¿Nado sincronizado entre los Gobiernos estatal y federal para echarle el guante a César Jáuregui Moreno?

Aquí sí que el “pato” grazna fuerte, porque si no es, ¡cómo se parece!

Los presuntos actos ilícitos que habría cometido el exfiscal durante el ejercicio de sus funciones motivaron dos órdenes de aprehensión: una estatal y otra federal, libradas casi al mismo tiempo.

Según fuentes consultadas por Mirone, la orden de aprehensión por los presuntos delitos de coalición y ejercicio ilegal del servicio público había “salido” desde el miércoles pasado, pero no se ejecutó sino hasta el sábado, cuando ya estaban en la capital los agentes de la Interpol que lo trasladarían a la Ciudad de México.

El jueves 15 de octubre, la gobernadora María Eugenia Campos Galván ya había lanzado el primer dardo. En entrevista con Latinus, acusó a Jáuregui de haber actuado “por la libre” en el caso de la incorporación de agentes estadounidenses al operativo para localizar el narcolaboratorio ubicado en el municipio de Morelos, Chihuahua. “Eso no se puede perdonar”, dijo entonces.

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Dos días después, el sábado 17, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), que hasta abril pasado estuvieron bajo las órdenes de Jáuregui, ejecutaron la orden de aprehensión librada por el juez Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026.

Ese mismo día se programó la audiencia inicial para las 15:00 horas, pero luego se reprogramó para las 18:00. Sin embargo, comenzó con una hora de retraso, pese a que ya estaban presentes en la sala tanto la defensa del imputado como los representantes del Ministerio Público.

Fuentes cercanas al caso le contaron a Mirone que un grupo de agentes federales llegó al edificio del Poder Judicial de Chihuahua con una orden de aprehensión contra el exfiscal por el delito de traición a la patria.

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Lo demás es historia: la audiencia se prolongó hasta el domingo; el juez de la causa le abrió la puerta para que enfrentara el proceso en libertad, bajo determinadas condiciones, y, hasta ese momento, todos contentos. Sin embargo, horas después, otro grupo de enviados de la FGE se lo llevó al penal del Altiplano.

Jáuregui Moreno, un político de cepa, curtido en los litigios judiciales y en las operaciones políticas de alto riesgo, está ahora en medio de un proceso que coloca frente a frente a los Gobiernos estatal y federal, con él como pieza central.

A sus allegados les ha dicho que no se doblará y que llegará “hasta donde tope”. Ese “tope” ya no está en Chihuahua, sino en la Ciudad de México, muy lejos de su radio de influencia. Allá, la pared contra la que podría estrellarse está en Palacio Nacional. Y eso quedó claro en la “mañanera” del lunes 19.

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Una extraña convocatoria circuló este lunes entre los periodistas que cubren las fuentes políticas. Según el aviso, la defensa del exfiscal ofrecería una conferencia de prensa en el restaurante de un conocido hotel del centro de la ciudad.

El lugar estaba todo “bien puesto” y los platillos del opíparo desayuno se sirvieron a tiempo. Todo bien hasta ahí, excepto por un pequeño detalle: los abogados defensores mandaron decir que no habían convocado a nada y que estaban en absoluto desconocimiento del asunto.

¿Tons?, dirían en el rancho. ¿Quién invitó? Y, lo más importante, ¿quién pagó el desayuno? ¡Quén pompó!

Lo que sabe Mirone es que quienes corrieron con la cuenta fueron regidores del PAN del Ayuntamiento de Chihuahua. Si fue así, también de su bolsa habría salido el pago del lugar, el servicio de los platillos y todo lo demás que incluye un evento de ese tipo.

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La pregunta que quedó en el aire es quién difundió la versión de que los abogados defensores de César Jáuregui estarían en el lugar para dar información relevante sobre el caso, cuando, a esas horas, el imputado ya se encontraba en la Ciudad de México, enfrentando un proceso penal del ámbito federal.

Todo transcurrió durante una agitada mañana de “San Lunes”, en el mismo hotel donde se celebraron tres conferencias de prensa de corte eminentemente político.

La primera fue convocada por la diputada Brenda Ríos para anunciar que siempre sí va como aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Chihuahua. La segunda, por el senador Juan Carlos Loera, quien pidió que se fueran pa’ atrás los fielders en la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Chihuahua. Y la tercera fue la que nadie sabe, nadie supo.

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En lo que transcurría ese juego del gato y el ratón, los abogados que han representado a Jáuregui desde el inicio del proceso en su contra hicieron saber que no llevarán el caso federal que enfrenta por el presunto delito de traición a la patria.

Aunque ya han cuestionado la acusación y hasta han batallado para recordar cuándo fue la última vez que alguien recibió una sentencia por ese delito, se sabe que se quedarán únicamente con la defensa por las acusaciones de coalición y ejercicio ilegal del servicio público ante un juez local.

Mientras los entendidos del derecho se preguntan cómo le hará la Fiscalía General de la República para configurar un delito con tan escasos antecedentes recientes de aplicación, acá en Chihuahua el panismo que respalda a Jáuregui parece haberse partido en dos: por un lado, los que salen a la calle, pancarta en mano, para exigir su liberación; por el otro, los que, desde la comodidad de la nómina oficial, lo hacen de manera subrepticia, con convocatorias que luego los dejan colgados de la brocha.

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Publicamos ayer que Rogelio Covarrubias fue renunciado como director del Distrito 02 de Salud, el mero jefe en la Zona Norte.

Hablamos aquí de una especie de ajuste de cuentas porque nomás nunca se alineó con la exigencia de trabajo político, ese que se está articulando desde el Sistema PAN para poner en sintonía a las estructuras estatales con las estrategias electorales azules rumbo al 2027.

Pues resulta que es cierto eso de que nunca se comprometió con la operación política ni entregó resultado alguno en ese sentido, aunque tenía bastante personal a su cargo, pero le llegó a Mirone información más delicada que presuntamente también estaría vinculada con su salida.

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Covarrubias arrastra quejas y denuncias por acoso sexual. A este Don le llegó un documento de una de esas denuncias, que fue recibida en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia, Zona Norte, desde el pasado 18 de agosto.

Expresamente se le señala por conductas que serían constitutivas de los delitos de hostigamiento sexual y acoso sexual, en perjuicio de una mujer que por cerca de un año estuvo asignada para la prestación del servicio social en su formación profesional, al área de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Juárez.

En la denuncia se detalla cómo el doctor la habría buscado y citado en múltiples ocasiones a su despacho para hablar con ella a puerta cerrada sobre temas ajenos a sus funciones, generando un “aislamiento deliberado”, con comentarios que denotaban “un tenor lascivo y con tintes sexuales”.

En la narrativa se comenta que otras mujeres trabajadoras o funcionarias que observaron la molestia de ella en distintos momentos, o incluso su negativa a acceder al saludo de beso por parte del doctor, le habrían referido a la denunciante que se conocían conductas previas similares del servidor público y que también se había presentado otra denuncia por acoso sexual.

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Los testimonios de esas otras personas fueron agregados a la denuncia, que también se enfiló en contra de otra funcionaria por el delito de discriminación.

Según la denunciante, a ella se le dio un trato diferenciado al otorgado a otras personas prestadoras de servicio social, lo cual derivó en que finalmente fue dada de baja del servicio social, después de que se vio forzada a pedir algunos permisos para atender situaciones familiares.

Claro que el que haya una denuncia no significa que alguien sea culpable de lo que se le acusa, pero el caso es que ahí está ese antecedente: la denunciante acudió ante la FEM apenas dos meses antes de la salida del doctor.