Hace unos días quedó al descubierto la integración de Sergio Belmonte Almeida en la Administración estatal que encabeza el gobernador César Duarte Jáquez.
No hubo nombramiento oficial. No hubo comunicado de prensa. Todas las fuentes de Mirone, cercanas a Palacio de Gobierno, muy próximas al propio titular del Ejecutivo estatal, corroboraron que Belmonte fue contratado como “asesor”.
En ese tenor quedó establecida la inminente suma de dicho personaje al equipo del mismísimo César Duarte. Sorprendente e inesperada la noticia pero explicable en el contexto zigzagueante que seguido adopta el gobernador para dejar claro quién y cuándo toma las decisiones en Palacio.
Belmonte fue visto cerca de la comitiva del gobernador; varios funcionarios cercanos al ballezano, pero críticos a su área de Comunicación Social, festinaron como inminente la llegada del cuarto jefe de esa oficina en lo que va del sexenio.
Desde el punto de vista de este escribidor, y apelando al sentido común más básico, Belmonte y sus empresas de “imagen” son completamente inelegibles para ser tomados en cuenta en materia de servicio público. Podrán ser contratados para empresas particulares pero no pagados con recursos del erario.
Es indudable que el gobernador y algunos miembros de su equipo no hallan de dónde echar mano para salir de la severa crisis de imagen por la que atraviesan, pero también es incuestionable que esa no es la opción.
La alternativa está al alcance de su mano y no requiere de nuevas contrataciones ni mucho menos de campañas ofensivas hacia críticos de la Administración o hacia medios informativos que abordan temas altamente sensibles al régimen; la opción es el ejercicio puro de la política en su más amplio sentido.
Más allá de las capacidades de Belmonte como político–grillo, o de sus características como persona, o de su bien ganada fama como agente corrosivo de toda relación humana, su inelegibilidad explota burbujeante en su descarnado historial como servidor público, entre comillas.
Belmonte Almeida formó parte de una pandilla que se apropió del presupuesto público de Ciudad Juárez durante el período 2007–2010 y lo ejerció como si fuera asunto privado.
Mientras la ciudad era arrasada por la inseguridad y catalogada en el orbe como la más violenta del mundo, las autoridades municipales saqueaban las arcas, manejaban las riendas de la ciudad a tontas y a locas y hacían esfuerzos supremos por pelear con quien fuera, hasta con el gobernador del Estado en turno.
La burbuja de la incompetencia, la corrupción y la discrecionalidad fue encabezada por el entonces alcalde José Reyes Ferriz, quien ahora no puede poner un pie en Juárez sin ser visto con ojos de rechazo, gestos de repulsión y palabras de maledicencia. No se merece menos.
Fue Ferriz un alcalde que radicó –ha radicado toda su vida– en El Paso. Nunca comprendió a esta frontera, ni a sus pobladores, ni a su problemática. No entendió a la ciudad ni la quiso entender. Su horario de oficina fue menos que el de un burócrata medio.
El lapso laboral de nueve a la mañana a las tres de la tarde frecuentemente lo rompió porque la pasó viajando temeroso de que algo malo le ocurriera aquí, así que las decisiones de Gobierno las dejó en manos de Belmonte y otros integrantes de ese grupo. Ese es el tema que nos ocupa en esta edición mironiana.
No es Belmonte por Belmonte, es abordar un poquito del pasado reciente para advertir que las malas decisiones en la integración de los equipos de Gobierno suelen ser desastrosas para la sociedad. Ferriz fue una mala decisión para Juárez. A un error le siguieron otros muchos yerros: Ferriz designó a lo peor para el Gabinete municipal; por lo tanto, el Gabinete municipal luego sería conocido como el peor Gobierno que haya tenido Juárez en toda su historia.
El introvertido Ferriz resultó un monigote atrapado en sus terribles patologías de soberbia, deshonestidad y delirios de grandeza. Muy caro lo pagó Ciudad Juárez.
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Durante la Administración ferricista fue literalmente desmantelada la Policía Municipal para dar paso al control de la delincuencia organizada. En octubre del 2008, el entonces alcalde ofreció una conferencia de prensa para anunciar la baja de 334 agentes de la corporación municipal, supuestamente por haber reprobado los exámenes de confianza aplicados por el entonces todopoderoso secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Genaro García Luna.
