De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU y del Banco de México, en el 2021 nuestro país recibió 3 mil 800 millones de dólares más, por concepto de remesas, que en el 2020, enviadas por los mexicanos migrantes residentes en los Estados Unidos.

El informe https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/ precisa que los 11 millones de mexicanos que trabajan en la Unión Americana transfirieron poco más de 43 mil millones de dólares en el 2020, mientras que Banco de México informó que en el 2021 el país recibió 43 mil 800 millones.

Aunque el informe del 2020 no precisa cifras al alza y el Banco de México no explica el incremento del 8 por ciento en las remesas en un año, los especialistas en el tema migratorio lo atribuyen al aumento de mexicanos que sin documentos legales llegaron al sueño americano.

Los números de detenciones y deportaciones del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en el año fiscal octubre 2020 y septiembre 2021, registran la cifra más alta de intercepciones de migrantes nunca antes vista, con 1.7 millones a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera con México.

De esa cifra, poco más de 600 mil corresponden a mexicanos detenidos, pero no cita cuanto tiempo tenían residiendo y trabajando en los Estados Unidos al momento de su deportación.

La trascendencia de estos datos estriba principalmente en el hecho de que, a pesar de la pandemia, de las restricciones y la contracción de la economía, los mexicanos migrantes nunca dejaron de enviar dinero a sus familias en México y, por el contrario, aumentaron los montos.

Lo dice claramente el informe de la OIM, cuando califica a los trabajadores migrantes como “agentes del desarrollo humano global”, pues aportan a la productividad del país en el que residen y envían remesas al lugar del que provienen.

Desgraciadamente, es en este su país donde no se les valora ni se les agradece, al contrario, se les extorsiona cuando apenas van en busca de su sueño y después cuando regresan convertidos en paisanos.

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¿Con qué ojos? Divino tuerto, le van a contestar al diputado Omar Bazán por su iniciativa para que se apliquen pruebas anticovid de manera masiva, a fin de reforzar la ley que regula el uso obligatorio de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad Covid-19 en el estado de Chihuahua.

Si bien es cierto que la propuesta del legislador priista es buena, y si no pretende que se quede en buenas intenciones o simple rollo de tribuna, primero deberá resolver el problema del recurso que se necesita para comprar las pruebas y aplicarlas de manera gratuita.

Si con las vacunas, que se suministraron sin costo alguno, hubo resistencias y hoy en día siguen miles de personas sin aplicársela por motivos religiosos, supersticiones y toda clase de fundamentos marcianos, imaginemos la respuesta ciudadana si se llegan a instalar los módulos de pruebas que no sean gratuitas.

Mucha razón tiene Omar cuando dice que sólo con medidas extraordinarias podremos superar esta situación extraordinaria que ha generado la cuarta ola de la pandemia, pero para hacerlas efectivas se requieren muchos cientos de millones de pesos, que ni el Gobierno municipal ni el estatal tienen en estos momentos.

Si las adecuaciones a dicha ley pretenden la práctica obligatoria de la prueba de detección de Covid, debemos anticipar que habrá muchas resistencias, porque nadie está obligado a gastar lo que no tiene y menos en aquellos hogares que subsisten con el sueldo mínimo.

Aunque el Gobierno federal comenzó a aplicar gratuitamente las pruebas en la Ciudad de México, no podemos esperar que atiendan la sugerencia de Bazán y nos las manden en caliente, por el simple hecho de que en este momento la capital del país es el principal caldo de cultivo de contagios a nivel nacional, y lo principal, es el centro del poder federal de la 4T.

Pero si lo que pretende su iniciativa es reforzar la ley, que obliga a adoptar las medidas preventivas contra el virus, pues entonces lo primero que deberían hacer es aplicarla a rajatabla en lo más simple, que es el uso del cubrebocas.

La ley que todos ignoran, en el más amplio sentido de la palabra -porque nadie la conoce y por lo tanto nadie la respeta- es hasta ahora letra muerta. Fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de noviembre del 2020 y a partir del 24 del mismo mes, se comenzarían a aplicar multas a quienes que no la acataran.

Hasta ahora nadie ha informado de cuantas multas se han aplicado, ni los montos recaudados, ni el destino que se le ha dado a esos recursos.

¿Dónde está el informe del número de ciudadanos sancionados por no usar cubrebocas? Lo único que están haciendo es seguir sangrando la gallina de los huevos de oro con sus nefastos operativos en comercios formales, exactamente como ocurrió desde que en el gobierno de Francisco Barrio se implementó la Ley de Alcoholes.

Con visitas a los negocios de restaurantes, bares, antros y cantinas, las tristemente célebres células Covid interpretan la ley a su conveniencia para “vacunar” a los comerciantes a su criterio; por aforo, por la presencia de menores, por horario o por lo que se les ocurra en ese momento.

Muy efectivo sería que las pruebas fueran gratuitas y se aplicaran en toda la ciudad, pero se requieren millones de reactivos que ninguna instancia de Gobierno ha dicho hasta ahora: yo las pago.

Actualmente las pruebas de antígeno más baratas, que van de los 200 a los 350 pesos, se aplican en cadenas de farmacias. En los hospitales y clínicas particulares llegan a costar hasta 900 pesos.

A pesar de esos costos, los centros de pruebas se han visto saturados solamente por personas que pueden pagar por toda su familia, cuando tienen la sospecha de estar contagiados.

Si lo que la ley obliga como acción primaria es la prevención con el uso de la mascarilla facial, deberían comenzar por difundir una campaña que le diga a la gente dónde les pueden regalar los cubrebocas y luego pasar a implementar la obligatoriedad de su uso, cuando todo mundo cuente con ellos, porque también cuestan.