Dentro del PAN a nivel nacional se está gestando un movimiento para acabar con las mafias que se han apoderado del partido en los diversos comités estatales y municipales. Se trata del movimiento Humanismo y Democracia en Acción que busca recuperar la identidad de Acción Nacional.

El movimiento lo integran más de mil militantes del país, entre los que destacan los juarenses Carlos Angulo Parra, exdiputado federal; Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; David Rodríguez Torres, exdiputado federal; la actual directora general de los Colegios de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), Teresa Ortuño, y muchos más.

El grupo emitió un manifiesto a través del cual exponen que es indispensable que el PAN recobre su vitalidad interna con el fin de presentar alternativas innovadoras, coherentes, con programas viables que resuelvan las necesidades de la sociedad mexicana.

Urgen a que el PAN recupere su identidad como instrumento al servicio de la sociedad ante un Gobierno federal autoritario que según ellos representa el retroceso, el despilfarro y la degradación de las instituciones públicas y que amenaza la vida democrática y la estabilidad de la República.

El manifiesto se signó por todos los inconformes preocupados por el rumbo que ha tomado Acción Nacional en los años recientes, en donde las mafias empoderadas en el partido han provocado que pierda adhesiones.

El documento se entregó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a los comités estatales y municipios de todo el país. Destacan que no se puede combatir el centralismo y la arbitrariedad del actual Gobierno federal, anulando al interior de Acción Nacional la vida democrática, la transparencia y la rendición de cuentas.

Los que integran el movimiento consideran que el momento actual demanda congruencia entre lo que se le exige al Gobierno y lo que se vive en el interior del partido.

Ante ese panorama piden al CEN establezca una comisión especial para la revisión del padrón de cara a la renovación de la Presidencia del Comité Nacional, y en el proceso de organización, la realización de una asamblea nacional para la reestructuración de ese partido.

Demandan además que la próxima sesión de Consejo se discutan temas como el rumbo que está llevando la institución, sobre las acusaciones de corrupción de algunos de sus servidores públicos y sobre el desempeño de sus dirigentes locales y nacionales.

Exigen que se lleve a cabo una auditoría puntual, satisfactoria y confiable del padrón del PAN. Según afirman, en tanto no ocurra el partido no estará en condiciones objetivas de llevar a cabo la renovación de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

También solicitan la realización de una consulta real, no solo entre los diputados federales que integrarán la próxima legislatura, sino en otros órganos del partido con la calidad para hacerlo, en relación con la designación del coordinador del grupo parlamentario de la Cámara de Diputados.

Consideran que esa responsabilidad solo puede descansar en personas de acreditada solvencia moral, incuestionable reputación y fama pública, que además cuenten con las capacidades que tal posición exige.

El movimiento ya empezó a hacer ruido entre los panistas de todo el país después de que la semana pasada los representantes del movimiento, entre los que destaca el juarense Carlos Angulo Parra, entregaron el manifiesto al secretario general del PAN, Héctor Larios, y seguramente dará de mucho que hablar en los próximos días.

Otra de las causas que dieron origen a este manifiesto es también, sin duda, el peligro del PAN a perder el registro por estar muy cerca del mínimo de militantes que la ley exige para mantenerse en la jugada política.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene todo listo para la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto, con el fin de llevar o no a juicio a los expresidentes de México.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Siempre hay un prietito en el arroz y esto representa la falta de promoción de la encuesta para lograr la participación directa de la ciudadanía en el ejercicio de democracia participativa. Hasta hoy muchos mexicanos desconocen detalles de la consulta popular.

Ante ese panorama el INE y la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (Aieef) y los organismos públicos locales (OPL) acordaron sumar esfuerzos para echarle toda la carne a al asador y arrancar una intensa campaña para darle vuelo a la encuesta en medios y redes sociales.

El panorama no pinta nada halagador para la participación directa de los ciudadanos y se visualiza una baja colaboración para asistir a las mesas receptoras de votos.

En Chihuahua solo se han involucrado algunos cuantos para apoyar la participación, entre los que destaca el excandidato a la gubernatura de Morena Juan Carlos Loera de la Rosa y unos cuantos de sus allegados.

Aquí en Juárez la meta es alcanzar una participación de 150 mil ciudadanos, pero algunos más realistas consideran que el número de votantes será entre 60 mil y 70 mil juarenses, principalmente en las colonias populares en donde tiene fuerte presencia Morena.

La participación de la ciudadanía en colonias de un nivel socioeconómico medio, medio alto y alto será escasa, ya que no ven con buenos ojos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Esta semana que inicia, los regidores electos continuarán con el Taller de Fortalecimiento de Regidurías que lleva a cabo Regidor MX, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, como Ciudadanos por la Transparencia, Regidor 16 y Vigilancia Ciudadana.

El curso-taller tiene la finalidad de ofrecer a los futuros regidores herramientas para una gestión efectiva en el desarrollo de su encargo dentro del ayuntamiento.

En los cursos participan más de 300 regidores electos de decenas de municipios del país, entre los que destaca Ciudad Juárez con la intervención de los próximos ediles del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Los temas son variados, y van desde el marco normativo municipal, el Cabildo abierto, derechos humanos, planeación y presupuesto con participación ciudadana, hasta Gobiernos locales de calidad y Gobierno abierto.

Trascendió que los futuros regidores fronterizos andan muy motivados con los cursos que están tomando en línea, excepto el joven abogado Joob Quintín, quien no se inscribió para participar en la capacitación. Ha de ser un genio en gestión edilicia.

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Y los que también se están preparando rumbo a la implementación del Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez son más de 110 abogados de la localidad que llevan un diplomado sobre esta temática.

El Reglamento de Justicia Cívica ha sido muy cacareado por la actual administración municipal que encabeza Armando Cabada. De acuerdo con los tiempos legales, entraría en vigor a mediados del mes de agosto.

El proyecto del reglamento lo aprobó en septiembre de 2020 el Cabildo de Juárez y se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el pasado 10 de febrero del 2021. Entrará en vigor a los 180 días naturales de su publicación.

Ante la llegada del plazo fatal para la implementación del reglamento, en el Municipio de Juárez se ven lentos luego de que el ayuntamiento aprobó recursos para la creación de espacios adecuados para la implementación en la Academia de Policía, Vialidad y algunos distritos policiales.

Sin embargo, a los integrantes del Cabildo hasta ahora no les informaron sobre el avance del proyecto que ya agarró con los dedos en la puerta a los de la actual administración municipal para la contratación de personal y otros trabajos pendientes.

Los abogados que llevan el diplomado por lo pronto ven temas como objetivos y generalidades del sistema de justicia cívica, cultura de la legalidad, sistema acusatorio penal, derechos humanos y perspectiva de género, inclusión de personas en situación de vulnerabilidad.

El nuevo reglamento tiene como finalidad primordial crear y organizar un sistema de justicia cívica que regule el comportamiento de las personas que habiten o transiten en el territorio del municipio, fomentando un ambiente propicio para la sana convivencia, el respeto al entorno y la solución pacífica de conflictos, para evitar que estos escalen a conductas violentas o delitos.

Para la implementación del reglamento se requiere entre otras cosas adecuar el sistema con salas especiales, equipo para grabar las audiencias públicas, defensores cívicos, fiscal cívico y personal necesario para la aplicación de las nuevas disposiciones del orden reglamentario.