Vianey Esmeralda “N”, la madre del niño Eithan Daniel, optaría por el procedimiento abreviado, en el proceso penal que se le sigue por los delitos de homicidio agravado y manejo inadecuado de cadáveres.

Poca cosa: se le someterá a juicio por uno de los delitos que mayor penalidad contempla la legislación vigente, como es el homicidio y, por si fuera poco, el manejo inadecuado de cadáveres, que resultó de haber abandonado el cuerpo de su pequeño hijo a la vera del camino, casi en el despoblado.

La procesada está prácticamente confesa del delito, pues ya ha admitido que descuidó a su hijo y que no lo quería. Tampoco hay manera de defenderse del manejo que hizo del cadáver del niño de año y medio de edad, al que transportó de un lado a otro dentro de un costal hasta llevarlo al lugar donde lo arrojó.

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Según fuentes cercanas al caso, la hasta ahora presunta homicida se acogerá al “beneficio” del procedimiento abreviado, según el cual, la persona juzgada acuerda con la parte acusadora aceptar su culpa, a cambio de recibir una condena menor u otras consideraciones contempladas en la ley.

Es por eso que, en los corrillos de la Fiscalía General Zona Norte, al igual que en los juzgados penales de Juárez, circula la versión, con mucha fuerza, de que la mala madre del año aceptará su culpa y, de ahí, a pasar gran parte de lo que queda de vida en prisión.

El detalle para Vianey es que, conforme avanzan las indagatorias, no son pocos los que anticipan que la madre del niño podría acogerse a este mecanismo, que implica aceptar responsabilidad a cambio de una reducción de la pena y evitar el juicio oral.

Para quienes no entendemos del lenguaje abogadil y leguleyo, se trata de una sentencia rápida, castigo menor y carpetazo judicial sin desfile de testigos ni exposición prolongada del caso.

Eso de “menor” está por verse, porque, según enterados del tema, no se salvaría de unos 40 años de prisión.

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El escenario no es menor. La conmoción social generada por la muerte del menor ha sido profunda, particularmente en Ciudad Juárez, donde el enojo ciudadano ha escalado incluso a llamados a que los padres del niño fueran entregados a internos del Cereso para que hicieran “justicia” por mano propia.

El “borrego” cobró tanta fuerza que el propio secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, salió a advertir que el Estado no permitirá actos de venganza.

Pero si la indignación social ya está al rojo vivo, un procedimiento abreviado podría echarle gasolina al fuego.

Aunque jurídicamente válido, el abreviado suele ser mal recibido cuando se aplica en casos de alto impacto. La razón es sencilla: para la opinión pública, suena a negociación de penas; para las víctimas, a justicia incompleta; y para los políticos, a costo mediático.

Además, el abreviado cerraría la puerta a un juicio oral donde se ventilarían detalles del caso, responsabilidades y posibles omisiones. Y eso, en asuntos que han sacudido a la sociedad, rara vez resulta cómodo.

El cálculo no es solo jurídico, sino que pasa por la ruta de lo político, lo social y lo humano. Una sentencia rápida podría desactivar el tema antes de que escale más, pero también podría provocar una reacción social si la pena se percibe como insuficiente.

Por lo pronto, el expediente sigue su curso, pero en los corrillos judiciales ya hacen cuentas: si la Fiscalía tiene elementos sólidos y la defensa busca acotar daños, el abreviado aparece como ruta probable.

Y entonces vendrá la pregunta inevitable: ¿justicia pronta… o justicia en “barata”?

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El domingo 22 de marzo fue un día de indignación y dolor para “casi” todas las personas que tienen alguna relación con la atención a la infancia, porque se le dio el último adiós a Eithan Daniel, el pequeño de año y medio que sufrió violencia de diversa especie y cuyo cuerpo sin vida fue arrojado en el desierto.

Fue dolor para “casi” toda la gente que anda metida en el doloroso tema de la defensa de los derechos de la infancia, menos para Catalina Castillo, representante legal de la Red por los Derechos de la Infancia en Juárez.

¿Horas de angustia y dolor? ¡No, qué va! Ella andaba bailando a esas horas, más o menos al tiempo cuando el ataúd con los restos del pequeñito Eithan bajaba a su última morada.

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No es chisme, ni mucho menos, la propia Catalina se ocupó de hacer público su “bailongo” en redes sociales, donde subió sus fotos echando “dancing” en un acto de campaña al que asistieron los senadores Gerardo Fernández Noroña, Manuel Huerta y el de casa, Juan Carlos Loera de la Rosa.

En las fotos de su muro se le puede ver cantando y bailando con la Internacional Sonora Skandalo. Ahí sí que “Ábranle una rueda a Cata, porque pronto va a bailar…”, como dice la popular cumbia de los años setentas.

Nada de malo hay en soltar la alegría mexicana en un domingo, pero eso de estar enfiestado el día en que sepultan a una víctima de año y medio, en lo que ha sido uno de los casos más indignantes y desgarradores de lo que va del año, como que no casca.

Ahí que Cata perdió el paso, el ritmo y hasta la sentaron al final de la tanda.

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Ahora que, para ser justos, que la activista —cara de la Red de los Derechos de la Infancia— anduviera en un acto de baile-campaña no es la única señal de abandono en la defensa de las personas menores de edad, los más vulnerables de esta sociedad que parece que nunca nos llenará la capacidad de asombro.

