Bien lo adelantó mi pariente, la Doña Mirone en Norte de Chihuahua, cuando señaló que había salido el peine en torno a la serie de acusaciones públicas que se aventó Antonio Pinedo, el excoordinador de Comunicación Social en la primera parte del quinquenio corralista, contra el que había sido no únicamente su patrón, sino su amigo y casi hijo putativo.

“Pinedo contra Corral y la Fiscalía contra Pinedo” se publicó el 11 de septiembre, luego de que el periodista juarense salió a colgar un amplio rosario de calificativos contra Corral, en tres entregas publicadas en su propio portal.

El caso es que se le había revocado la suspensión provisional en los amparos y, a la vista de todos, salió -ahora se confirma- oficiosamente a ofrendar toda la información disponible contra la persona más odiada por el actual régimen estatal, con tal de obtener una especie de perdón.

No le resultó y la Fiscalía Anticorrupción de Abelardo “El Bayo” Valenzuela finalmente vino por él a Ciudad Juárez, donde se paseaba como si, efectivamente, contara con algún tipo de manto protector.

Pero era prófugo de la justicia por el caso del desvío de 9.3 millones de pesos, la suma de varios contratos que de la Coordinación de Comunicación Social se entregaron a empresas vinculadas con su pareja sentimental, Abril Susana del Pilar, hermana de la directora administrativa de la dependencia durante la gestión de Pinedo, Araly Cristina Paulina del Rocío.

Nunca se quiso presentar voluntariamente ante el juez, luego se amparó, pero al quedar sin efectos los amparos, se hizo efectiva la orden de aprehensión. De las afueras del restaurante Sanborns de la Paseo Triunfo de la República, fue llevado directito hasta el penal de Aquiles Serdán, allá donde se hospeda el exgobernador César Duarte.

Seguramente hoy será presentado ante el juez. En ese mismo expediente, la Fiscalía Anticorrupción logró que un juez vinculara a proceso a las hermanas que participaron en el armado de los contratos donde tenían su interés personal.

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Algo huele mal en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) del Centro de Población que para Juárez inició desde junio del 2022.

Desde hace por lo menos dos meses, el documento con la propuesta técnica que realizó el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) está en la mesa de la directora general de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal, Claudia Verónica Morales Medina.

Los académicos y especialistas en desarrollo urbano que le han dado seguimiento al tema, andan harto preocupados por el manoseo y los retrasos que han marcado la elaboración de ese documento rector, clave en la definición sobre cómo y hacia dónde deberá crecer la ciudad.

Desde principios de año, el director del IMIP, Roberto Mora Palacios, adelantó que la propuesta quedaría lista a más tardar en abril. No ocurrió así. Con tres meses de rezago, finalmente se entregó el trabajo a Desarrollo Urbano para su visto bueno, pero, desde entonces, todos los interesados en el tema están esperando conocer cómo quedó la redacción final.

El proceso todavía deberá seguir con la consulta pública legal de 60 días, con todo y que en la elaboración de la propuesta inicial ya se recibieron sugerencias de los especialistas. El IMIP debió incorporarlas al documento base, que al final del camino deberá pasar por la aprobación del Ayuntamiento en pleno.

Todo mundo le ha preguntado a Mora Palacios qué pasó y éste simplemente responde que el documento se entregó a Morales Medina. Formal y oficialmente nadie ha informado los plazos para continuar con todo el procedimiento.

Lo único que se sabe es que se le están haciendo ajustes. Lo preocupante ahora es bajo qué criterios se están haciendo los cambios.

Lo que ha quedado bastante claro en materia de desarrollo urbano, es que esos criterios tienen que ver más con intereses económicos y políticos, que con conceptos técnicos de sostenibilidad y sustentabilidad de la ciudad.

¿A quién se va a beneficiar y a quién se va a perjudicar con el ajuste y definición de criterios?, justo es eso lo que está en juego y genera alarma y preocupación.

¿Cómo están moldeando el documento o qué condicionantes o candados están rasurando para allanarles, una vez más, el camino a los desarrolladores inmobiliarios que siguen desdoblando la ciudad sin importar el rezago en infraestructura, servicios y equipamiento?

Tampoco son gratuitas las suspicacias sobre lo que puede estar ocurriendo en la mesa de Desarrollo Urbano. Su titular, licenciada en Comercio Exterior y Aduana, viene justo del sector inmobiliario privado.

Ahí están su expertise y sus intereses. Cuando asumió el cargo, incluso hubo denuncias de organizaciones de la sociedad civil respecto a un evidente conflicto de interés.

Prácticamente todos los proyectos privados que le presentan los desarrolladores, pasan sin problema alguno. Luego los regidores y regidoras tampoco tienen problema en dar su aval. Están autorizando cambios de uso de suelo por toda la ciudad, como si firmaran cualquier solicitud para una beca o una despensa.

Como botón de muestra está justo el caso que publicó Norte Digital apenas el miércoles. En la Comisión de Desarrollo Urbano se aprobó un cambio de uso de suelo para que se pueda construir un parque logístico para la industria, en una zona inundable conocida como Zaragocita, allá por la carretera Juárez-Zaragoza y el Libramiento Independencia.

