El sistema de rutas troncales y alimentadoras vive horas críticas en medio de su colapso financiero. A partir del lunes, el servicio podría modificarse de manera drástica debido a la falta de acuerdos y a un déficit que ya no puede sostenerse, le revelan a Norte Digital.
Desde el jueves, funcionarios de Transporte y concesionarios mantienen reuniones de hasta once horas para intentar salvar el sistema antes de que sea suspendido parcial o totalmente. Ambas partes buscan opciones contrarreloj para evitar una parálisis mayor del servicio.
Es un hecho: el nuevo sistema de transporte de la ciudad está colapsado. Y la próxima semana podría detonarse un problema de movilidad —y político— muy fuerte en Juárez, advirtió uno de los representantes empresariales que se reunió con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar para informarle de la gravedad del escenario.
Los concesionarios de Grupo Ceiba y Lazos Cinco Puntos programaron reuniones extraordinarias durante todo el fin de semana con el fin de generar alternativas y sostener el servicio con el consenso de las autoridades, intentando afectar lo menos posible a los usuarios.
En una medida desesperada por revertir la caída del recaudo —pues alrededor de la mitad de los pasajeros evade el pago— la oficina de Transporte exigió a los concesionarios que responsabilicen a sus choferes de garantizar que los usuarios paguen.
“Ya no nos alcanza. Contractualmente, del 100 por ciento que cobrábamos por nuestros servicios a la ruta troncal por kilómetros recorridos, nos rebajaron alrededor del 40 por ciento. Hemos subsidiado las pérdidas con lo que deberían ser nuestras ganancias, pero los números ya no nos dan”, dijo uno de los socios bajo condición de anonimato.
En la última reunión con Armando Herrerías, director de Transporte en la Zona Norte, los concesionarios demostraron que están perdiendo 30 por ciento más de lo que invierten, lo que los coloca en una situación insostenible. Denunciaron que, en los hechos, están subsidiando las deficiencias del sistema, además de enfrentar un riesgo creciente de que miles de usuarios pierdan su derecho a la movilidad.
El pasado jueves 20 de noviembre, en una junta de once horas, Herrerías rechazó la petición de los concesionarios para que se les pague por kilómetro recorrido conforme al contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Según los representantes de las empresas —que evalúan medidas drásticas en las próximas horas— las autoridades pretenden pagarles con deducciones del 10 por ciento por mantenimiento de unidades y otros costos operativos. Aseguran que, mediante una fórmula matemática, se dispersa la bolsa de recursos de un sistema ya debilitado financieramente.
También exigieron transparencia en el manejo del Juárez Bus, administrado desde la capital por la Operadora de Transporte ViveBús Chihuahua S.A. (OTV). Lamentaron que no pueden verificar los montos de las deducciones, a las que calificaron como injustificadas, unilaterales, opacas y arbitrarias.
Además de rechazar el pago por kilómetro, el director de Transporte se opuso a que una tercera persona fungiera como mediadora neutral en la mesa de negociaciones, pese a la falta de avances para alcanzar acuerdos.
“La intención es quebrar a las empresas, y va a haber un problema fuerte”, advirtieron los concesionarios, ante un escenario que podría emerger en las próximas horas con consecuencias directas para miles de juarenses que habían recibido el nuevo sistema integrado como una oportunidad de mejora en su calidad de vida.
La continuidad del servicio pende de un hilo. Todo depende de los acuerdos que autoridades y concesionarios logren en la mesa de negociación que permanece abierta. De no resolverse, trascendió que sólo la mitad de las unidades saldría a ruta, se reducirían corridas en horas pico e incluso habría días sin servicio, aplicados de manera escalonada.
Los puntos que mantienen al sistema en crisis
- Alrededor de la mitad de los usuarios no paga el servicio del Sistema Integrado de Transporte Juárez Bus.
- La crisis de recursos ha impactado negativamente los ingresos de la Operadora de Transporte ViveBús Chihuahua S.A. (OTV), que opera el sistema desde la capital del estado.
- En rutas alimentadoras también se reportan altos niveles de evasión.
- Autoridades y transportistas reconocen corresponsabilidad en el descontrol y se dijeron dispuestos a colaborar para resolver la problemática.
- Transporte del Estado ha despedido a guardias de seguridad y consignado a personal que facilita estas prácticas; las empresas han despedido choferes y retirado licencias.
- Las autoridades piden que los choferes obliguen al pago, pero los concesionarios consideran que es un problema complejo que no puede recaer en ellos.
- Los concesionarios reclaman que, por contrato, deben cobrar sus servicios por kilómetro recorrido.
- Critican el manejo opaco de los recursos y desconocen el destino del dinero recaudado.
- Exigen transparencia y socialización de la información, así como la descentralización de decisiones, actualmente concentradas en Chihuahua.
- Señalan que no se ha fundado el fideicomiso que daría soporte financiero al sistema ni existe un ente de fiscalización y vigilancia.
- Sectores empresariales y organizaciones civiles han exigido que el proyecto transite hacia mejores prácticas y gestiones que han demostrado ser exitosas y humanas.
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