Por un monto 83 millones 978 mil pesos, el Gobierno Municipal adjudicó 40 contratos para el pago de la prestación de servicios de publicidad y difusión a favor de medios de comunicación, empresas publicitarias y comunicadores de esta ciudad.
Recientemente la Sindicatura Municipal formuló observaciones sobre aparentes irregularidades en las que funcionarios de la administración independiente habrían incurrido.
El organismo de fiscalización dio cuenta que el 11 y 12 de febrero de 2019, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, presidido por el oficial mayor Manuel Ortega, en representación del presidente, determinó la contratación de dichos servicios mediante el proceso de adjudicación directa.
Entre las empresas y montos adjudicados se encuentran la oferta de servicios de Intermedia de Juárez S.A. de C.V., propiedad de la familia del alcalde Armando Cabada Alvídrez a quien el Cabildo, por mayoría de votos, los “excusó” de participar en el proceso de contratación para evadir la aplicación de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos del Estado, por lo que en su lugar, tras la autorización del Comité de Adquisiciones, el regidor Carlos Ponce Torres es quien signaría los contratos con la empresa televisora para que el presidente no incurra en la falta de conflicto de intereses.
El comité autorizó la contratación de los servicios de Intermedia por un monto de 11 millones 050 mil pesos.
La Sindicatura sostuvo sus observaciones en el sentido de que este contrato es nulo, toda vez que según diversas disposiciones normativas, el presidente municipal no puede transferir sus facultades para que un regidor firme los asuntos de negocios entre la administración pública municipal y sus proveedores, conforme al 29 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.
“La autorización de un regidor para analizar o en su caso formalizar los contratos celebrados con dicha empresa, se realizó sin facultades para hacerlo, así como tampoco cuenta con facultades el presidente para delegar dicha función o el regidor para firmar contratos a nombre del Municipio. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el artículo 18 de la misma ley, el presente acto, así como el o los contratos que pretendan celebrar con dicha empresa serán nulos, previa determinación de la autoridad competente”.
La Sindicatura exhortó al Comité de Adquisiciones de abstenerse a autorizar la adjudicación directa con la empresa Intermedia de Juárez, S.A de C.V., en atención al mandato de la ley, aún cuando la empresa televisora ha recibido contratos de distintas administraciones, pero hoy, circunstancias legales y el parentesco del alcalde con su familia, la exponen a resultar afectada en la contratación de publicidad.
La decisión de Cabada que afecta a empresa familiar
El pasado 28 de febrero, la Coordinación de Comunicación Social del Municipio informó a NORTE de Ciudad Juárez, que el presidente Cabada declaró que finalmente se determinó cancelar la autorización del contrato con la empresa televisora, cuyos socios aparecen sus padres y su hermano como representante legal, el cual signaría en su lugar el regidor Ponce, autorizado por el Cabildo para “excusar” al presidente del conflicto de intereses y evitar futuros señalamientos de ilegalidad por conflicto de interés.
Previamente, la síndica Leticia Ortega, público que con respecto a la autorización para la contratación de los servicios de difusión del portal de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, también pudiera incurrirse en el supuesto legal que prohíbe a los entes públicos celebrar contratos con aquellos entes, organismos o asociaciones con los que se tenga un interés personal, familiar o de negocios, debido a que don Arnoldo Cabada de la O es el presidente de dicha asociación.
Como resultado del trabajo de fiscalización de la Sindicatura, se cuestionó la contratación directa de los servicios con Big Media, S.A. DE R.L. DE C.V., debido a que los beneficiaron con un descuento del 30 por ciento por concepto del pago de 26 licencias de funcionamiento del mismo número de anuncios espectaculares, no obstante que la empresa fue seleccionada justamente porque se aseguró que tenía solvencia financiera y técnica para garantizar los servicios solicitados por el Municipio.
La justificación del descuento en cuestión es porque supuestamente tenían problemas económicos.
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