La muerte del pequeño Eithan Daniel no sólo exhibe una tragedia familiar. También desnuda una burocracia completa dedicada —en teoría— a proteger a la niñez… pero que en la práctica llegó cuando ya no había nada que proteger.

Porque, la verdad, instituciones sobran. Lo que faltan son acciones sustantivas.

Hay Procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, una institución que tiene más nombres que resultados: el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Luego, hay un DIF nacional, otro estatal y uno por cada municipio. Para ser exactos, tenemos 69 DIF, y ninguno evitó la desgracia de Eithan.

Hay Comisiones de Derechos Humanos: una nacional, otra estatal y decenas de organismos de la sociedad civil que llevan el mismo nombre.

¿Más todavía? Ahí va: contamos con Fiscalías especializadas, Secretarías con programas sociales, protocolos, campañas… y, sobre todo, discursos en favor del “interés superior de la niñez”.

Todo ese enorme aparato burocrático no pudo detectar a un bebé que lloraba todo el día y que sufría una violencia despiadada dentro de su propia familia.

Cierto, doña Cata andaba echándole “candela” al baile, pero no es la única. Tal vez los otros organismos no se la pasaron rete suave este fin de semana, pero de que se les debe caer la cara de vergüenza, eso que ni qué.

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Después de la sacudida al Poder Judicial que dejó la reforma con todo y voto popular, el Tribunal Superior de Justicia del Estado se convirtió en bolsa de trabajo para el PAN estatal y municipal.

La reforma promovida a nivel nacional por la 4T no únicamente derivó en jueces y juezas del acordeón y en una más descarada politización de la justicia, sino que también significó un reacomodo en las estructuras y las nóminas oficiales, mediado por compromisos y afinidades partidistas.

A Mirone le comentaron algunos nombres que sirven de ejemplo, respecto a cómo desde las dirigencias del PAN, tanto a nivel estatal como municipal, se operó para colgar perfiles afines al presupuesto público del Poder Judicial.

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El caso más sonado a nivel Juárez es el de la hija de la diputada local, Xóchitl Contreras, quien este año se estrenó como administradora del Tribunal en Juárez. Hablamos de Briseida Corona Contreras.

Hay otro caso bastante emblemático: el exsecretario general del Comité Municipal del PAN, Alberto Vela, quien tuvo ese cargo en la gestión de Xóchitl Contreras, y que incluso llegó a la presidencia del Comité cuando ella solicitó licencia para contender en 2024.

Vela se hizo a un lado para que asumiera la presidencia Gabriel García y había quedado sin jugada política ni cargo en el Gobierno… hasta que fue llamado al Poder Judicial, donde le dieron plaza de actuario.

Hermes Chacón, otro conocido panista, también encontró cobijo en la Central de Actuarios y en la nómina del Poder Judicial. En otra trinchera, Atenas Villalobos también brincó al Poder Judicial, usando como trampolín al PAN.

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Otras figuras azules ya estaban dentro, pero fueron colocadas en mejores posiciones. Tal es el caso de Daniela Luévano, quien trabajaba en la Central de Actuarios y pasó a ser secretaria proyectista.

Así, entre reacomodos, nuevos ingresos y ascensos, el Poder Judicial terminó convertido en un espacio donde las afinidades políticas también pesan.

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Fuera de que Santiago De la Peña ya levantó la mano como externo o figura ciudadana para la alcaldía de Chihuahua, en el tema de la gubernatura todavía no hay claridad sobre quién se aventará el tiro.

La cosa no está sencilla para nadie. Sobre todo porque ya hay quien lleva ventaja, camino recorrido y posicionamiento, lo suficiente como para que no cualquiera llegue a alcanzarlo… y menos a tumbarlo.

Nos referimos, desde luego, al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, quien después de dos periodos en la alcaldía y de una estrategia de recorrer municipios, tejer alianzas y promover abiertamente su proyecto, aparece arriba en prácticamente todas las encuestas conocidas.

Hoy por hoy, es la carta más visible del PAN para la gubernatura.

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En la conferencia de este lunes, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, fue cuestionada sobre posibles perfiles ciudadanos. No soltó nombres, pero dejó claro que hay al menos dos en la baraja.

Mirone ya tenía el dato: los perfiles que ha considerado el PAN son Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, y el activista mormón de Galeana, Julián LeBarón.

Bustillos ya ha dicho que le interesa la candidatura, aunque todavía no toma una decisión definitiva.

LeBarón, por su parte, camina su propio proyecto como independiente, pero no se descarta que valore la opción panista ahora que el partido abrió la puerta a candidaturas ciudadanas.

Pero más allá de los externos, adentro ya se están acomodando las piezas.

En la mesa están listos, al menos, tres perfiles que acompañarán el proceso:
Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal; Jesús Valenciano, alcalde de Delicias; y la propia Daniela Álvarez, dirigente estatal.

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Tras su regreso de la sesión del Comité Ejecutivo Nacional y del mensaje del dirigente nacional, Jorge Romero, los panistas locales quedaron alineados con la estrategia: apertura total y método de encuestas.

Ya lo dijo Daniela Álvarez: no habrá convenciones ni asambleas para decidir, tampoco candidaturas por consenso.

El camino será otro: medición, competencia y apertura. Pero una cosa es abrir la puerta y otra muy distinta es que alguien quiera cruzarla.

Porque si la gubernatura se ve cuesta arriba, en las alcaldías el panorama tampoco pinta sencillo. En plazas como Ciudad Juárez, donde Morena ha arrasado elección tras elección, no abundan precisamente los que levanten la mano.

A ver quién se anima.