Nada bien le fue al regidor de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Juárez, el doctor Víctor Manuel Talamantes, en la comida que los integrantes de su fracción tuvieron con el dirigente estatal, Gabriel Díaz.

En la comida-sesión realizada en el Shangri-La, Joob Quintín despertó de su letargo como dirigente local panista y se le fue a la yugular al médico blanquiazul, por el sospechoso silencio que ha guardado en relación a la cancelación del contrato a Poliplaza Médica y a la improvisación del centro comunitario Santiago Troncoso como centro de salud para atender a 25 mil derechohabientes del gobierno municipal.

El cuestionamiento al doctor Talamantes surge porque sus compañeros tienen la ligera sospecha, nada más ligera, de que está cabildeado y maiceado para que, como cabeza de la Comisión de Salud del Ayuntamiento, no se oponga a la rescisión del contrato con Poliplaza ni a la nueva contratación que se haga.

Hasta ahora, el médico no ha expresado una sola objeción, lo que ha robustecido la versión de que Talamantes catafixió su voto a cambio de un contrato para su clínica de maternidad de las Torres. De ahí supuestamente vendría su silencio y la tácita aceptación de que se contrate a quien sea, solo con la pequeña condición de que no lo dejen fuera de la jugada.

Al regidor Talamantes se le atoraron en el gaznate las sabrosas alitas del restaurante chino, cuando el mismo dirigente estatal, Gabo Díaz, le dijo que sus compañeros tienen razón en estar desconcertados con su pasiva actitud. Casi casi le dijo que lo que se ve no se pregunta.

Finalmente, el doctor aseguró, aunque nadie le creyó, que no tiene compromisos con nadie y que no lo van favorecer con ningún contrato, porque aún no sabe cuáles servicios médicos serán subrogados ni con cuál institución.

Por lo pronto, el calambre ya se lo pusieron y si acaso pensaba el doctor obtener una rebanada del dulce pastel que hasta ahora se ha comido Poliplaza, como que ya le quedó muy complicado, y como dice la canción, otra vez será.

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Hablando de  intereses y grillas políticas que se anteponen a la salud pública, en la clínica del IMSS ha escalado el conflicto que los directivos del instituto sostienen con los líderes sindicales, a quienes pretenden llevar a prisión después de las denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República, por falsificación de documentos oficiales.

La crisis en este conflicto, del que Mirone ha dado cuenta desde el año pasado, llega a su clímax cuando la pandemia sube a niveles peligrosos por la rapidez con la que están ocurriendo los contagios en personas que, incluso, han recibido las tres dosis de vacuna.

El tráfico de permisos falsos a personal sindicalizado, las licencias con fechas alteradas con goce de sueldo y la venta de decenas de incapacidades que no tenían justificación, fueron los elementos de prueba que el delegado del IMSS en el estado, Arturo Bonilla, hizo ante el órgano de control interno de la institución, que a su vez lo denunció ante la FGR.

Se dice que la Policía Federal ya tiene aseguradas las oficinas de los líderes sindicales y los consultorios de médicos que están involucrados en estas transas, pero no ha sido confirmado por los líderes de la Sección Octava del sindicato del IMSS.

En meses pasados, cuando el problema interno estalló, los dirigentes sindicales acusaron al delegado y a sus representantes en el hospital del desvío de fondos destinados a la compra de equipo para proteger a médicos y enfermeras de los contagios.

Si de por sí el servicio en el hospital fue deficiente y peligroso para los derechohabientes en la primera fase de la pandemia, por las carencias de equipo médico, de medicamentos, así como por el agotamiento del personal, ahora que andan como perros y gatos no podemos imaginar la prestación de un servicio siquiera cercano a uno digno y seguro para los pacientes que tengan la desgracia de caer en sus manos.

Esperamos que alguien venga a poner orden, para bien de los miles de derechohabientes que tienen miedo de ser atendidos por personal enchilado y gobernado por las vísceras.

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En momentos cruciales para el futuro del transporte público en Juárez, muchos de los actores de la complicada trama en las que se cruzan los negocios y el servicio público, han alzado la mano para no quedar fuera del juego y salir en la fotografía.

Ayer armó conferencia de prensa un grupo de transportistas que ya ganó la licitación para operar la segunda ruta troncal del transporte semimasivo (BRT-2) y que pretende participar en todo el Sistema Integrado de Transporte. El grupo no fue convocado el miércoles a la rueda de prensa oficial de cierre de filas por el tema de las restricciones sanitarias, pese a que en la actualidad mueven a miles de usuarios en sus unidades del sistema tradicional.

Así que, bajo el cobijo de Coparmex, organismo al que ya se afiliaron como empresas, salieron a decir que, si el Gobierno del Estado concluye las obras y da luz verde a su propuesta preoperativa, podrían empezar a rodar un bloque de 87 unidades desde mediados de febrero.

Las empresas son Lazo 5 Puntos (la que ganó la licitación del BRT-2) y Transportes Ceiba. En ambas, los zares transportistas mutaron sus rutas en Sociedades Anónimas de Capital Variable. También están la Unión de Concesionarios Juárez Aeropuerto S. de R. L. de C. V y Colectivos 1A  S. de R. L. de C. V.

