Ayer, justo al cumplirse seis años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Valducea, se presentó el libro “Impunidad sistémica: análisis de la investigación y judicialización por los homicidios de los periodistas Miroslava Breach Valducea y Javier Arturo Valdez Cárdenas”, en el Senado de la República, fue Rosa María Breach, hermana de Miroslava, quien durante su mensaje dejó claro el sentir de la familia.

Tras el asesinato de ‘la Miros’, como le llamaban cariñosamente los colegas a la que por muchos años fue corresponsal del Periódico Norte de Ciudad Juárez y del diario La Jornada, la familia vivió entre el terror y la incertidumbre.

“Si pudiéramos resumir lo que ha significado como familia estos seis años, los enmarcaríamos en dolor, resistencia y frustración que produce vivir tanta injusticia e indolencia, tantos obstáculos institucionales”, dijo Rosa María.

Y no pudo ser más contundente al adjetivar tan claramente la experiencia que miles de mexicanos han experimentado, al saber lo peligroso que es levantar la voz y exigir justicia en este país.

La vida de la familia Breach, ha padecido el miedo y el peligro, pero también está la convicción y el compromiso hacia Miroslava en la búsqueda por encontrar la verdad, afirmó.

Rosa María no dejó pasar la oportunidad para recordar que, pese a que el asesinato de su hermana fue considerado desde un inicio como un crimen de narcopolítica por las propias autoridades estatales de Chihuahua, nunca se siguió una línea de investigación en ese sentido.

Por el contrario, los personajes políticos involucrados fueron protegidos por el entonces gobernador Javier Corral Jurado, que se decía amigo de Miroslava.

Aunque la familia reconoce los avances que se han tenido en el caso, aún quedan órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse.

A nombre de toda la familia hizo llegar su agradecimiento a Propuesta Cívica y a Reporteros Sin Fronteras por su apoyo y acompañamiento durante estos años.

Fue precisamente la organización Propuesta Cívica, la que se encargó de hacer el análisis presentado ayer, en el que se transmiten los aprendizajes adquiridos en ambas investigaciones, en las que se contó con el apoyo de la asociación civil Reporteros Sin Fronteras.

Al evento, convocado por la senadora Kenia López Rabadán, acudieron Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la ONU en Derechos Humanos; Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica; Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras.

También acompañaron en la mesa Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez; Ricardo Sánchez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; e Ivette Estrada Garza, consultora de Propuesta Cívica.

Aunque los avances en ambos casos de los periodistas asesinados ya se han dado, la postura de Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras es clara “exigimos que todos los responsables implicados en el crimen sean presentados ante tribunales de justicia. Mientras eso no suceda seguiremos exigiendo justicia para Miros, porque el #SilencioesComplicidad”.

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Negocio redondo el que por quién sabe cuánto tiempo llevaban a cabo en un establecimiento de autolavado, donde después de haberles cortado el servicio de agua por falta de pago, conchudamente se fueron por la libre y se reconectaron de manera ilegal a la línea central de abastecimiento.

Valiéndoles tres pepinos y así tan campantes, en el local identificado como “La Curva”, ubicado en la perimetral Carlos Amaya, de la colonia Azteca armaron su conexión clandestina.

Según informó la propia Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el personal de la descentralizada realizaba un recorrido nocturno de vigilancia y ándele que detectaron a los muchachones del autolavado en plena maroma cuando llenaban en pipas el agua que utilizarían para el día siguiente.

Para pronto los inspectores de la JMAS levantaron el reporte y procedieron a desmantelar la conexión clandestina del negocio donde el adeudo asciende a 248 mil 581 pesos.

Ahora los gandallas deberán liquidar el adeudo junto con una multa de 300 UMA, que equivalen a 31 mil 122 pesos, pero aquí lo preocupante es ¿cuántos establecimientos de este tipo o de otros giros estarán huachicoleando el agua que le pertenece y que en temporadas veraniegas ya le escasea a los juarenses?

Es momento de que la JMAS se ponga las pilas y arme una buena campaña de denuncia anónima para que este tipo de actos criminales y con daño irreparable como lo es el robo de agua, ¿no cree usted?

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La cuarta ampliación al Decreto que permite la regularización de autos de procedencia extranjera anunciada ayer por la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, poco le cayó en gracia a los integrantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

El posicionamiento de la asociación en voz de su presidente ejecutivo, Guillermo Rosales Zárate, el alargamiento de este programa, no solo fomenta la regularización de vehículos de contrabando, sino que evidencia su fracaso.

La nueva ampliación del decreto será hasta junio de 2023, pero lejos de acabar con el fenómeno de los vehículos chuecos, poco se ha hecho para el cierre en las fronteras a este tipo de unidades, dijo el directivo de la AMDA.

Aun y cuando la intención del decreto era beneficiar directamente a la gente, Rosales señaló que de estas acciones solo se benefician las mafias, que controlan su introducción y comercialización.

Las cifras que maneja la AMDA indican que del 19 de marzo de 2022 al 21 de marzo de este año se han regularizado un millón 319 mil 438 unidades ilegales, cifra por arriba del millón 132 mil 751 vehículos nuevos que se han vendido entre marzo del año pasado y febrero de 2023.

El problema, señala Rosales, es que al millón de carros chuecos que ya se regularizaron, se le suma otro, que anda ya circulando en las calles, que entró al país quién sabe cómo y ahora está a la espera de ser regularizado.

Es el cuento de nunca acabar.