta 17 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia. Un ejemplo es el de Israel Vallarta, uno de los presuntos implicados en el caso Florence Cassez, quien está en prisión preventiva y sin sentencia desde 2005.
Diego Valadés, exprocurador general de la República, aseguró a El Financiero que el problema no son los agentes del Ministerio Público o los jueces, sino que el conflicto radica en que las instituciones de justicia no tienen capacidad para atender “tantas solicitudes” al día.
“Lo que pasa es que el número de agentes del Ministerio Público con relación al número de delitos que se cometen en el país, y son denunciados, no tienen proporción.
“Es materialmente imposible exigirles que tengan otro tipo de resultados si el Estado mismo los mantiene en condiciones de enorme desventaja y, por eso, cuando se les acusa, pues se les acusa de manera injustificada”, detalló en entrevista con periódico de circulación nacional.
La propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa estuvo en el centro de un nuevo choque entre Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial. El presidente no ve con buenos ojos que se declare inconstitucional utilizar el encarcelamiento para evitar el riesgo de fuga. “La esencia es que se busque impunidad y corrupción”, dijo el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa del pasado miércoles.
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