Los retenes aleatorios que implementó la Guardia Nacional en diversos puntos de la ciudad ya incomodaron a los fronterizos. Por largo tiempo, los ciudadanos dejaron de ser hostigados por elementos de los cuerpos policiacos con este tipo de revisiones que a todas luces son inservibles para combatir la delincuencia. Suelen ser molestos, violatorios a los derechos humanos más elementales, pero sobre todo, anticonstitucionales.

La Guardia Nacional fue constituida para ser una policía que le otorgue a los ciudadanos seguridad. No tiene facultades de instancia investigadora, pues su finalidad es garantizar, mantener el orden y la seguridad pública.

Su presencia en nuestra ciudad servirá para reforzar a las inútiles corporaciones policiacas estatales y municipales, mediante la coordinación de una estrategia integral.

El retén instalado en las inmediaciones de las oficinas del Gobierno del Estado (Pueblito Mexicano), sobre la avenida Lincoln, evidencia que no está enlazado con las demás corporaciones de seguridad pública.

Lo único que hacen los mandos de la Guardia Nacional es instalar un retén ilegal, sin una estrategia definida, en un lugar donde transitan personas que van a realizar trámites a las oficinas de Gobierno estatal, o se dirigen al puente internacional de las Américas.

¿Cuál vigilancia y protección? ¿Será que vienen a extorsionar o justificar un trabajo con una pantalla que ni da seguridad a la ciudadanía, ni miedo a los sicarios que se pasean impunemente por toda la ciudad?

El mismo alcalde electo Cruz Pérez Cuéllar denunció que en días pasados a un colaborador suyo le robaron dinero cuando elementos de la Guardia Nacional lo detuvieron sin justificación en un retén. 

Así que los angelitos lo único que guardan es el dinero que le están robando a los juarenses, y que a nadie se le ocurra acusarlos, porque son puros y santos.

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Todo hace suponer que en el desencuentro entre Cruz Pérez Cuéllar y César Peniche, ocurrido en días pasados en la capital del estado, pudo haber alguna amenaza del fiscal general del estado hacia el alcalde electo de Juárez.

Alejandro Pérez Cuéllar, hermano de Cruz, publicó en su página de Facebook detalles del altercado horas después del incidente. Llama la atención que responsabiliza al fiscal Peniche de cualquier cosa que pueda suceder, “no es para menos, se trata de un delincuente con placa de policía”, dijo.

Cruz soltó todo el rencor acumulado cuando tuvo de frente al fiscal, ya que se trata de uno de sus principales persecutores y quien le inició la carpeta de investigación por el masticado tema de la nómina secreta de Duarte. El encontronazo entre el alcalde electo y el fiscal empezó con miradas de pocos amigos y terminó con mentadas de madre. ¡Chispas!

Ahora, algunos se preguntan qué pasará cuando Pérez Cuéllar tenga frente a frente a Javier Corral Jurado, a Maclovio Murillo o a Jorge Espinoza, que fueron quienes lo pusieron en la picota.

Por lo pronto, es seguro que a Peniche le revivan el tema del estacionamiento de la avenida Juárez, que le vendió el Municipio en 2016 en condiciones sospechosas y ventajosas para el fiscal.

Hasta ahora se han mantenido en secreto las razones legales que tuvo el Gobierno para deshacerse de un terreno del patrimonio de la ciudad, solo para favorecer a un policía.

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Después de la grilla que se armó en el sector de la cultura a nivel estatal para echar abajo la iniciativa de la gobernadora electa, Maru Campos, de convertir a la Secretaría de Cultura en un organismo desconcentrado, en la ciudad se empezaron a mover los intereses por la dirección del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult).

Hasta la redacción llegó información para Mirone que menciona que entre los interesados por sustituir a Miguel Ángel Mendoza en el instituto están Luis Antonio Maguregui, actualmente director del CMA, y Alejandro Castillo, subdirector de Arte y Cultura en la UACJ. Además, se escucha el nombre de Perla de la Rosa, de Telón de Arena.

Por los estatutos que tiene el Ipacult, Miguel Ángel Mendoza no podrá reelegirse, pero sobre todo por la cercanía que tiene con el alcalde saliente Armando Cabada, así que no creen que Pérez Cuéllar lo considere.

Por cierto, ya se supo que la que movió a los grupos de artistas para que se manifestaran en contra de la iniciativa de Maru fue Concha Landa, la actual titular de Cultura del Estado, según consta en el muro de WhatsApp que mantiene como vínculo con este sector.

“Se logró!!!! Gracias a todo el sector”, escribió en el muro donde acompaña la nota de César Jáuregui, quien anuncia que permanecerá Cultura como secretaría del estado.

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En donde se soltaron los demonios fue en el Colegio de Bachilleres, luego de que la actual directora general, María Teresa Ortuño Gurza, difundió un video en donde habla de logros de su administración de cinco años.

Ortuño asegura en su mininforme que su gestión fue limpia, transparente, con piso parejo para los directivos y docentes en el escalafón de cargos y de austeridad administrativa. La narrativa de la directora insultó la inteligencia de la comunidad Cobach, que ni tardos ni perezosos le dijeron sus verdades.

Le sacaron a relucir su compensación de 80 mil pesos y las cantidades recibidas por sus directivos consentidos como Hugo Arias, director académico; Eleazar Valles Villa, director administrativo; Patricia Legarreta Castillo, directora de Planeación, y Manuel José Ortega Chávez, abogado general, quienes recibieron jugosa compensación de 57 mil pesos mensuales, libres de polvo y paja. 

Y como siempre al final de un mandato, los que antes callaron, los que cerraron los ojos y no oyeron nada durante todo el quinquenio, ahora abren la mente y la boca para denunciar vía WhatsApp lo que a sus intereses conviene, al más puro estilo de vendetta.

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Algunos colaboradores del Bienestar se pasan por el arco del triunfo las conferencia de las mañaneras. Resulta que empleadas de esta secretaría que atienden el módulo ubicado frente al Monumento a Juárez, por sus pistolas, tienen a los adultos mayores por horas en plena resolana, para luego decirles que no es cierto que los que tienen 65, 66 y 67 años pueden inscribirse para recibir el apoyo que tanto ha pregonado el inquilino de Palacio Nacional.

Vale destacar que en otras partes del país a las personas en este rango de edad sí las están registrando, así como en otros módulos de Juárez.

Recordemos que el sexenio anterior dejó vigente el programa de 65 y más y fue el actual Gobierno que lo subió a los 68 años. Ahora, graciosamente, Andrés Manuel lo bajó otra vez a 65, situación que los del Bienestar ni ven, ni escuchan, mucho menos acatan las órdenes de su jefe porque no ven las mañaneras.