Migrantes de varias nacionalidades, connacionales de otros estados, familias de agentes municipales y personas provenientes del norponiente, conformaron el fraccionamiento Eco 2000 a lo largo de 20 años de invasiones.
La propiedad la disputan un particular y una inmobiliaria en el Juzgado Segundo de lo Civil, desde hace más de 2 décadas.
El fraccionamiento es habitado por 3 mil 200 familias en un polígono que concentra 7 mil 262 habitantes. Es considerado como epicentro de la delincuencia en los mapas de calor delictivos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
El litigio Incluye un procedimiento de expropiación de la Federación para resolver el problema, que en 2017 la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvis) detuvo, con la garantía de aportar un pago para liberar la propiedad y resolver el problema. Nunca cumplió.
“En esta zona se da un problema muy complicado, que es la carencia de sentido de comunidad, provocado en parte por la inseguridad jurídica en la tenencia de sus departamentos”, dijo el antropólogo Omar Martínez.
Martínez, director de la asociación civil Acelere, comentó que los vecinos del lugar no disponen de ningún tipo de organización social. Esto provoca que resuelvan los programas comunes por separado.
Historia de invasiones en Eco 2000
“Un ejemplo es que cada familia habilita un tiradero de basura doméstica en cualquier lugar, formando focos insalubres en las áreas habitacionales”, indicó.
El activista social Jorge Muñoz dijo que a través de la oficina de la senadora Bertha Caraveo inició un censo de familias en el sector.
Indicó que la primera “oleada” de personas que ocupó de forma ilegal el desarrollo proviene del norponiente de la ciudad. Le siguen connacionales de Veracruz, Michoacán y Guerrero.
“A esa segunda oleada se sumaron varias familias de policías municipales, quienes vieron la oportunidad de tener una vivienda, debido a que por su profesión tiene dificultades para obtener créditos”, agregó.
La tercera oleada, la más reciente, se compone de familias de Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba.
Raúl Javalera Leal, el entonces titular de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), confirmó en 2016 a Norte Digital que la dependencia estatal llegó a un acuerdo con Infonavit para regularizar la tenencia de la vivienda.
El funcionario aseguró que Gobierno estatal aportaría una cantidad para liberar la propiedad. Sin embargo, no cumplió, conforme lo especifica el expediente que está en manos del juez, Jesús Alberto Rocha Vega.
Jorge Muñoz, quien es activista, dijo que ahora se intenta resolver el problema legal mediante un recurso de expropiación por utilidad pública. Esto, al tiempo que se ayuda a los vecinos en su organización.
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