Ni el funcionariado municipal ni los representantes populares en el Ayuntamiento de Juárez han hecho valer la legislación y los planes rectores en materia de desarrollo urbano.
La omisión es tan sistemática y tan proclive el favorecimiento a los intereses de los desarrolladores de industria y vivienda, que resulta difícil no suponer una connivencia de los servidores públicos con los representantes empresariales, tanto los acaparadores y poseedores de la tierra, como los promotores inmobiliarios.
En la semana que termina, Norte Digital documentó en un reportaje más, cómo la Administración municipal encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, en conjunto con los desarrolladores inmobiliarios, ha tratado a Ciudad Juárez como un mero objeto mercantil.
“Municipio y desarrolladores, ponen a Juárez al borde de otra crisis urbana”, señala el trabajo periodístico que da voz a urbanistas, miembros de organizaciones civiles y representantes populares, además de los habitantes de las colonias que padecen las consecuencias de las omisiones de la autoridad municipal.
En el centro del problema no atendido están los cambios de uso de suelo y de zonificación. Para el Ayuntamiento se ha convertido en algo de mero trámite que se autoriza en las sesiones de Cabildo, sin que se garantice el cumplimiento de las condicionantes que se establecen en leyes y planes rectores, ya sea generales o parciales de desarrollo urbano.
Con tal de favorecer a los promotores, se aprueban cambios de uso de suelo para la construcción de viviendas o industria, no en los lugares necesarios, sino en donde se encuentran los intereses económicos de sus propietarios.
Como resultado, se termina construyendo más vivienda barata y gigantescas naves industriales, donde se sufre más por la carencia de agua, electricidad, transporte, escuelas, alumbrado público, pavimento y otros servicios esenciales.
Además, los cambios de uso de suelo afectan áreas verdes, catalogadas como zonas de conservación ecológica.
En los hechos, se sigue reproduciendo un modelo urbano no sustentable para la ciudad y que invisibiliza las necesidades de los sectores más vulnerables.
Se modifican los usos de suelo con la justificación de construir vivienda económica, pero a costa del deterioro en la calidad de vida de quienes no tienen otra opción más que habitar esos desarrollos carentes de infraestructura, servicios y equipamientos.
En esa vorágine de expansionismo territorial se ignoran todos los criterios que para evitar la dispersión urbana y favorecer la densificación están establecidos, tanto en el Plan de Desarrollo Urbano vigente como en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Lo mismo pasa con el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, todo un marco normativo que busca asegurar que los nuevos desarrollos tengan garantizados suministros tan básicos como el recurso hídrico. Sin embargo, ni siquiera eso se está cuidando ante la presión inmobiliaria para desarrollar más proyectos industriales y residenciales.
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Es lamentable que se repita el error y que autoridades y representantes populares no vean el impacto negativo de crecer sin sustentabilidad.
Ahí están todavía, como una problemática no resuelta, las miles de casas abandonadas en el extremo suroriente, después del boom inmobiliario de inicios de este milenio.
Desde luego que hubo factores externos macroeconómicos y de flujos de migración, pero también ocurrió el desarraigo y el desánimo ante la lejanía de las casas y los entornos desfavorables por carencias de los satisfactores básicos y las infraestructuras necesarias.
Como saldo de aquella fallida política pública, miles de casas quedaron desocupadas o fueron abandonadas debido a la poca viabilidad para habitarlas.
El censo de 2010 arrojó 111 mil 103 casas desocupadas y aunque la situación cambió en el registro de 2020, todavía se reportaron 56 mil 279 viviendas en esas condiciones.
El Gobierno Municipal firmó un convenio con el Infonavit para rehabilitar y vender viviendas, pero el programa “Aliados por la Vivienda” ha tenido resultados limitados.
Apenas 212 viviendas se han recuperado, de acuerdo con datos oficiales reportados por la Dirección de Desarrollo Urbano, correspondientes al periodo de octubre de 2021 a abril de 2024.
Además, la problemática de la vivienda abandonada tiene una complicación más en torno a la invasión de la propiedad y el estatus jurídico de esos bienes reapropiados ilegalmente por quienes buscan alternativas para vivir.
Por eso los urbanistas hablan del riesgo de que frente al nuevo desenfreno para cambiar usos de suelo e incorporar más reservas territoriales al desarrollo, se avance hacia otra crisis urbana.
