El proceso de elección de personas juzgadoras nos está arrojando, a puños, múltiples novedades electorales que, en la vorágine de las campañas, apenas si logran procesarse y asimilarse, por parte de la ciudadanía, las propias candidaturas y hasta las autoridades electorales.

Desde que el 11 de septiembre de 2024 se aprobaron los cambios en la Constitución General para introducir el voto popular, las reformas a leyes secundarias y las armonizaciones estatales se realizaron a contrarreloj y se definieron los calendarios que se han ido cumpliendo atropelladamente.

Las ruedas de la nueva maquinaria judicial se están cambiando, literalmente, sobre la marcha. Hablamos de la reforma más importante al sistema judicial desde 1994, cuando la Suprema Corte se redujo de 26 a 11 asientos y se creó el Consejo de la Judicatura.

En realidad, tenemos dos trenes, uno federal y otro estatal, que corren por vías distintas, pero que llegarán al mismo destino el 1 de junio.

La reforma judicial federal quedó plasmada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, y apenas tres meses y 10 días después, el 25 de diciembre, la reforma a la Constitución de Chihuahua cobró vigencia al publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

De manera emergente se tuvo que reactivar el Instituto Estatal Electoral y para el 28 de diciembre ya estaba instalado su Consejo, para declarar formalmente el inicio del Proceso Electoral Extraordinario.

El proceso legislativo que llevó a la aprobación de la Ley Electoral Reglamentaria para Elegir Personas Juzgadoras del Estado el 22 de enero de este año, así como su aplicación, no han estado exentos de pifias, complicaciones e impugnaciones.

Y eso que a nivel estatal se tuvo la oportunidad de robustecer leyes secundarias que en el plano federal quedaron con más lagunas, suplidas todas con múltiples acuerdos y lineamientos que sobre la marcha ha tenido que emitir el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para el 10 de enero, ya se había publicado la convocatoria dirigida a las personas con interés de participar en las candidaturas para renovar completamente el Poder Judicial del Estado, en cuanto a los 270 cargos de juezas y jueces de primera instancia y menores, así como las 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y las 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

En el plano federal, se renueva completamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la reforma redujo de 11 a 9 los espacios para ministras y ministros), pero únicamente la mitad (lo que fue decidido por tómbola) de las jueces y juezas en Juzgados de Distrito y las magistraturas de Circuito.

En total son 881 cargos federales los que serán renovados y votados. Hablamos de espacios para 464 magistraturas y 386 juezas y jueces, además de las 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF y las 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

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Para el caso particular de la elección del Poder Judicial en Chihuahua, el proceso formal había cerrado con 856 candidaturas.

Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF le tuvo que enmendar la plana al Congreso de Chihuahua, instancia que, aunque suene contradictorio o paradójico, había incumplido el procedimiento que los legisladores habían plasmado en la reforma a la Constitución local.

El Poder Legislativo envió al Instituto Estatal Electoral (IEE), el listado únicamente de candidatos a jueces y juezas que integró su Comité de Evaluación conformado por expertos en Derecho, pero excluyó sin justificación alguna, la lista de las personas aspirantes a las magistraturas que habían cumplido con todos los requisitos y habían pasado filtros y hasta insaculaciones.

Eran 94 las personas borradas, aunque únicamente en 48 casos se les estaba excluyendo de las boletas electorales, ya que 46 de ellas lo habían conseguido por la vía de los otros dos poderes (Ejecutivo y Judicial), ya que las convocatorias eran independientes y cada poder nombró su propio Comité de Evaluación, dejándole a esa instancia (conforme a la nueva ley) la facultad de seleccionar los mejores perfiles y operar la insaculación en los casos en donde fuera necesario.

Por decisión de la mayoría que en la Junta de Coordinación Política y en el Pleno del Congreso conformaron los bloques de PAN y PRI, apoyados por PT, Verde y MC, se decidió serruchar a los aspirantes pese a que habían cumplido el procedimiento, así que la pifia fue enmendada por la Sala Regional que ordenó a la Mesa Directiva enviar el listado completo al IEE.

Una maniobra política estuvo detrás de la forzada intentona que llevó al desliz, ya que algunos perfiles contestatarios (unos externos y otros ya integrados al sistema judicial) no gustaron en el círculo de poder y en su contra se armó una narrativa que los vinculaba con Morena, con el exgobernador Javier Corral o con la exconsejera de la Judicatura, Lucha Castro.

Se les pretendió cerrar el paso, tumbando la lista completa de magistraturas, pero las partes actoras hicieron valer que la Jucopo carecía de atribuciones para modificar el listado de postulaciones que le remitió el Comité de Evaluación Legislativo.

Antes de llegar hasta la Sala Superior, el Tribunal Estatal Electoral había rechazado sus argumentos, concediéndole de alguna manera soberanía al Congreso del Estado para pasar por encima de los propios procedimientos que había creado.

Sin embargo, para la Sala Superior, fue tan clara la intencionalidad de no observar el procedimiento marcado en el artículo 101 de la Constitución de Chihuahua, que no ordenó reponer el procedimiento de su aprobación por el Pleno, sino pasar directamente la lista, para no arriesgar más a las y los aspirantes, a quienes ya se les habían violentado sus derechos políticos, por una conducta reiterada por la mayoría de quienes integran la Jucopo y el Congreso en Pleno.

