Daniel Constandse Cortez cumplió ayer parte del proceso electoral interno en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y solicitó su registro como candidato a rector.

Va en caballo de hacienda y ayer lo dejó en claro cuando lo acompañaron al registro los cuatro directores de instituto: por Ciencias Biomédicas su amigo personal Salvador Nava, del gremio de los dentistas y odontólogos como el propio secretario general; Juan Francisco Hernández Paz, por el Instituto de Ingeniería y Tecnología; Alonso Morales del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y Lupita Gaytán Aguirre, por el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

También se dejó ver en primera línea la directora general de Vinculación e Intercambio, entre algunos otros funcionarios. Dejaron constancia del apoyo al tomarse la foto, cuando Daniel Constandse salió del registro ante la Comisión Electoral del Consejo Universitario.

No quiso hablar mucho ante los medios de comunicación, argumentando que explicará su proyecto hasta que la Comisión Electoral le entregue su dictamen de procedencia, es decir, hasta que se valide su registro y se convierta en candidato formal.

No pasará mucho tiempo para que eso ocurra. De acuerdo con la convocatoria, son dos días hábiles para dictaminar.

Lo que sí llamó la atención de Mirone en la palabras del secretario general, es que mandó de alguna manera un mensaje de unidad, al destacar que “aquí en la Universidad todos cabemos”, además de que agradeció los apoyos que ahí se hicieron patentes.

“Somos una comunidad universitaria que, precisamente, como su nombre lo dice, vamos juntos, vamos en un mismo proyecto”, expresó el secretario general, quien ya tiene casi 25 años como profesor universitario en Ciencias Biomédicas.

Esa es la apuesta del mismo grupo muy consolidado que dirigió el destino de la UACJ con Ignacio Camargo Nassar los últimos seis años y ofrece continuidad y estabilidad con Constandse Cortez.

Los acuerdos ya están bastante amarrados interna y externamente, por eso se antoja difícil que pueda cuajar alguna otra alternativa. Justo señaló Constandse que lo único que sí podía anticipar desde ayer es que tiene muy claro el rumbo a seguir.

Los registros cierran este miércoles 31 de julio y la elección es el 9 de agosto en sesión especial del Consejo Universitario.

Lo que también llamó la atención de este Don en cuanto a la convocatoria, es que el periodo de proselitismo no es únicamente muy corto (entre la fecha del dictamen de procedencia y la sesión de presentación del programa de trabajo previsto para desahogar entre el 7 y 8 de agosto), sino que se realiza en periodo casi inactivo, ya que las clases inician hasta el 5 de agosto.

Además, nadie desconoce que la primera semana no es muy regular que digamos, por eso la inquietud mironiana ante la prisa por sacar el proceso en los primeros días de agosto, no en la parte final, cuando ya se regularizó la actividad.

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En donde también corren los tiempos de registro de suspirantes como magistrados, es en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Hoy vence el plazo y se sabrá si creció más la lista o se quedó en los 10 registrados hasta ayer.

Por lo pronto, lo que llama más la atención en ese listado, es el nombre de un político panista de esta frontera, Ulises Pacheco Rodríguez.

El abogado fue funcionario en el Gobierno de Javier Corral, en donde llegó a despachar como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, después de ser coordinador de Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado.

Se supone que alcanzó a dar el brinco en las lealtades hacia el equipo de Maru Campos, como lo hicieron algunos que eran corralistas antes del término de aquella gestión, e incluso asumió tareas en el equipo de transición.

Sin embargo, no le alcanzó para algo bueno en el Gabinete estatal. Después intentó hacerse, en septiembre de 2022, de la presidencia del Comité Municipal del PAN, pero perdió la interna en contra de Xóchitl Contreras, quien además de ser dirigente hoy, es diputada local electa.

Lo que ya no sabe Mirone es si Ulises fue o no perdonado del todo por Maru Campos, la gobernadora del estado que sigue acomodando fichas para todo lo que se ofrezca rumbo al 2027, cuando se pondrá dura la competencia con Morena.