Los exámenes nunca fueron confiables, pero el despido de los agentes le costó 19 millones de pesos al presupuesto municipal.
Una vez desarticulada la Policía Preventiva, fueron colocados al frente primero militares y después distintos mandos de la propia federal de García Luna. Con ellos al frente, la ciudad sufrió su peor crisis de seguridad en toda su historia: miles de ejecutados, comercios saqueados, empresarios secuestrados, extorsionados. La desolación total.
La urbe con ribetes de cosmopolita, incansablemente trabajadora, multicultural, anfitriona extraordinaria, alegre, festiva, fue convertida en centro de batalla de los grupos criminales que dejaron a un lado viejos códigos y por matarse unos a otros no respetaron niños, mujeres, ancianos, embarazadas ni a nadie; fueran sus enemigos o no. La autoridad en el Municipio era menos que nada.
La estancia de los militares y policías federales en la ciudad no sirvió de nada, e implicó una pesada carga económica para el presupuesto juarense: más de 100 millones de pesos en alojamiento y alimentos (eso sí, los federales en hoteles de lujo); los militares en naves de maquiladoras que debieron ser adecuadas y su renta pagada con dinero del Municipio. Ferriz no tuvo el carácter ni para obligar a la Federación a que sufragara esos gastos.
La violencia obligó a decenas de miles a emigrar. La industria local enfrentó severos problemas para conseguir trabajadores.
La alegría se fue: los presidentes municipales que había en cada uno de los tripulantes de Ferriz decidieron suspender la feria de la ciudad y hasta el grito de Independencia. A todos los juarenses dejó atónitos la cobardía del alcalde cuando su último “grito” lo dio encerrado en la Presidencia. Ya se habían acabado el dinero y la inseguridad no amainaba.
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«Nosotros no queremos ser cómplices de esta Administración, es una vergüenza y una burla, es la peor Administración que ha existido…»
Estas palabras no las dijo un columnista, ni un articulista, ni un político de Acción Nacional… las dijo nada menos que alguien que tenía los pelos de la burra en la mano para expresarlas; fue el entonces coordinador de los regidores del PRI en el cabildo, Leopoldo Canizales Sáenz.
El primero de septiembre del 2010, Canizales lanzó esa demoledora crítica hacia el alcalde originario del mismo PRI, porque había interpuesto una denuncia penal contra varios funcionarios municipales, uno de ellos Belmonte, por falsificación y alteración de su firma en los estados contables de diciembre del 2009 por 80 millones de pesos.
La denuncia siguió su curso normal hasta que por conveniencia electoral, –había iniciado la campaña de Duarte por la gubernatura, de Serrano a la Alcaldía, y de otros priistas por diputaciones–, el entonces gobernador Reyes Baeza decidió mandarla al sueño de los justos, no sin antes obligar por la fuerza a varios de los acusados a declarar ante el Ministerio Público. Belmonte se anduvo escondiendo hasta que lo pepenaron los agentes estatales.
El delito ha quedado impune hasta el momento. Los ex funcionarios violaron la ley y ciertamente enfrentaron un proceso penal, pero la resolución correspondiente todavía es desconocida. De seguro la “archivaron”, dicho en términos de proceso judicial.
La realidad es que el quebranto al patrimonio de los juarenses, como siempre, nadie lo pagó. Aquel estado contable, como muchas acciones de la Administración municipal, fue un fraude más.
Reyes Ferriz ya había sobrepasado todos los límites. Viajaba sin medida, especialmente a los Estados Unidos, sus viáticos los pagaba del erario –muchas pruebas hay de ello–, malversaba los recursos públicos, vivía en El Paso, en realidad no dirigía al Municipio, dejaba decisiones en manos de sus subalternos que provocaban pérdidas por cientos de millones de pesos anuales a la tesorería del Municipio…
«Creo que lo más digno que puede hacer el presidente municipal, es pedir licencia para que deje de entorpecer las investigaciones del transporte semimasivo», decía otro regidor del PRI, Arturo Domínguez, El Borrego.