Así que ahora las candidaturas estatales suben a 904. Aparte, tenemos 150 candidaturas federales. De ese número, 72 corresponden a magistraturas y 78 a jueces y juezas de Distrito.

Sumando las federales y las estatales, el total es de mil 54 candidaturas que ya están solicitando el voto en territorio chihuahuense.

Aparte, están las 95 candidaturas que estarían recorriendo las cinco circunscripciones que atienden las 5 salas regionales en que se divide el país. De esas 95, 17 candidaturas tendrán que pedir el voto en Chihuahua, estado que se ubica dentro de la primera circunscripción.

En Chihuahua deberán hacer campaña, también quienes piden el voto a nivel nacional, tanto las 64 candidaturas a ministras y ministros de la Corte, como las 15 candidaturas a magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF.

Otras 38 candidaturas corresponden a quienes aspiran a llegar al Tribunal de Disciplina Judicial.

Así que, en realidad, el universo de candidaturas para Chihuahua, corresponde a mil 135.

De esa magnitud es la complejidad del proceso que ahora está inmerso en el periodo de campañas, rumbo a la elección del 1 de junio.

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Hasta hoy, siete días han transcurrido en las campañas para elegir a personas juzgadoras, por lo que faltan otros 53 más.

Contrario a lo que pasa en campañas ordinarias para cargos en el Ejecutivo o el Legislativo, hoy está ausente la spotización en tiempos oficiales de radio y televisión.

Sí se mantiene como una prerrogativa para las personas candidatas, pero aún no se opera la distribución que, ante tanta opción, dejaría espacios casi simbólicos a las distintas candidaturas, además de que se mantendrán los mayores espacios para las autoridades electorales.

Lo que sí ha ocurrido es una saturación en redes sociales, aunque está prohibido el pautaje o pago para promocionar, por lo que la circulación de las publicaciones debe mantenerse de manera orgánica. Lo que está pasando, es que además de las propias candidatas y candidatos, sus familiares, amigos o conocidos reproducen las publicaciones en sus propias redes.

Y como no está permitido el financiamiento público ni privado, la opción sin costo de redes como Facebook, X, e Instagram, es la más utilizada.

El tema de qué se está publicando para la promoción de las candidaturas dio esta semana en Chihuahua una nota que se convirtió incluso en tendencia nacional, luego de que se viralizaron las imágenes de María de Lourdes Ríos Ramírez, candidata a jueza penal del Distrito Judicial Morelos, con cabecera en la capital del estado.

La litigante Ríos Ramírez utilizó un diseño publicitario para pedir el voto, en el que incluyó su fotografía de cuerpo entero, luciendo un vestido corto y mostrando las piernas.

Múltiples publicaciones tomaron no únicamente ese banner o anuncio publicitario, también desplegaron otras fotografías recientes o anteriores en las que viste traje de baño, lencería o minifalda. Cuando Ríos hizo la publicación anunciado el arranque de su campaña, en la foto de portada de su perfil, lucía un bikini en la playa.

Un día después del arranque de las campañas, la misma candidata posteó en sus redes, otra fotografía con un outfit ejecutivo y moderno, detallando su trayectoria como abogada y su formación profesional, bajo el siguiente mensaje inicial: “Bueno, ya que tengo la atención de la ciudad y al parecer de algunos estados de la República me presento”.

Las fotografías se reprodujeron en infinidad de medios electrónicos y en las redes sociales, en donde abundaron descalificaciones a su persona (mayormente comentarios sexistas y misóginos) y a la reforma judicial que introdujo el voto popular para la elección de personas juzgadoras.

En medio de todo el ruido mediático, hubo también apoyo y posturas solidarias de quienes conocen el ejercicio profesional e historia de lucha de la abogada, de quienes destacaron su experiencia en el litigio y sus cualidades personales, de quienes defendieron su derecho y su libertad a decidir qué publica en sus espacios e incluso de quienes destacaron que es válido si utilizó su imagen como estrategia de marketing.

Pero más allá de esos posicionamientos, hubo quienes advirtieron que, a final de cuentas, la mayoría de las personas que hicieron las publicaciones, la reprodujeron y las comentaron, estarían incurriendo en violencia política contra las mujeres en razón de género.

No hubo en este caso denuncia alguna, pero la semana cerró con la presentación que la candidata a ministra de la Corte, la juarense Olivia Aguirre Bonilla, hizo de una denuncia por ese mismo motivo ante el Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México.

La doctora en Derechos Humanos actuó ante el INE, al considerar que fueron violentados sus derechos con una publicación que realizó el viernes el medio Plan de Vuelo, al utilizar, sin su consentimiento, fotografías tomadas también de sus redes sociales, que están siendo utilizadas para denigrarla y sexualizarla.

Bonilla acusó golpeteo político contra candidatas que, como ella, traen un amplio perfil académico, además de experiencia en el litigio y en la defensa de los derechos humanos.

Invitó a otras candidatas que sufran de este tipo de actos, a que no se queden calladas y los denuncien ente las instancias correspondientes.

En esta primera semana, apenas se están activando algunas otras candidaturas y en cuanto más se acerque la fecha de la elección, más intensas se pondrán las campañas, se incrementarán las denuncias y se recurrirá a distintos medios de impugnación.