Paradójicamente, aunque es abundante en texto, 240 páginas, el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (PED) para la gestión de María Eugenia Campos Galván, se quedó corto.

El documento rector carece de metas específicas y adolece de indicadores de cumplimiento. Es decir, en términos generales, el plan no vincula los objetivos con precisiones cuantitativas específicas en cuanto a tiempos de ejecución, elementos que marcan los manuales e incluso la norma federal en materia de planeación.

No es cosa menor. Cuando se plasma la magnitud o el alcance del objetivo, ahí queda el compromiso para que, al final de la administración o en determinado lapso, cualquier ciudadano pueda verificar y constatar si se cumplió o no con el plan. Así de sencillo. A menos que de eso se trate, justamente, de evitar el reclamo por el incumplimiento de algo muy preciso y específico.

Por ejemplo, desde el diagnóstico del PED, y en las mismas líneas de acción, se habla de incrementar el número de elementos en materia de seguridad y justicia. Pero, ¿de cuántos elementos estamos hablando? ¿En qué áreas específicas y bajo qué calendario se cumplirá con este objetivo?

En el mismo eje de seguridad y justicia, otra línea de acción anuncia que se va disminuir el rezago en las carpetas de investigación, tanto de las Fiscalías de Distrito como de las Fiscalías Especializadas. En ese sentido, ¿cuál es el ideal en cada unidad? ¿Cuál es el objetivo meta, para saber de qué tamaño es el compromiso con esta gran asignatura pendiente en materia de procuración de justicia?

Estas especificidades esenciales no las encontramos por ninguna parte del Plan y eso pasa, en general, con su listado de acciones. Como en las farmacias del doctor Simi, lo genérico es la impronta en la mayor parte del texto, que integra 50 objetivos, 140 estrategias y 593 líneas de acción. Prevalece la enunciación de todo lo que hay que mejorar, robustecer, fortalecer, ampliar, promover, garantizar, impulsar, pero, más allá de una lista de buenos deseos, no sabemos mucho más.

Y el esquema es el mismo en cualquiera de los cinco ejes estratégicos, ya sea en el nivel de objetivos, estrategias o líneas de acción. Claro que en el documento hay muchas propuestas específicas para distintas problemáticas estatales, pero, mayormente, no se plantean claramente las metas ni los indicadores exactos para la ejecución y el seguimiento en las áreas en que se busca impactar.

Esa debilidad va de la mano con otra, que suele ser el talón de Aquiles en la discursiva de carácter político: se profundiza en el qué, pero se le saca la vuelta al cómo y al cuándo, lo que, se supone, es imprescindible en todo plan institucional.

En el eje de “Salud, desarrollo humano e identidad Chihuahua”, se establece como objetivo estratégico “mejorar las condiciones sociales y reducir las brechas de desigualdad”, aunque no se fija parámetro alguno para tal cometido.

En ese mismo eje, en el área de Salud, en una línea de acción que supondría mayor especificidad, se plantea lo siguiente para resolver el enorme problema de falta de suministro de medicamento: “Procurar el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos médicos referidos al cuadro básico, para la atención adecuada y de calidad a la población”. Solo dos líneas para una problemática tan compleja.

En el eje de “Crecimiento económico innovador y competitivo”, en materia de tecnología e innovación, se anuncia como acción el fortalecimiento y vinculación de los centros de innovación existentes con la industria, así como la implementación de proyectos piloto sustentables que atiendan requerimientos de las “Smart Cities” en el estado. Hasta ahí queda, sin planteamiento de algún programa específico.

Otro de los objetivos del Plan es “mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales para facilitar la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada”. En una de las líneas de acción, que sí es más específica para cumplir ese objetivo, se propone una “Agenda de Especialización Inteligente” para la transformación económica del estado en áreas de alto valor. Igualmente, solo se enuncia y ni siquiera se desarrolla el concepto.

En el eje de “Ordenamiento territorial moderno y sustentable¨, se plasmó el objetivo de promocionar, en coordinación con los organismos nacionales de vivienda, acciones tendientes a reducir el índice de viviendas abandonadas.

En materia urbana, la vivienda abandonada representa uno de los mayores problemas en Ciudad Juárez, pero el PED no considera algún programa especial, más allá de “generar las condiciones de habitabilidad necesarias y poder así contribuir a la regeneración del entorno social y urbano”.