Se supone que el predio estaba reservado para construir un vaso de captación, pero ahora lo quieren aprovechar para atender los requerimientos que marca el nearshoring, ofreciendo como solución la construcción de un canal de dos kilómetros para conducir el agua de lluvia.

Ni siquiera quedó claro quién y con qué recursos se construiría esa infraestructura, pero ya le dijeron sí al desarrollador, a propuesta de la directora de Desarrollo Urbano.

Cuando en un futuro lleguen las lluvias atípicas y el agua recupere su memoria, va a andar la ciudad buscando culpables. Lo bueno es que responsables sí que van a quedar muy ubicables.

Total que seguirá el desorden urbano, mientras que el PDUS se ajusta para no afectar en lo más mínimo los intereses de los desarrolladores y promotores inmobiliarios.

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El zafarrancho que se desató en San Lázaro dio mucho de qué hablar desde la tarde-noche del miércoles, sobre todo porque la que se llevó un buen moquetazo fue la diputada chihuahuense, Rocío González.

Varias horas después, todavía le ardía el cachete y por eso este Don preguntó más detalles sobre el incidente. Resulta que ni siquiera fue la diputada trans de Morena, María Clemente García la que la golpeó, sino Marisol Gasé, quien se identifica a sí misma como activista y cabaretera, además de legisladora por la 4T.

Quienes ahí estuvieron cuentan que Rocío González, la diputada por el Distrito 08 de la capital del estado, fue agredida por Gasé con una máscara de látex que tenía el rostro de Felipe Calderón.

En plena sesión en la que se discutía sobre la política fiscal federal, algunas diputadas chihuahuenses del PAN que hacen equipo con Margarita Zavala, apoyaban en tribuna a sus aliados del PRI, cuando las morenistas intentaron tomar el mismo espacio.

Gasé particularmente se enfocó con Margarita Zavala, mostrándole y arrimándole la máscara de Calderón. Rocío se atravesó en defensa de su “amiguis” con un cartón en la mano y una leyenda a favor de Xóchilt. Ahí fue cuando recibió el golpe seco en la cara.

Siguieron la gritería y los empujones. La propia Gasé también denunció que recibió otro golpe directo de una panista muy brava, Teresa Castell. Así que Teresa respondió por Rocío, pero desató la furia de la diputada trans, María Clemente, quien se le echó encima y profirió varios insultos para las diputadas panistas y priistas.

Claro que en Chihuahua siguieron las reacciones. Desde la capital del estado, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso salió a condenar la agresión en San Lázaro. Las legisladoras pidieron sororidad a todas las mujeres y en general solicitaron congruencia a todos los actores políticos que en el discurso defienden los derechos de las mujeres.

La posición panista se convirtió en reflexión en torno a la forma en que, en la Torre Legislativa, suelen encenderse los ánimos que llevan a los insultos. La idea es que no vaya ocurrir en Chihuahua lo que ya le pasó a Rocío en la Ciudad de México.

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Aquí comentamos ayer las grillas adelantadas por la sucesión en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), por lo que le llegó a Mirone un poco más de información sobre el tema.

Manejamos los nombres que se han escuchado como suspirantes (Oscar Ibáñez, Guadalupe Gaytán, Francisco Llera, Flor Rocío Ramírez, Juan Francisco Hernández y Daniel Constandse) en un escenario en que los grupos o influencias morenistas no lograran articular alguna alternativa.

Pues resulta que no se ve cómo podría surgir algo desde adentro o desde afuera, pese a que en las bases docentes hay muchas afinidades y conexiones a la 4T. El problema mayor es que el grupo más ubicado a la izquierda y que operó en procesos anteriores, ha quedado prácticamente desarticulado.

Una figura clave era Manuel Loera de la Rosa, en esas lides y causas incluso desde antes que apareciera su hermano Juan Carlos en la escena política de Morena. El profe Loera ya se jubiló de la Uni, aunque sigue activo en la administración pública federal, allá en la Ciudad de México, justo en el gobierno de la 4T.

Al grupo no le fue bien cuando intentó hacerse de la rectoría bajo la candidatura del propio Loera en el 2018, y tampoco pudieron colocarse en posiciones clave de la estructura universitaria.

Así que no traen influencia formal, más allá de que algunas figuras docentes destacan en la grilla morenista, como el diputado Benjamín Carrera o la diputada Leticia Ortega Máynez. No traen proyecto adentro de la Uni, con todo y que hayan estado a la cabeza de los comités ganadores de #EsClaudia.

Además, otros liderazgos de mucho respeto en la izquierda también se han jubilado, como es el caso del Doctor Víctor Orozco, quien como buen luchador social sigue con sus causas justas, pero ya no vinculado a la universidad.

Sin embargo, no quiere decir que nadie se haya cuestionado el qué hacer en ese escenario, servido para el grupo panista dominante a nivel estatal. Justo ayer supo este Mirone que en una reunión del sindicato del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, particularmente los representantes de Derecho, hablaron de no permitir intervenciones externas o imposiciones, incluso de cierto resquemor de que la UACJ sea “tomada” por “la ultraderecha”.

Falta ver si todo queda en simples comentarios o les alcanza para algo más.