Por si algo más faltara al ya de por sí alicaído proyecto de transporte semivacío (perdón: semimasivo) oficialmente renombrado como “JuárezBus”, ahora surgen varios “pequeños” detallitos que pueden seguir teniendo literalmente en la chilla el ya de por sí deplorable servicio que padecemos en la antigua Paso del Norte.
Mironianas fuentes nos hacen saber que don Carlos Aguilar García, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, y don Luis Manuel Aguirre Aguilera, subsecretario de Transporte del Estado, andan, si no “de la greña”, sí por lo menos entre discretos piquetes de ojo, sacadas de lengua, puntapiés bajo la mesa, y jalando cada quién por su lado en el asunto del transporte, en un juego de egos y medidas de fuerza del que –dicen– no está exento el secretario de Gobierno del Estado.
Sí, el mismo que durante la Primera Audiencia Pública sobre el JuárezBus realizada a mediados del pasado mes de octubre juró, rejuró y recontra juró a nombre de la mandataria estatal, que vamos a tener “el mejor sistema de transporte público de Juárez, de toda su historia”.
Lo que no dijo es cuándo, dónde, a qué hora, y de dónde van a sacar el presupuesto para que esto pueda ser una realidad, cuando al mismo tiempo están anunciando un programa de ampliación de la Ruta Troncal de la ciudad de Chihuahua, en el que el Gobierno del Estado aportará 150 de los 254 millones de pesos que costará el proyecto.
Las mismas e informadas fuentes hicieron saber a este Mirone que ya se han tenido acercamientos con las compañías armadoras para solicitar presupuestos y posteriormente licitar la compra de camiones nuevos para renovar la flota con que contará este proyecto destinado a la capital. Una compra que, además, contaría con recursos que en buena parte también serán otorgados a modo de subsidio por el Gobierno del Estado.
Con un BRT 1 en total abandono (excepto acciones de desyerbamiento de camellones por parte de la SCOP para que no digan que no se está haciendo algo) y un BRT 2 que en su fase preoperativa empieza a tener visos de crisis por la falta de mantenimiento, improvisaciones, fallas en el servicio y pleitos con los concesionarios de líneas como la Poniente-Sur, el augurio no es nada bueno. Ni el en futuro inmediato, ni al parecer en lo que resta de la presente administración estatal.
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El pasado 17 de noviembre, la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado bateó directo y sin strikes una iniciativa que la bancada de Morena presentó para exhortar al Gobierno del Estado a abrir, de manera temporal, los carriles confinados de la ruta BRT 1 para el tráfico vehicular, al menos durante la temporada decembrina.
Fue la diputada morenista Magdalena Rentería, quien presentó la iniciativa en la que se exhortaba a la Subsecretaría de Transporte a la apertura del carril confinado, reforzar la vigilancia en las estaciones, e invitar amablemente a quienes conducen las unidades oficiales que están autorizadas a circular por esta vía en situaciones de emergencia, a que “por favorcito” no lo hagan a exceso de velocidad.
“Apoyamos las propuestas para modernizar el transporte, siempre que no se convierta en una pesadilla”, fue lo que dijo en referencia a las rutas troncales.
Según la legisladora, la iniciativa –que derivó en una larga confrontación de bancadas hasta que Adriana Terrazas anunció que la iniciativa se enviaría a comisiones para su análisis y posterior dictaminación– surgió a raíz de la queja interpuesta por un ciudadano, quien sufrió un asalto a la altura de una de las estaciones actualmente abandonadas de la ruta troncal.
Lo que la diputada Rentería no mencionó, es que tales demandas son prácticamente idénticas a la que desde finales de junio pasado y hasta la fecha han estado presentando ante las autoridades de Transporte, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y al secretario de Gobierno, un grupo de transportistas y activistas de organizaciones como “Juntos por Juárez”, entre otras.
En ese momento la postura estuvo inicialmente enfocada al retiro total de la infraestructura del BRT 2, petición que fue denegada arguyendo esencialmente la inversión ya generada, pero ofreciendo posibles adecuaciones al sistema y la posibilidad de negociar otros aspectos.
Entre tales aspectos se contemplaba el uso compartido del carril confinado, tanto de la troncal de avenida Tecnológico y Triunfo de la República, como del BRT 1.
Las coincidencias en cuanto a las demandas son muy grandes, según señala Jesús Salado, uno de los activistas que junto a representantes de al menos ocho coaliciones ciudadanas opositoras al BRT, estuvieron a punto de echar abajo la audiencia pública anunciada con bombo y platillo y celebrada el pasado 13 de octubre en el Pueblito Mexicano.
Difícil se le puso ese día la situación al secretario de Gobierno, César Jáuregui cuando, en un intento por evitar confrontaciones, salió a dialogar con los activistas, logrando solventar la situación con el compromiso del funcionario de recibirlos en una reunión posterior a la audiencia.