Son dos los nombres que se definirán como nuevos magistrados a mediados de agosto. La decena de prospectos la completan Jorge Luis Chávez Domínguez, José Carlos Medina Armendáriz, Jesús Mauricio Delgado González, Fuad Georges Farah Valdez, Jorge Francisco García Rodríguez, Enrique Carrillo Sáenz, Saúl Eduardo Rodríguez Camacho, Víctor Hugo Luján Lara y Carmen Fabiola Palacios.

Únicamente va una mujer hasta ahora. A ver quién más se registra hoy. Quienes cumplan con los requisitos y presenten la debida documentación, de acuerdo con la Comisión Especial de los tres poderes del estado, participarán luego en una ronda de entrevistas.

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A contrarreloj caminan las obras del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en los terrenos de viejo Hipódromo de Ciudad Juárez, allá por la Vicente Guerrero.

Se supone que deben de estar concluidos los trabajos en agosto, ya que para entonces se agendó una visita de inauguración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar fue cuestionado sobre la visita presidencial pendiente y dijo que seguía en pie, aunque no se le vio muy convencido.

Quién sabe en qué quede el tema. Puede ser que sí se termine la obra antes de concluir el sexenio, pero ya no le alcance a AMLO para cumplir el compromiso de venir. O puede ser que ni siquiera se concluyan todos los trabajos, aunque eso no suele impedir las inauguraciones. Nada más hay que acordarse que el exgobernador César Duarte inauguró ahí mismo un puro cascarón que tuvo después que rehabilitarse como parte de la estructura del nuevo hospital.

El propio presidente municipal anda en las mismas para cumplir su promesa de entregar el Distribuidor Talamás Camandari antes de que acabe su primera gestión. Públicamente prometió que quedaría antes de terminar el mes de agosto. Nomás es cuestión de darse una vuelta por la obra para saber que no se va a poder cumplir y terminar todo en poco más de un mes.

Bueno, ya se cumplirá en el segundo periodo. Mientras, que esperen los miles de residentes de la zona suroriente que sufren el viacrucis vial todos los días.

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Habrá qué revisar bien el Informe Anual de Avances 2024 de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, pero ayer se entregó el documento ante el Congreso del Estado, por parte del titular del órgano de fiscalización, Héctor Acosta Félix.

En la Torre Legislativa de la capital del estado, les tocó a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, recibir a Acosta Félix y su reporte, como parte del trabajo de fiscalización de las cuentas públicas y del combate a la corrupción.

Así que ahí estuvieron la presidenta de la Comisión, la morenista Leticia Ortega, así como la secretaria panista, Isela Martínez y los vocales Saúl Mireles (PAN), Noel Chávez (PRI) y Francisco Sánchez (MC).

Por lo pronto, se supo que hay en el documento datos sobre los primeros cinco meses del 2024, pero también cifras estadísticas acumuladas sobre los últimos cinco años, respecto al seguimiento de las auditorías y las observaciones realizadas.

Ahora que está de moda el tema del Tribunal Estatal Administrativo (TEJA), con toda su reestructuración para lo que viene en materia de combate a la corrupción y las respectivas inhabilitaciones de funcionarios o exfuncionarios, hay en el informe algunos datos sobre el trabajo de la ASE que se ha traducido en denuncias administrativas ante el TEJA.

Hasta el 2024 se han acumulado en la ASE mil 817 denuncias, distribuidas de la siguiente manera: 113 en 2016, 83 en 2017 y 130 en 2018. Las cifras crecieron a partir de que entró en vigor la Ley de Fiscalización Superior del Estado: 319 en 2019, 533 en 2020, 332 en 2021 y 232 en 2022.

De todo ese mundo de denuncias, la gran mayoría, el 78.7 por ciento, se relacionan con faltas no graves, derivadas de hechos que se presentan ante los órganos internos de control de las dependencias públicas o en la Secretaría de la Función Pública.

El restante sí tiene que ver con faltas graves, que es cuando se realiza una denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Hasta la fecha, se han integrado y enviado al TEJA, un total de 194 casos. De ese total, han resultado, 20 sanciones económicas, 12 inhabilitaciones temporales y 4 inhabilitaciones temporales con sanción económica.

Lo interesante es que se han derivado 144 denuncias penales, por lo que de nuevo es clave saber en qué han quedado todas ellas. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua tiene ahí una importante asignatura pendiente.