En realidad, esa crisis ha sido sostenida en décadas de expansionismo desmedido.
La práctica es la misma: se construyen viviendas sin cumplir con las normativas y sin el equipamiento e infraestructura necesarios, por lo que su destino es el abandono y el deterioro.
Los especialistas insisten en que, si bien es cierto que hace falta más vivienda, lo más importante es que al atender la demanda se considere que la ubicación sea la apropiada.
Sin embargo, ese punto no está en las prioridades de los funcionarios municipales, ni en la de los regidores y regidoras que integran el Ayuntamiento y deberían de velar por el interés de la ciudad y de sus habitantes.
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No extraña el enfoque mercantilista de la actual Administración. La titular de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, no tiene ninguna experiencia ni formación en el ramo. Nada de estudios sobre ciudad y urbanismo, o de gestión urbanística, territorio o planificación.
En su currículum oficial de la página de transparencia, ni siquiera se especifica sobre qué es su licenciatura. Sus habilidades y capacidades se sintetizan en tres líneas: “Con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y un sólido conocimiento de gestión y trámites inmobiliarios. Evaluación de riegos, mentalidad empresarial, espíritu emprendedor y perfil resolutivo”.
Su negocio y su experiencia siempre han estado en el sector inmobiliario. Incluso es conocido que ha trabajado en ese ramo, junto a Alejandro Pérez Cuéllar, el hermano del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
Los bienes raíces son sus intereses, aunque tiene en sus manos la encomienda de una dependencia cuyo objetivo oficial es “Promover y realizar acciones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población ubicados en territorio municipal de conformidad con los planes y programas de Desarrollo Urbano”.
Pero como en los hechos, el negocio inmobiliario sigue siendo su prioridad, no parece importar lo que digan los planes y programas de desarrollo urbano.
Lo que ha estado ocurriendo en Desarrollo Urbano Municipal, al menos fue objeto de atención, en temporada de campañas políticas, de la diputada local por el PAN, Marisela Terrazas.
En marzo de este año, el Congreso del Estado aprobó su exhorto para que la Auditoría Superior del Estado (ASE), investigue algunas irregularidades que recientemente se hicieron públicas y ahonde en los hallazgos que encontró la Sindicatura Municipal en uno de sus informes.
Las sospechas de corrupción se desprenden de las múltiples autorizaciones para nuevos fraccionamientos y parques industriales, las cuales implican cambios de uso de suelo.
Morales Medina está bajo el escrutinio público desde que se generó la polémica por la construcción y operación irregular de la casa de cambio Dollar 2 Go, en terrenos de El Chamizal. Incluso, la funcionaria fue una de las denunciadas penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que el caso obligadamente pasó por su oficina, tanto si permitió el funcionamiento, como si no se dio cuenta de lo que ocurría en el lugar.
En el dictamen del Congreso enviado a la Auditoría Superior del Estado, se incluyeron indicios de la existencia de trámites y expedientes relacionados con cambios de zonificación, aprobaciones de fraccionamientos, condominios y otras acciones urbanas que podrían caer en incumplimiento de la normatividad vigente.
La diputada Terrazas documentó un historial de 45 actos de cambio de uso de suelo, autorizados hasta el 1 de noviembre de 2023. De ese total, 44 fueron peticiones de particulares y una del Municipio.
El Congreso pidió a la ASE investigar y supervisar la labor de la Dirección General de Desarrollo Urbano Municipal (DGDU) y del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).
En el documento oficial se estableció que “existen señales preocupantes de posible corrupción y falta de transparencia por parte de algunas autoridades” con motivo de “los cambios de zonificación secundaria y aprobación de fraccionamientos y condominios, especialmente sobre los asuntos que requieren dictámenes de impacto territorial y urbano”.
La investigación debe de concluir y conocerse todas sus observaciones. También deberá resolverse la denuncia en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
Es hora de que se sancione a todos aquellos servidores públicos omisos o coludidos con hechos de corrupción. Nuestra ciudad no aguanta ya que se le exprima por los voraces intereses inmobiliarios, ni sus habitantes tienen por qué pagar por la permisividad o la negligencia de quienes, se suponen, los representan.