La verdad y la justicia deben prevalecer en el trágico caso de Dylan Nahúm Gutiérrez Saucedo, el joven de 17 años que murió después de una sesión de entrenamiento de boxeo con sparring.

La Fiscalía General del Estado no ha aclarado si hay o no elementos para buscar la acción penal en contra de quienes pudieron haber actuado negligentemente o no procuraron la atención médica oportuna que el joven requería para salvar su vida.

Lo que se ha conocido por testimonios que compañeros de Dylan Nahúm compartieron con la madre del joven, es que el estudiante estuvo dos horas en el gimnasio Oasis GYM, sin ser revisado por un médico, luego de que habría sido noqueado en una práctica de sparring, frente al profesor de boxeo, Manuel Fernando Silva.

Cuando finalmente fue llevado al hospital, llegó en condiciones graves y ahí perdió la vida. Una verdadera tragedia que enlutó a su familia y generó consternación e indignación en la comunidad deportiva y en general en la sociedad fronteriza.

Su madre Irlanda clama justicia. Reclama que aquellos que pudieron salvarle la vida no hicieron nada para auxiliarle y los juarenses se solidarizan y piden conocer toda la verdad sobre los hechos. Dylan fue hospitalizado el 29 de mayo y perdió la batalla con la muerte el 11 de junio.

Irlanda afirma que ni siquiera fue avisada a tiempo de lo ocurrido en el gimnasio y se enteró hasta que Dylan era atendido por los médicos en terapia intensiva. Sus compañeros de gimnasio le platicaron a Irlanda que su hijo fue ignorado, prácticamente tratado como un bulto que se hizo a un lado para que en el gimnasio siguieran las rutinas de entrenamiento.

El entrenador conocido en el medio boxístico como “Picapiedra”, hizo pública una versión distinta. Afirmó que Dylan nunca fue noqueado, sino que fue ingresado al hospital por un caso de “deshidratación severa”, de acuerdo con los primeros médicos que lo atendieron.

Narró que el joven boxeó con otro compañero y en algún momento de la pelea, Dylan le pidió que le quitara la careta debido a que se sentía mal, ya que solamente había dormido dos horas y tampoco había comido.

Aseguró que entonces decidió sacar a Dylan del gimnasio para que tomara aire, ya que el interior se encontraba “muy sofocado”. Luego se desvaneció y entonces lo llevaron a recibir atención médica a la Clínica Santa María.

Por las condiciones en que se encontraba, debía ser intubado, pero para ello se requería autorización de los padres, quienes, de acuerdo con el entrenador, no fueron localizados hasta después de varios intentos.

Lo que es evidente es que Dylan no recibió la atención que requería. Simplemente no debería de haber muerto. Por eso urge que se esclarezca la verdad y si hay alguna responsabilidad de quienes estaban a cargo del gimnasio, que se actúe en consecuencia.

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Uno de los efectos colaterales que dejó la pasada elección, en la que obtuvo la reelección Cruz Pérez Cuéllar, es que sus detractores prácticamente se apagaron y desistieron de seguir puchando para que, de alguna forma, el alcalde deje de hacer todo lo que le venga en gana con los recursos públicos.

Por lo visto, el triunfo del actual presidente municipal, desinfló las embestidas que comenzaron en septiembre de 2023, cuando algunos de sus acusadores pusieron manos a la obra y acudieron a interponer denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH).

A lo largo de los meses previos a los recientes comicios y utilizando diferentes plataformas, exigieron a la autoridad investigadora que atendiera los señalamientos por la presunta comisión de delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio ilegal del servicio público, así como el uso ilegal de atribuciones y facultades.

Estos actos presuntamente ilícitos se cometieron en casos como el famoso “Mochilagate”, la construcción de una casa de cambio en terrenos vedados de El Chamizal, la compra de miles de pruebas Covid-19 que no fueron utilizadas y otros.

Hasta ahora, lo único que resultó del cúmulo de 11 distintas denuncias, fue el aseguramiento de la casa de El Campestre, donde residía el alcalde Pérez Cuéllar, en una carpeta de investigación enderezada contra su exdirector de Regulación Comercial, Daniel Pando Morales.

Durante el último tercio del 2023 y de enero a mayo de este año varios actores emplazaron a la autoridad investigadora a que actuara ya que, argumentaron, fueron aportadas pruebas de que el presidente municipal procedió al margen de la ley, otorgando contratos o recursos de forma directa a programas o proveedores, o bajo esquemas que propician sobreprecios, como ocurrió con la rehabilitación de escuelas en “Cruzada por la Educación”.

