La muerte por hambre de cinco niños en la Sierra Tarahumara conmocionó al Gobierno del Estado, por la gravedad del caso en sí mismo, pero también por las flaquezas de los programas de atención social a las comunidades marginadas de la entidad.
La sacudida fue tal que alguien va a pagar el precio y no va a ser precisamente el titular de la Secretaría Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia de Luna, a cuyo cargo están los programas de atención social, y quien debería ser el primer responsable de ese desastre humanitario que, nos dicen los que conocen la sierra de Chihuahua, apenas se ha asomado la punta del iceberg.
El grado de desnutrición que padecen cientos de niñas y niños indígenas es de tal magnitud que puede convertirse en una verdadera crisis humanitaria de tamaños equiparables a las que han motivado acciones de la comunidad internacional para evitar más muertes.
Al interior del Gobierno estatal se ha empezado a revisar la eficacia de sus programas de desarrollo social y, por otro, a buscar quién va a pagar la vajilla rota.
Lo que nos cuentan mironianas fuentes es que el sacrificado será el actual titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (Coepi), Enrique Rascón Carrillo. Y ya entrados en gastos, se tiene en proyecto la conversión de esa comisión en secretaría, cuyo nombre sería “Secretaría de Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas”.
¿Y quién estaría a cargo? He ahí el meollo del asunto. Las mironianas fuentes, bien informadas como siempre, nos dicen que el Gobierno estatal volverá a echar mano de políticos hechos fuera de los límites del estado, con camino recorrido y trayectoria en el Gobierno federal.
Nos cuentan que en Palacio esperan la llegada de Diódoro Carrasco, prianista que pasó de ser gobernador del estado de Oaxaca, postulado por el PRI, último secretario de Gobernación del presidente Ernesto Zedillo y diputado federal por el PAN.
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Vaya, por fin un diputado local puso el dedo en la llaga al pedir una reforma a la Ley Estatal de Educación, que prohíba improvisados en la docencia, pero, sobre todo, que personas con antecedentes penales puedan estar impartiendo clases.
En su propuesta, el legislador Benjamín Carrera aportó estadísticas muy reveladoras, pues dijo que, del 2020 a la fecha, la Fiscalía General del Estado registró que 89 personas que trabajaban en centros educativos, fueron puestas a disposición del Ministerio Público por delitos diversos como daños, violencia familiar, narcomenudeo, pornografía infantil, abuso sexual, privación de la libertad, abuso sexual y secuestro cometidos en contra de la comunidad estudiantil.
El diputado presentó su proyecto de reforma para asegurar que el personal educativo que este en contacto con menores, no cuenten con procesos penales en curso, ni hayan sido condenado mediante sentencia firme por algún delito grave, principalmente.
Pero también se fue contra los “profes patito”, aquellos que no cuentan con los estudios pedagógicos, ni títulos de formación, que acrediten la preparación académica para impartir clases y propuso que se les infracciones y retire de las aulas al ser detectados.
La iniciativa tiene una buena causa que ha sido ignorada por muchos años, y fue enviada a comisiones para su discusión y aprobación posterior en el pleno del Congreso.
Se habían tardado, pero aún es tiempo de corregir lo que tanto tiempo se ha solapado en el magisterio.
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En la reunión previa de Cabildo realizada ayer, llamó la atención la solicitud hecha por la directora de Patrimonio Municipal, Jessica Karina Espino López, para rentar un predio de 639 metros cuadrados, por 10 años, a un particular, que pretende a su vez subarrendarlo.
O sea que, la funcionaria funge en esta solicitud como gestora para que el empresario Manuel Tejada Álvarez, pueda hacer negocio con un bien propiedad del municipio.
La solicitud fue hecha mediante oficio número DPM/AP/644/2022, con fecha de ayer, donde se propone como punto de acuerdo para el Cabildo.
La insólita y absurda petición de la funcionaria, establece en su oficio, dirigido en primera instancia al secretario del Ayuntamiento y turnado posteriormente a los regidores, que el predio se le rente a Tejada Álvarez en 12 mil pesos mensuales, durante 10 años. Nada más.
El terreno en cuestión se localiza en la calle Navojoa de la colonia Ampliación Fronteriza y tiene un valor catastral de 920 mil pesos.
Lo sensato sería, que el conocido empresario solicitara la compra del terreno, al fin y al cabo billetes tiene, para que a su vez pudiera rentarlo a quien le diera su gana, pero en cambio, está solicitando hacer negocio con el patrimonio municipal contando con el aval de la titular de esa dependencia. Para Ripley.
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Donde hubo casa llena, con bastante ruido, fue en la toma de protesta de la expriista Fernanda Ávalos, como nueva dirigente municipal del Partido Verde, y no faltó el prietito en el arroz, cuando la exregidora se ese partido, Laura Yaneli Rodríguez Mireles, tomó el micrófono para impugnar el acto argumentando que se habían violado los estatutos.
En el evento estuvieron el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el senador Rafael Espino, el exalcalde Enrique Serrano, un representante de la dirigencia nacional del partido del Tucán, la lideresa estatal, Patricia Borunda, así como el delegado en el estado, Ricardo Colorado.
Los organizadores temían que se apareciera la exdirigente María Ávila y que les pudiera armar un escándalo, pues sigue impugnando su vergonzosa destitución en el 2021, después de que amenazara de muerte a la candidata a la gubernatura Brenda Ríos.
Sin embargo y para su sorpresa, la que se presentó fue la exregidora cabadista Laura Yaneli Rodríguez Mireles, quien tomó el micrófono para calificar de ilegal la designación de Fernanda Ávalos en la dirigencia local, argumentando que se violaron los estatutos y que en el evento no había militantes verdes.
Yaneli Rodríguez es una de las fieles aliadas de María Ávila, la mujer que durante muchos años regenteó el Partido Verde en la entidad en complicidad con su marido, Alejandro Gloria, y siguen luchando por recuperar el control del comité directivo estatal.
La ex regidora durante la administración municipal de Armando Cabada, aspiraba a ser la dirigente municipal del Verde. Por esa razón irrumpió en el salón de eventos donde se realizó la ceremonia, donde una vez que descargó su enojo, fue ignorada y la fiesta terminó en paz.