Sean coincidencias o intentos de agandalle, la propuesta de que los carriles confinados puedan integrarse en un uso compartido con los vehículos particulares, por ahora está en el aire.
Faltaría ver si eso contribuye o no a mejorar la actual situación de movilidad que, ante la desincronización de semáforos, el deterioro de las vialidades y la circulación simultánea de camiones tradicionales, se vuelve más tortuosa, especialmente en las llamadas horas pico.
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La misa en honor al señor Francisco González Valdez, padre del exfiscal Francisco G.A., se convirtió en una suerte de mitin político en favor del abogado actualmente procesado, y en contra de las acciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado, y también en contra de la gobernadora de Chihuahua, a quien nunca mencionaron por su nombre.
El templo del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado casi en el centro de la ciudad de Chihuahua, recibió a familiares del fallecido y del exfiscal González, pero también, a la fracción no panista del Gabinete de Corral y al mismo exgobernador.
Ahí estaban Víctor Quintana, exsecretario de Desarrollo Social; “Pety” Guerrero, de COEPI, quien se sentó junto a Cinthia y Corral; Concepción Landa, exsecretaria de Cultura, y Eduardo “Lalo” Fernández, de Salud, por mencionar algunos.
De la parte panista, destacó la presencia de la activa diputada federal Patricia Terrazas, quien no solo asistió, sino que se encargó de hacer las lecturas y hasta tomó la comunión. Antes de ser diputada federal, “Paty” Terrazas fue subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda en el Gobierno federal.
Estaba ahí, también, Blanca Gámez, expresidenta del Congreso, tres veces diputada por el PAN –una federal y dos locales– pero que siempre ha tenido un pie colocado en las organizaciones de la sociedad civil.
Corral, sentado en el extremo derecho –visto desde el altar– de la segunda fila, escuchó con atención las palabras del padre Camilo Daniel, que tanto se parecen al discurso que él expresa acerca de la detención del exfiscal.
“No nos cae de sorpresa, aunque sí de profunda indignación y consternación, que se le haya dictado formal prisión al exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, bajo el cuestionable cargo de tortura psicológica hacia los implicados de corrupción. Fácilmente podemos intuir que se trata de criminalizar el ataque a la corrupción”, dijo el clérigo y veterano activista social, desde el púlpito.
“Hay que mantener despierta la resistencia y la rebeldía”, llamó, a su vez, el padre Javier Ávila, quien meses atrás ofició la misa de cuerpo presente de los sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui.
“Está subiendo la indignación ante un sistema fallido, muy equivocado en la procuración de justicia”, agregó.
Al final de la misa, abrazos y condolencias a los familiares, pero también, una fila de personas esperando saludar a Javier Corral, quien, en entrevista “a la salida”, dijo que “no hay ni para dónde voltear”, por eso, mejor se convertirá en librero, pues anunció la próxima inauguración de una librería y centro cultural.
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Alguien no está haciendo su chamba. Esta es la sospecha que surgió luego de un incidente que se dio días atrás en el despacho del presidente Cruz Pérez Cuéllar.
Los protagonistas fueron el regidor Joob Quintín Flores, coordinador de la fracción panista, y Verónica Morales Medina, directora de Desarrollo Urbano.
La historia se remonta a mediados de año, en Cabildo, cuando se autorizó un proyecto para diseñar y esculpir un busto dedicado a Manuel Gómez Morín; que a estas alturas ya debería estar erguido en un área verde de la avenida del mismo nombre, enfrente del fraccionamiento Rincones de San Marcos.
Los meses pasaron y el evidente retraso, inquietó al coordinador panista que en la sesión pasada de Cabildo, reclamó a Pérez Cuéllar, temeroso de que el presupuesto no pueda ejercerse, estando a un mes de que termine el año.
El alcalde lo citó ipso facto en su despacho. Para cuando Joob llegó ya estaba la directora de Desarrollo Urbano, quien empezó a ofrecer muchas explicaciones.
El regidor se reservó sus comentarios para cuando llegara el alcalde. La directora Morales le dijo que el próximo 30 de noviembre, la Oficialía Mayor liberaría el pago de un cheque al escultor de la obra, equivalente al 10 por ciento del valor del contrato, para que pudiera comenzar.
Sin embargo, la Oficial Mayor aseguró que no tenía conocimiento sobre la liberación del cheque para el artista.
Lo cierto es que alguien no está haciendo su chamba y no le dice la verdad al presidente, no en balde al interior del Cabildo hay voces que se preguntan si es en esa dirección en donde está el hoyo negro de todos los males o simplemente intentan convertirla en un chivo expiatorio.