Sin embargo, después de que el alcalde alcanzó la elección, las ganas por lograr que se castiguen las presuntas actuaciones ilegales que se han cometido en la presente administración municipal se achicaron.

Algunas versiones señalan que el fenómeno se debe a las amenazas y acciones que sufrieron los detractores al encarar los malos manejos en el Municipio y, ante el poder que ostenta Pérez Cuéllar, desarrollaron un lógico temor ya que ninguna autoridad les brindó el respaldo requerido.

Tanto regidores en el Cabildo de Juárez, como legisladores locales de oposición y particulares, parecen mucho menos interesados por continuar enfrentando las disposiciones tomadas en contra del interés público o en las que haya sospechas de corrupción.

Incluso la síndica, Esther Mejía Cruz, quien se tornó en una de sus más férreas críticas y en contrincante política de Pérez Cuéllar como candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, ya mejor prefiere dejar las cosas en paz.

Algunas de las personas que están en su entorno le comentaron a Mirone que la fiscalizadora del Ayuntamiento se encuentra totalmente decepcionada por la realidad que enfrenta ahora la Administración municipal y que ha dicho que ya no encenderá más cuetes porque, total, no pasa absolutamente nada.

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A propósito de la forma en que se hace y deshace en la ciudad con el aval del Ayuntamiento, sigue la preocupante autorización de más fraccionamientos en donde ahora se sufre por suministro de agua.

Eso ocurrió el fin de semana en la primera sesión de Cabildo del mes, cuando se votaron más proyectos inmobiliarios que sospechosamente llegan hasta el Ayuntamiento, con factibilidades firmadas por funcionarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Los nuevos desarrollos habitacionales se ubican enseguida de fraccionamientos donde ya es grave el desabasto de agua y en torno a una zona donde el propio presidente de la descentralizada, Sergio Nevárez ha declarado varios veces que no hay suficiencia presupuestal para garantizar nuevas fuentes de suministro. Es el llamado Sector 4.

Es contradictorio. No hay agua, pero no se niegan las factibilidades, ni para el sector residencial, menos para la industria que en aquella zona tiene su mayor crecimiento. Coincidentemente, entre más naves industriales se construyen, más se batalla con el suministro.

En el paquete de autorizaciones, pasaron los fraccionamientos Cerradas Katavia y Cerradas Vendanoba, uno al límite oriente de la Talamás Camandari y otro al final de la Santiago Troncoso. También se autorizó el Logistic Industrial Park, en la misma Talamás.

La historia no es muy diferente por el boom inmobiliario que no se detiene en la zona de Valle del Sol. Este mismo fin de semana varios fraccionamientos estuvieron reportando problemas de presión y suministro de agua. No terminan de resolverse los problemas de servicios públicos y de movilidad y conectividad vial, pero siguen autorizándose nuevos desarrollos.

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En el Congreso del Estado tendrán otra tarea antes de que concluya la actual Legislatura. Van a enderezar el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), con varias modificaciones a su ley orgánica.

Y como generalmente las fuerzas políticas quieren más espacios a la hora de pagar facturas y repartir privilegios, ya piensan en incrementar de tres a cinco las magistraturas. Al menos ese es el plan del coordinador de la mayoría panista, Alfredo Chávez, en alianza con el tricolor Omar Bazán.

Luego del ajuste se deberá trabajar en la elección de un nuevo presidente o nueva presidenta, después del escándalo que llevó a la salida de Mayra Aída Arróniz Ávila, a quien destituyó el Órgano de Control Interno por supuestas quejas de acoso laboral y mal uso de recursos públicos por un “autopréstamo” de 300 mil pesos.

Además de Arróniz, los otros dos magistrados son Gregorio Daniel Morales Luévano y Alejandro Tavares Calderón. Y como el primero había tenido que dejar antes la presidencia por otro problema interno, fue el segundo, Alejandro Tavares, el que se quedó a cargo.

Así que, por lo pronto, en la Comisión de Gobernación que preside el diputado Bazán, está por dictaminarse la propuesta de reforma al TEJA. Se espera que sea en un periodo extraordinario de sesiones cuando se vote en el Pleno, probablemente el 10 de julio.

Después vendrá, para agosto, la elección de las magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, aunque bien podría pensarse que el tema se atore por la reforma al Poder Judicial que a nivel federal es impulsada por la 4T.