Igual de grave que la venta de licor adulterado en bares, pero más peligroso, porque implica adicciones, es la venta de drogas de todos colores y sabores que ahora se realiza también en la modalidad de “pago por descorche” en esos establecimientos.
El pago por descorche en bares y antros de cualquier parte del mundo, se refiere a impuesto que cobran los negocios para que el cliente consuma su propia botella de licor, pero en Juárez, lo utilizan los vendedores de drogas para cobrarle a los que llevan su propio estupefaciente.
Es decir, aquellos clientes que no consumen lo que los narcomenudistas venden en el establecimiento, están obligados a pagarles un derecho o, tienen dos opciones, abandonar el lugar o recibir una golpiza.
En esta nueva modalidad, los propietarios se hacen de la vista gorda por el peligro que representan quienes están detrás del negocio, y hasta toleran que meseros y capitanes de servicio participen en el lucrativo y criminal comercio de las drogas.
El problema de venta de narcóticos se ha extendido a bares y antros en todos los rumbos de la ciudad, pero es en las plazas comerciales de las llamadas zonas doradas, donde el “cobro por descorche”, ha tenido más auge.
De esto, las autoridades policiacas se lavan las manos, con el argumento de que mientras no existan denuncias de los propietarios no pueden hacer nada, pero, cuando operaban las células mixtas que realizaban revisiones en el interior de bares y antros, supuestamente seleccionados aleatoriamente, no necesitaban autorización para entrar y esculcar a clientes y empleados.
Entonces, ¿por qué no lo hacen ahora cuando es una verdad pública que, en la mayoría de los establecimientos de venta de licor y cerveza por copeo, están infestados de narcomenudistas?
No necesitan ser muy sagaces para detectar los lugares donde se venden drogas. Basta con enviar a compradores encubiertos para ubicar a los envenenadores públicos y a los empleados cómplices, que en su doble trabajo ganan más en un día que el sueldo que reciben por semana. Se los dejamos de tarea.
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Javier Corral escribió en el portal de Carmen Aristegui un mamotreto de más de 7 mil 500 caracteres para defender al exfiscal de los Expedientes X, Francisco G. A., en el que ahora acusa también a los medios de comunicación de participar en la supuesta operación del Gobierno del Estado, para desacreditar las investigaciones que hizo contra la corrupción en su quinquenio.
Como articulista invitado en el medio digital, el exgobernador hace un recuento de la llamada Operación Justicia para Chihuahua y las acciones legales que se ejecutaron mediante los Expedientes X, para al final echarse flores como “un referente nacional en el combate a la corrupción y la impunidad”.
En esa crónica desglosa, a su conveniencia, diferentes cifras en cientos de millones de pesos que presume como dinero recuperado para el Estado, pero estos números no coinciden con los que declaró en su momento como gobernador.
Lo nuevo en su colaboración es que ahora culpa a los medios de comunicación de formar parte de la estrategia de Maru Campos, para sofocar el asunto de Francisco G. A. en la opinión pública nacional y convertirlo en una “brutal distorsión” a nivel local.
En su loco desvarío, Javier alucina que la polarización que atrapa a la Nación se ha trasladado a un buen número de medios de comunicación que “militan” abiertamente en la defensa de los bandos enemigos gobierno-oposición.
Luego, ya encarrerado, mezcla lo que pasa en el escenario nacional con el asunto que es materia de su artículo, para afirmar que los medios brindan protección, mediante la concesión o el silencio, a las contradicciones y fechorías de la disputa 4T – PRIAN. ¿Dónde quedó la bolita?
Corral cita un reportaje del periódico La Jornada, publicado en octubre del año pasado, que a ocho columnas cabeceó: “Creó Corral centro de acoso político para inculpar a opositores”, y asegura que fue un encargo de la estrategia de defensa de Duarte-Campos-Beltrones, para iniciar la treta que triangularon incluso con la CNDH, para acusar a los operadores de Justicia para Chihuahua, de que habrían arrancado declaraciones a testigos mediante “tortura psicológica”.
Las elucubraciones del exgobernador se van también en contra de Ciro Gómez Leyva, por una entrevista que le hizo a la gobernadora, supuestamente a la medida, para que hablara de testigos coaccionados vía tortura.
En ambos casos no aporta ninguna prueba, pero deja muy claro que, fiel a su estilo, culpando a los medios de todos sus males, como lo hizo cuando comenzó su quinquenio en el 2016, se victimiza y puede resultar favorecido en el juicio de la opinión pública que, por ahora, no le favorece.
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Cuatro meses han transcurrido sin que 200 padres de familia de estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chihuahua reciban el reembolso del pago que hicieron por la compra de los uniformes “fashion” de 2 mil 300 pesos cada uno.
Ni las balconeadas que les han dado los padres de familia al proveedor Uniformes Chihuahua y a la Dirección del Cobach, ni los exhortos que les han hecho desde el Congreso del Estado, para que regresen el dinero, han servido hasta ahora.
En las redes sociales siguen apareciendo quejas de las familias que no han podido recuperar el dinero y a quienes han traído a vueltas durante más de 100 días en las oficinas de la empresa que hizo la tranza, pero también en la Dirección General de Bachilleres.
Las últimas noticias que difundieron, con el hastag #cobach #fraude #robo, fueron en el sentido de que, por un lado, a varias personas les habían dado un número telefónico para contactarse con el proveedor, pero ya dejaron de responderlo, mientras que a otros padres de familia les dijeron que estaban cambiando de administración en la empresa y que no sabían lo que pasaría con su reclamo.
Total, que hasta los directivos del sistema escolar ya se lavaron las manos y le echan la pelota a diferentes instancias de la Secretaría de Educación para que tome el toro por los cuernos y resuelva el problema.
La diputada local Rosana Díaz, dijo que son 200 las familias por las que ella ha intervenido en el Congreso en dos ocasiones, pero los exhortos que se han hecho a la Secretaría de Educación Pública para que obligue al proveedor a regresar el dinero, han sido ignorados.
Muy influyente ha de ser el propietario de la firma de uniformes para que a nadie le haga caso y se pase por el arco del triunfo hasta los acuerdos del Congreso. El abogado Javier González Mocken tiene la palabra.
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El líder del Senado de la República y muy posible candidato de la oposición a la Presidencia de la República, Ricardo Monreal, estará en la ciudad de Chihuahua el próximo domingo en el primer informe del senador Rafael Espino.
Su presencia fue confirmada por el equipo de Espino, quienes informaron que también estarán los senadores César Cravioto, operador de las confianzas de Claudia Sheinbaum; el exrector priista José Narro, a la campechana morenista Rocío Abreu, así como la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, entre otros grillos pesados que vienen.
Lo interesante del asunto, es que Espino ha sabido tejer fino con Tirios y Troyanos, para juntar en el mismo escenario a senadores antagónicos de su mismo partido, y también a la que jefa de su adversario político, Juan Carlos Loera, con quien no hay química.
El informe se realizará en un salón de conocido hotel de la avenida Universidad a las 12:00 horas, pero a las 10:30, ofrecerá una conferencia de prensa con todos los senadores que lo acompañarán en la rendición de cuentas.