El Gobierno de México lanzó una nueva estrategia de combate al delito de extorsión, en todas sus modalidades, la cual no contempla a Chihuahua entre las entidades de atención prioritaria.
Gabinete de Seguridad federal dio a conocer este lunes que dicha estrategia se concentrará en ocho entidades que acumulan 66 por ciento de casos a escala nacional, que son: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Entre las acciones que se llevarán a cabo, está el reforzamiento de medidas de inhibición de llamadas en centros penitenciarios y capacitación a empleados de tiendas, bancos y hoteles para identificar llamadas y depósitos vinculados con este ilícito.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer en conferencia de prensa los pormenores de mencionado plan, el cual, dijo, buscará la generación de detenciones mediante investigación, inteligencia y coordinación con unidades antiextorsión de fiscalías locales.
El Gobierno Federal solicitó a la población que denuncie la extorsión al número 089.
-Chihuahua, fuera
Cuestionado al respecto, el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, respondió que la dependencia a su cargo se sumará “a los esfuerzos que está impulsando el Gobierno Federal” para mantener estos escenarios de posible extorsión telefónica a su mínima expresión.
Agregó que, en la parte de prevención, la SSPE mantiene una estrategia de prevención para advertirle a los habitantes del estado de cómo deben actuar en caso de recibir una llamada de extorsión.
En principio, se sugiere que colgar la llamada de inmediato y reportarla al 911; luego, registrar puntualmente los datos que se obtienen en estas llamadas.
También es importante darle a conocer al círculo cercano para que no vayan a hacer caso también a otras comunicaciones de los extorsionadores, dijo Loya.
Además, es de suma trascendencia informar al círculo familiar para evitar que se genere un círculo de desinformación donde se presuma que la persona está en riesgo, o en condición de privación de la libertad temporal.
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