¿Para qué puede servir, cinco años después, un estudio sobre las elecciones de 2016 en el estado de Chihuahua, que sugiere que los votos fueron manipulados a favor de Javier Corral? La respuesta es simple, para nada que pueda resolver o castigar a los responsables, y mucho menos regresar el tiempo perdido al equipo derrotado.

A lo sumo puede servir como material académico a los que estudian ciencias políticas, solo para tenerlo como un referente más de las elecciones amañadas de México. Hasta los morenistas lo podrán poner como ejemplo de las elecciones sucias que realizaba el PRIAN, utilizando el poder de la Secretaría de Gobernación para decidir resultados.

También sirve para que los gurús de la política y los sesudos analistas de café satisfagan su insaciable morbo y puedan decir, a toro pasado: “se los dije, hubo mano negra en la elección”.

Podrá servir también de catarsis para Enrique Serrano, quien al ser abordado por varios medios sobre el estudio en el que participó su amigo, el doctor Samuel Schmidt, ha expuesto varias conjeturas de lo que se dijo y pasó en el 2016, antes y después de la elección.

Pero eso ya es historia, lo dijo el mismo Serrano, al tomar el caso como una confirmación de lo que, en su momento, se sospechó sobre la intervención de Gobernación a favor de Javier Corral, “para que la gente sepa que las cosas no siempre son como se ven”.

El estudio realizado por la Universidad de Texas en El Paso y denominado el Fraude Sistemático en México, revela que en dicha elección se habrían manipulado 177 mil votos a favor de Javier Corral.

Los científicos analizaron la cordura estadística de dichos votos, para llegar a la conclusión de que la mayoría de estas pruebas indican la existencia de anomalías estadísticas y, en consecuencia, ratifican la posibilidad de que se pudiera haber producido un fraude electoral en Chihuahua en 2016.

Actualmente ninguno de los actores que participaron en esa elección están vigentes en la política de la entidad. Enrique Serrano, el candidato perdedor, está dedicado a sus negocios particulares; Javier Corral, el ganador de la elección, recién terminó su fallido gobierno y tiene veladoras prendidas para que le den un hueso en el Gobierno federal, mientras que César Duarte, que gobernaba Chihuahua durante ese proceso, se encuentra detenido en una prisión de Miami.

El único que sigue en el poder político es el exsecretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio, a quien le cargan la travesura de la elección de Chihuahua y quien ahora, como senador de la república, ha sido señalado en el presunto desvío de 3 mil millones de pesos que ocurrió durante su paso por la Segob, a través de empresas fantasma ligadas a Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont; hechos en los que también se encuentran involucrados el “especialista en sistemas penitenciarios” Eduardo Guerrero y el exfiscal Jorge Nava López.

Ninguna de las reacciones que provoque ese estudio científico podrá cambiar la realidad de haber tenido como gobernador a uno de los mayores zánganos que ha parido la política mexicana, que dejó al estado en condiciones de desastre en materia de finanzas, salud, economía, obra pública y seguridad. De haberse conocido esto antes de que el paseño exgobernador terminara su mandato, hubiera hecho menos daño a Chihuahua. Lástima que no fue así. Ahora toca esperar su nuevo video para ver lo que tiene que decir en su descargo.

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¿Qué se propone el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro, con la desaparición de los consejos técnicos de la casa de estudios?
Su extraña iniciativa, comentada a los consejeros universitarios cuando habló de la reforma a la ley orgánica de la universidad que promueve, causó preocupación en los cuadros administrativos de las diferentes facultades.

Los consejeros técnicos de cada facultad intervienen en la planeación de su vida académica, en la evaluación del personal académico y de los alumnos. El Consejo Técnico está integrado por profesores y alumnos de cada una de las facultades.

De acuerdo con la ley orgánica que pretende reformar el rector, los directores de cada facultad, escuela o instituto deben convocar durante el mes de febrero de cada año a sesión de Claustro de maestros y alumnos, para hacer la designación de consejeros universitarios y técnicos.

La iniciativa debe ser enviada al Congreso del Estado durante el periodo ordinario de sesiones para su discusión, aprobación o rechazo. En las redes sociales de grupos universitarios la información causó inquietud, porque dicen que el rector pretende el control absoluto de la UACH para poder designar a su sucesor en el 2022, cuando termina su período.

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Propietarios de vehículos chocolate denunciaron ante Mirone que dirigentes de organizaciones que hacen padrones y venden placas de cartón para los autos no importados, pretenden cobrar una cuota por incluirlos en las listas del programa de regularización que, a partir de noviembre, comenzará el Gobierno federal en los estados fronterizos.

Las organizaciones «pafas», como se les conoce, han protegido por años, por decirlo de alguna manera, el patrimonio de miles de mexicanos que utilizan vehículos de procedencia extranjera sin regularizar.

Claro está que, dentro de esa simulación de protección, hacen un jugoso negocio levantando padrones de ciudadanos a los que les venden las placas de cartón que supuestamente los amparan, hasta que se topan con operativos de decomisos, de los cuales nadie los salva.

Ahora que el presidente de la república ha formalizado el programa de regularización de los chuecos, comenzando por el estado de Baja California, los dirigentes «pafos» se están apurando para contactar a todos sus automovilistas empadronados y leerles la cartilla.

Así lo denunciaron a este Mirone vecinos de las colonias Galeana, Satélite y Salvarcar, que buscan orientación sobre los puntos donde podrán acudir a gestionar la regularización de sus vehículos.

“Si el presidente dice que el trámite va a costar 2 mil 500 pesos y estos señores nos quieren cobrar 2 mil pesos más por inscribirnos en la lista, ¿dónde quedó entonces la facilidad?”, cuestionan los quejosos.

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Este día regresamos al semáforo amarillo y habrá que estar pendientes de que las autoridades vigilen que se respeten los aforos autorizados. La ligereza con que autoridades municipales y estatales tomaron el cambio de medida epidemiológica, deja muchas dudas sobre el control que tendrán para que los aforos se reduzcan y respeten.

Ya se sabe que todos los eventos masivos que ya estaban programados, como la Expogan y sus conciertos, así como el Festival Chihuahua, no estarán sujetos al semáforo amarillo y, por consecuencia, se permitirán los amontonamientos con el riesgo que ello implica.

Pero así es la política de convenenciera, no reconoce ni admite límites ni controles científicos, porque primero están los compromisos económicos de los amigos que la salud pública. Tal parece que siguen el ortodoxo razonamiento importamadrista de: «al fin y al cabo la pandemia no se va a ir y los problemas de salud pública siempre van a existir, así que, a darle vuelo a la hilacha».

De nada sirve que el estado tenga, al día de hoy, una lista fatal de 8 mil 11 muertos por Covid, que seguirá creciendo por la irresponsabilidad y omisión de los que toman decisiones equivocadas.