En la conferencia estuvieron Alejandro Rascón, Christian Velázquez, Miguel Delgado Márquez y Guillermo Antonio Sánchez, como representantes de las nuevas empresas.

Por lo pronto, dicen tener ya listos dos camiones articulados, con capacidad de adquirir el paquete completo de articulados, midi o padrón, según los distintos tipos de unidades que se requieran. Propusieron también un sistema de 96 rutas a partir de 7 troncales, 14 pretroncales, 30 alimentadoras y 45 complementarias.

Lo que Mirone supo es que los nuevos empresarios transportistas quizá tengan que esperar mucho más tiempo para obtener definiciones. Por el lado del Gobierno del Estado es prioridad resolver el desastre heredado en la Primera Ruta Troncal o BRT-1.

El esquema financiero y operativo de plano tronó y el servicio para los usuarios está en su peor momento. Raúl Rodríguez, el mero mero de Intra, la operadora que maneja la troncal, ha hecho lo que le viene en gana, y el Fideicomiso que ordenaría todo simplemente resultó inservible.

Se supone que ahora sí vendrá ahí el ajuste de tuercas. Si no entran al redil los que hasta hoy no han dado el ancho o, de plano, han aprovechado el río revuelto con fines de corrupción, se quedarán fuera de la jugada para integrar todo a un solo Fideicomiso Maestro.

El caso es que en ese gremio andan muy nerviosos porque también se supo que, respecto al BRT-2, las autoridades no ven con buenos ojos a la totalidad de los nuevos empresarios que van por el Sistema Integrado. A lo mejor y cambian de jugadores. Por eso, ayer salieron a los medios de comunicación. Saben los transportistas que viene fuerte el estira y afloja y quieren garantizar su rebanada del pastel.

La conferencia se dio antes de una encerrona entre autoridades y los transportistas con intereses en todo el Sistema Integrado. Ya mañana lo comentará Mirone.

Esta historia seguirá dando para muchos capítulos y varias temporadas más. Nomás con que no se vaya el tiempo en puras reuniones, mientras los usuarios esperan que por fin el servicio mejore y acabe la pesadilla de las obras inconclusas por las principales avenidas de la ciudad.

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En política la forma no siempre es fondo, pero en el fondo todos saben que quien no entiende esas formas termina siendo un actor sin fondo. Así, algo ocurre al interior del delegado Juan Carlos Loera, que no logra detener el impulso de sus inquietas cavidades abdominales. 

La vacunación a docentes es una estrategia nacional que no necesita gestiones, escribió el miércoles en su cuenta de Twitter, en alusión directa a un comunicado oficial que se envió desde el escritorio del expriista, exmorenista y ahora neopanista secretario de Educación, Javier González Mocken.

Fue quizá este personaje, abogado con harta experiencia política, quien lanzó el anzuelo. “¡Ya picó!”, debió exclamar Mocken, al darse cuenta del tuit de Juan Carlos. La “carnada” del exalcalde fue precisamente este comunicado sobre la vacunación a docentes en el que afirmó que la vacunación con el biológico Moderna se derivó de “gestiones realizadas por la gobernadora de Chihuahua”.

Caló hondo la afirmación en el representante del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, que no tardó más que unas horas en salir a defender su postura:

“La vacunación a #docentes es una estrategia nacional que no necesita de gestiones. En #Chihuahua más de 65 mil maestras y maestros recibirán el refuerzo como ya lo anunció el presidente @lopezobrador_”, escribió Loera.

Este Mirone no entiende por qué ciertos actores políticos están más preocupados en los aplausos y en los reconocimientos que en el cumplimiento del servicio público que les ha sido encomendado. Si la vacuna Moderna llegará a miles de maestros la semana entrante, ¿a quién le importa si fue gestión de Maru o decisión de AMLO?

En todo caso, ambos son gobernantes y tienen la OBLIGACIÓN de atender el tema con la mayor eficacia posible. La sociedad está atemorizada por las nuevas variantes del coronavirus y lo que menos quiere es que quienes están al frente de las instituciones mantengan un discurso de confrontación.

Tal parece que ni Loera ni Mocken han entendido que los discursos polarizantes no benefician a nadie.

¿Qué pensará la gobernadora de este tipo de entuertos, mientras se recupera del contagio del bicho que la mantiene en casa desde el fin de semana?

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Lamentable el fallecimiento de la señora madre de la regidora morenista María Dolores Adame Alvarado, quien tras ser atendida en el centro comunitario Santiago Troncoso por contagio de Covid-19, se agravó y fue internada en el hospital de Poliplaza, donde falleció el día 6 de este mes.

El sensible desenlace de la madre de un miembro del Cabildo se da precisamente en los momentos en que se cuestiona la funcionalidad de este centro comunitario como clínica para los empleados municipales y sus familias.

Independientemente de quién tenga la razón entre los actores políticos que participan en estos jaloneos, se trata de la salud de miles de personas lo que está en juego, por decisiones que no se toman o por intereses que no se anulan, mientras que el peligro de la pandemia sigue aumentando y cobrando vidas.

Por lo pronto, vaya nuestro sincero pésame para la regidora Adame y su familia por el difícil trance en que se encuentran.