Después de 8 meses de permanecer en prisión, las dos maestras del Colegio Montessori detenidas por la Fiscalía Especializada de la Mujer, acusadas de violación agravada, quedaron el martes en libertad porque no se acreditaron los cargos formulados por el Ministerio Público, que actuó sin sustento jurídico, basado en contradicciones de modo, tiempo y lugar en los hechos denunciados.
El hecho, sin duda, marca un precedente de una injusticia cometida contra dos mujeres inocentes, pero queda aún la duda sobre quién o quiénes serán los responsables por los daños irreparables que sufrieron las docentes en su honor, su reputación y su prestigio como maestras.
El fallo del juez a favor de las maestras Mónica del Carmen Canales Reyes y Adriana Lucía Hernández González, puso en evidencia la incapacidad e irresponsabilidad del Ministerio Público que llevó el caso desde el 23 de marzo del año en curso, fecha en que las docentes fueron detenidas en el interior del colegio ubicado en el fraccionamiento Paseo del Sol, a donde los representantes sociales y las autoridades llegaron acompañados de la prensa, violando en primera instancia el debido proceso y la presunción de inocencia.
Independientemente de que las maestras sostuvieron en todo momento su inocencia, y de que la defensa evidenció a lo largo de este tiempo las inconsistencias y contradicciones en las acusaciones, la Fiscalía se mantuvo aferrada a una carpeta de investigación que carecía de los elementos más básicos para sostener, siquiera, un auto de vinculación a proceso, ya no digamos una sentencia condenatoria.
Fue hasta este martes, que el juez de la causa determinó que los dictámenes médicos y los tiempos señalados en la carpeta de investigación no coincidían, y adolecían de profundas contradicciones, por lo que ordenó la inmediata libertad de las procesadas.
En estricta justicia, el caso no debería terminar ahí, porque no solo implica un simple error procesal, sino que sugiere la posibilidad de una consigna para colgarse medallas a costa de perjudicar a dos maestras con una trayectoria intachable en la docencia. Así quedó exhibido en las diligencias desahogadas.
Por lo tanto, aquí es donde deben intervenir los órganos de control interno de la Fiscalía General del Estado, para deslindar y fincar responsabilidades, aunque el daño moral que les causaron a las maestras es irreparable, como incompensables son los largos meses que permanecieron en prisión.
La Fiscalía General tiene la palabra, pero también la Secretaría de Educación Pública y las organizaciones magisteriales, para que un abuso de esta naturaleza no vuelva a repetirse por la incapacidad de quienes cobran por procurar justicia.
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La detención de Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, exdirectora administrativa de Comunicación Social de la pasada administración, por el desvío de casi 10 millones de pesos, es solo la punta de una madeja muy abultada que debe tener muy inquieto a Jesús Antonio Pinedo Cornejo, su cuñado y exjefe, sobre quien existe una orden de aprehensión por el mismo caso.
La presunta responsabilidad de Pinedo Cornejo en estos hechos, lo ventiló ayer mismo el agente del Ministerio Público, Ramón Anchondo, durante la audiencia de formulación de cargos que tuvo Paulina del Rocío en la sala 16 del Centro de Justicia, donde ambos (Licón y Pinedo) fueron acusados de los delitos de desvío de recursos y uso indebido del cargo, aunque solo la mujer está presa.
Es de esperar que ella se defienda, alegando que solo cumplía órdenes de su jefe inmediato, el coordinador de Comunicación Social en ese entonces, Jesús Antonio Pinedo, quien era el que tomaba las decisiones y firmaba los contratos, lo cual además es cierto, por el orden jerárquico de la dependencia.
La juez que lleva el caso, reveló que la indiciada trató de evitar la acción legal interponiendo varios recursos de amparo, que, al ser sobreseídos, permitieron que se ejerciera la orden de aprehensión en su contra.’
En la diligencia de ayer la parte acusadora dejó en firme que la detenida, junto con su cuñado, el excoordinador de comunicación social, autorizaron contratos irregulares por adjudicación directa, por casi 10 millones de pesos, para favorecer a las empresas Xtreme Sport y Malcomsat, vinculadas a la familia de la pareja sentimental de Pinedo Cornejo.