Aquel proyecto le costó lágrimas de sangre al presupuesto público juarense. Se gastaron el edil y sus funcionarios más de 500 millones de pesos en “construir vialidades” y luego tirarlas; en cometer fraude, en comprar camiones por 180 mil dólares que terminaron abandonados por años en corralones particulares por los que se pagaban cuantiosas rentas…
Horas antes de concluir su periodo como presidente municipal, Ferriz tuvo el cinismo de “inaugurar” lo que era imposible de inaugurar: el transporte semimasivo. El Gobierno estatal aún con Reyes Baeza al frente, desdeñó la invitación al evento porque las vialidades no estaban concluidas, menos los paraderos. Los transportistas de plano desconocían el proyecto.
El alcalde posó como una caricatura levantando la banderita para inaugurar nada. Varios años después y muchos millones más, la ruta fue iniciada por Duarte que ni el nombre original dejó, hoy se llama ViveBús.
Nadie fue llamado a cuentas por el daño multimillonario al presupuesto juarense. Funcionarios de Ferriz ya habían librado con toda la impunidad del mundo un proceso penal anterior por reportar en los gastos de obra paraderos que nunca fueron construidos.
El actual subsecretario de Desarrollo Urbano en el Gobierno de Duarte, jefe de obras públicas con Ferriz, Sergio Acosta del Val, fue sujeto a proceso por esos hechos junto al propietario de una empresa constructora. Aquel robo sigue siendo premiado con más puestos públicos.
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Ferriz ya no podía ni con su alma en septiembre del 2010. El ayuntamiento había sido desvalijado. No había ni para pagar a los camioneros que prestaban el servicio escolar a niños de escasos recursos. Cómodamente decidió suspender ese servicio. Así se despidió como alcalde.
Hacía seis meses que los camioneros no recibían dinero ni para el combustible. Se quejaron por todos los medios, trataron de presionar para obtener su pago, pero el presupuesto para ello ya no existía. Se habían acabado el dinero en desviaciones de todo tipo. Los transportistas pararon y se terminó el corrido del transporte para los menores.
Ferriz y ferricistas no tenían compromiso con los niños juarenses ni con nadie más fuera del grupo. No les importó su propio partido, al que le dieron la espalda desde muy temprana la Administración.
Pelearon hasta el cansancio contra su antecesor en su primer periodo como alcalde, Héctor Murguía; Belmonte se encargó de armar los expedientes negros que fueron ampliamente difundidos por todo tipo de medios de comunicación buscando quitarlo del camino de la candidatura a gobernador para abrir paso a la locura de proyecto que era precisamente Ferriz.
Igual como “El Güero” Delgado y sus cofrades del Dhiac estuvieron irracionalmente convencidos que el entonces alcalde de extracción panista tenía posibilidades de ser gobernador, también Belmonte, Dowell, Acosta del Val, etc., le mantuvieron a Ferriz encendido el foquito de ese propósito hasta el final.
No había esperanza alguna para Ferriz, aparte de la corrupción, la ineptitud y enemistad con los juarenses en general, ya había agarrado pleito con los líderes formales de su partido y hasta con sus mentores, el gobernador Reyes Baeza; el entonces rector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra y el vocero del Gobierno estatal, el bombero Arturo Proal de la Isla, a quien le había correspondido el trabajo sucio de hacer a un lado a Víctor Valencia para apoltronar en la silla de la Alcaldía a Ferriz.
El ferrizato le mordió la mano a sus protectores originales porque literalmente se pasó de bando. Se tomaron los ferricistas de la mano de Felipe Calderón con las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública como sus operadores e incluyeron en la Administración a la panista Clara Torres.
Ya no le rendían cuentas a los juarenses, tampoco a sus líderes partidistas y quedaron por la libre haciendo chilar y huerto con el patrimonio de los juarenses.
Es oportuno recordar toda esa historia no solamente porque el gobernador haya anunciado más cambios en su Gabinete y se haya filtrado la inminente inclusión de Belmonte, sino porque las experiencias del pasado indican con toda claridad lo que puede ser positivo para la sociedad y lo que puede ser nefasto.
Lo de Ferriz y sus funcionarios fue una pesadilla para la ciudad con todas las consecuencias descritas para la población, pero también para los propios, hoy inaceptados, ex funcionarios. Son los hechos y actores que esperamos no se repitan…