Durante esta mañana, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) dio a conocer la inhabilitación de dos servidores públicos que trabajaban dentro del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (Fanvi), debido a la adjudicación ilegal de tres contratos en 2018.
Los dos servidores públicos fueron denunciados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) tras realizar investigaciones en las que se encontró que alrededor de 3 millones de pesos del fideicomiso fueron utilizados de forma indebida en la adquisición del servicio para la elaboración de exámenes de la vista y compra de lentes para beneficiarios del fondo.
Si bien, se resaltó que gracias al programa se benefició a hijos de víctimas por la violencia que se vive en el país, mayormente hijos de policías caídos, la ASE encontró
irregularidades tanto en la adjudicación de contratos, como en costos con sobreprecio, que dieron origen a denuncias por parte de la ASE tanto en el TEJA como en la Fiscalía Anticorrupción.
El Tribunal determinó que los sancionados, de iniciales H.E.C.P. y B.R.P., incurrieron en abuso de funciones al intervenir en la elaboración de los dictámenes de excepción para evitar la licitación pública que, debido al monto, debía hacerse para la contratación del servicio.
Trascendió que las personas morales y empresas beneficiadas, así como los montos, fueron los siguientes: Ricardo Humberto Márquez Jasso, Grupo Ruland, S.A. DE C.V. y Bari Negocios, S. DE R.L. DE C.V., por las cantidades de 1 millón 73 mil pesos; 1 millón 57 mil pesos y 1 millón 62 mil pesos, respectivamente.
Resaltó que ninguno de los proveedores, aunque se encuentran registrados en el padrón del Gobierno del Estado, no están especializados en Optometría. Además, también realizaron un sobreprecio en la venta de los lentes, debido a que, de acuerdo con cálculos de la ASE, cada par de anteojos costaría 6 mil pesos.
Con todo lo anterior, la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, a cargo del magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, determinó la sanción que impide a los inculpados desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de un año.
Asimismo, el TEJA informó que los sancionados todavía continúan siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por la posible responsabilidad penal en los actos anteriormente descritos.
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