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Desde el año 2019, Javier Corral, entonces gobernador del estado, tuvo conocimiento de un probable acto de corrupción que sucedía en la Coordinación de Comunicación Social.
Fuentes mironianas nos confirman que, aún antes de que se emitiera el informe de revisión a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado del 2018, el gobernador fue avisado de que había un “pequeño problema” en el área que estaba a cargo de su entonces amigo Antonio Pinedo Cornejo.
Las fuentes nos cuentan que Corral se limitó a preguntar si la empresa presuntamente involucrada en el caso había entregado el producto por el cual se le pagó. La respuesta que recibió fue que sí, en efecto, se cumplió con esa parte, pero ese no era el problema.
El detalle estaba en que, por un lado, se habían manipulado supuestos estudios de mercado para «demostrar” que las empresas Xtreme Sport S. de R.L. de C.V y UPCON S.A. de C.V. eran líderes en el mercado de promociones publicitarias.
Para hacer eso, faltó muestreo de mercado, se contrató a la empresa Malcom Sat, S.A. de C.V., trabajo por el cual se le pagaron 353 mil 943.40 pesos.
La cosa no paraba ahí, sino que la representante legal de las dos proveedoras contratadas era Araly Cristina L. A., directora de administración de la Coordinación de Comunicación Social y cuñada no formal —pues no existía contrato matrimonial—, de Antonio Pinedo.
Lo que la Auditoría Superior del Estado detectó fue que Xtreme Sports era una empresa dedicada a la venta de productos deportivos, pero en octubre de 2016 cambió su objeto social por el de producción de materiales publicitarios. Es decir, justo cuando inicia el gobierno de Corral.
Si bien Corral no actuó a tiempo para impedir el acto de probable corrupción, tampoco “movió sus influencias” para impedir que continuara la auditoría o detener la integración de la carpeta de investigación que preparaba la Fiscalía Anticorrupción.
Casi al final de la gestión de Corral, se libró una orden de aprehensión contra Antonio Pinedo por esos actos que suman 9 millones 370 mil pesos.
En entrevista para el programa “Los Periodistas” del portal Sin Embargo, Pinedo Cornejo afirmó hace un año que su entonces amigo Javier Corral había “librado” la orden de aprehensión por motivos políticos, para demostrar que él actuaba en contra de la corrupción, así fueran sus colaboradores.
Lo cierto es que la directora de administración ya está en prisión y Pinedo no.
Por cierto, habría que anotar que quien detectó el probable desvío fue la ASE, y quien integró la averiguación fue la Fiscalía Anticorrupción, que entonces encabezaba Gema Chávez, depuesta en esta administración.
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A toro pasado, el diputado morenista Gustavo de la Rosa Hickerson, asomó ayer la cabeza para fustigar la marcha ciudadana del domingo en defensa del INE, alegando que el PAN ha movilizado ciudadanos bajo un falso discurso.
Para el “Pichú”, Acción Nacional miente al hablar de la Reforma Electoral y con engaños promueve su rechazo, pero el controvertido legislador parece ignorar que en las movilizaciones del domingo pasado había panistas y priistas, además de diferentes organizaciones sociales, empresariales y de jóvenes apartidistas.
“No es cierto que marcharon para defender al INE, marcharon para defender a la Jucopo, eso es diferente, marcharon para defender los altos gastos electorales, que sigan gastando dinero en las elecciones, cuando podrían ser más baratas”, insistió el morenista.
Lo cierto es que el controvertido legislador utilizó el tema como pretexto para quejarse de la supuesta agresión que los morenistas han recibido en Chihuahua, particularmente de la gobernadora Maru Campos, que dos veces ha dicho que en la entidad le ha partido el hocico a Morena en tres ocasiones. Lo cual no es mentira ni ofensa, si consideramos que sí les ha ganado en tres elecciones y que la palabra hocico, es aceptada por la Real Academia Española como expresión coloquial.
Entonces, ¿por qué tanto brinco, si ni siquiera estaba en Juárez cuando tembló?