En una misma jornada, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, enfrentó dos órdenes de aprehensión emitidas por distintas autoridades judiciales: la primera, ejecutada por la Fiscalía General del Estado (FGE), y la segunda, cumplimentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Ambos mandamientos judiciales fueron ejecutados este sábado 17 de octubre, en la ciudad de Chihuahua, según lo informado por las respectivas instituciones.
La primera orden fue ejecutada durante la mañana por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por delitos del fuero común relacionados con el desempeño del exfuncionario.
Horas después, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que la institución a su cargo también había cumplimentado una orden de aprehensión contra Jáuregui Moreno, esta vez otorgada por un juez federal.
Con ello, el exfiscal quedó sujeto a dos procedimientos penales de distinta competencia, derivados de investigaciones sobre su actuación al frente de la Fiscalía estatal.
La diferencia central es que la investigación local se refiere a posibles delitos cometidos en el ejercicio del servicio público, mientras que la federal aborda hechos presuntamente relacionados con la soberanía y la seguridad nacional.
La primera orden, por delitos del fuero común
La detención inicial ocurrió alrededor de las 10:20 de la mañana, cuando agentes estatales interceptaron a Jáuregui Moreno en el cruce de las avenidas La Cantera y Washington, en la capital del estado.
El mandamiento judicial fue expedido el viernes 16 de octubre por el juez Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
La resolución también comprende una orden de captura contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas, a quien adicionalmente se le atribuye el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
El encargado de despacho de la FGE, Gilberto Loya Chávez, confirmó la ejecución de la primera orden y señaló que la investigación estatal se concentró en posibles irregularidades en la cadena de mando y los protocolos aplicados durante un operativo antidrogas.
La segunda orden llegó desde la Federación
La confirmación de un segundo mandamiento judicial llegó mediante un mensaje público de Ernestina Godoy Ramos, quien informó que la FGR también había ejecutado una orden de aprehensión contra el exfiscal chihuahuense.
La funcionaria precisó que fue concedida por un juez federal, después de una investigación que comprendió más de cien diligencias.
A diferencia de la acusación estatal, la investigación de la FGR identificó hechos que, según Godoy, podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional, por haber permitido la intervención no autorizada de extranjeros en funciones reservadas a las autoridades federales.
En su mensaje, la titular de la FGR hizo una referencia expresa a la primera detención:
“Informo también, al Pueblo de México, que esta mañana la Fiscalía General de Chihuahua ejecutó otra orden de aprehensión, por diversos delitos del fuero local”.
Godoy subrayó que ambas instituciones han mantenido comunicación y coordinación desde el inicio de las investigaciones.
Dos órdenes, distintos delitos y competencias
Aunque ambos procedimientos tienen como antecedente el operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, las órdenes proceden de dos jurisdicciones y responden a investigaciones penales diferentes.
Mientras la justicia estatal deberá resolver las imputaciones relacionadas con el ejercicio de la función pública, en el ámbito federal se investigan posibles afectaciones a la soberanía nacional.
La existencia de las dos órdenes no representa una sentencia condenatoria ni determina por sí misma la responsabilidad penal del exfuncionario.
Por ahora, las autoridades no han precisado públicamente cómo se coordinará la puesta a disposición del exfiscal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes a ambos procedimientos.
La defensa de Jáuregui Moreno, encabezada por el abogado Guillermo Saucedo, ha cuestionado la legalidad de la detención y las condiciones en las que se ha desarrollado el procedimiento estatal.
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