El Plan tampoco fija metas a nivel estatal, cuando habla de “ampliar la red de carreteras en coordinación con la federación y los municipios del estado”.

En materia de desarrollo urbano regional sustentable, una de las líneas de acción establece que se van a “gestionar proyectos de rehabilitación de fachadas, centros históricos, edificios y monumentos con valor histórico”.

Cuando el Centro Histórico de Ciudad Juárez ha padecido un abandono sistemático de todos los órdenes de gobierno, y los proyectos de recuperación se han quedado en el papel o son exiguos en sus alcances, llama la atención que nada se especifique al respecto en el Plan Estatal de Desarrollo.

Desde luego que siempre pueden articularse programas o planes específicos de intervención, pero los planes estatales de desarrollo justamente se elaboran para establecer prioridades desde el inicio de la gestión gubernamental.

En el quinto y último eje estratégico, denominado “Buen gobierno, cercano y con instituciones sólidas”, hay otros ejemplos de la falta de especificaciones sobre cómo lograr los objetivos buscados o de la definición de metas para permitir la verificación del cumplimiento

En materia de gobierno abierto y transparente, el PED plantea como objetivo específico “promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permitan fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía”.

En otro de los puntos, la administración anuncia que va a “fortalecer los mecanismos de relaciones interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil y de gobierno”. Sin embargo, tampoco plantea propuesta específica o desarrolla un programa vinculado a estos objetivos.

Las carencias del Plan se pueden advertir en la revisión de los distintos objetivos, estrategias y líneas de acción que se enlistaron para cada uno de los ejes estratégicos, aunque hay un aspecto más contundente para afirmar que se quedó corto.

Nos referimos a las obras y proyectos estratégicos, que también deben de quedar plasmados en un plan estatal de desarrollo.

Los enunciados todavía son más genéricos y en el documento casi aparecen como un agregado, un elemento gráfico carente de información básica.

Por ejemplo, en el eje tres, se enlista la “construcción y ampliación de pasos a desnivel”, para Ciudad Juárez. Pero no dice cuántos ni en dónde. El proyecto que sí se incluye y es más específico, es el de la gaza dos, que por los antecedentes de las obras del llamado “corredor multimodal”, quedó pendiente de construirse en la Juan Pablo II y Francisco Villarreal.

El PED también habla, en términos genéricos, de “proyectos de agua potable y drenaje” para esta ciudad, sin especificación alguna.

Lo mismo ocurre respecto a otras obras estatales como el “Rastro certificado TIF y empacadora” o incluso la que se ha planteado como una de las obras insignia de la administración, enunciada como la “construcción del puente Sinaloa-Chihuahua como parte del corredor comercial Texas-Topolobampo”. Tampoco ahí se detalla la dimensión del proyecto que implicaría un paquete de obras.

Incluso, en otro tema sensible para los juarenses, el del transporte público, particularmente el sistema con rutas troncales que tantos dolores de cabeza ha generado en esta caótica frontera, el proyecto prioritario se redujo al siguiente enunciado: “Transporte BRT eficiente en Ciudad Juárez”.

El Plan Estatal simplemente le sacó la vuelta a un asunto que, de suyo, es altamente complejo. Lo que se advierte en esa omisión, es que, a seis meses del cambio de administración, todavía no hay claridad en cómo se resolverá integralmente un sistema de transporte masivo que en verdad sea moderno y de tránsito rápido. ¿Cómo se va a conciliar un esquema de negocio con un servicio público eficiente, con camiones nuevos y una infraestructura que facilite y no que dificulte la movilidad de todos? La asignatura sigue pendiente.

En el eje cuatro, relativo a Seguridad y Justicia, se agregó, como proyecto prioritario, el “Fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en la Mujer”, también sin especificación alguna, justo en momentos en que, particularmente en Juárez, los feminicidios y en general los delitos vinculados a la violencia contra las mujeres, siguen al alza.

En este contexto, organizaciones de mujeres han alzado la voz porque el fortalecimiento a las instituciones que deberían de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, se queda en el papel y no se ve en los presupuestos públicos.

Y aquí está precisamente una carencia más del Plan Estatal. Si bien es cierto que las definiciones se plasman en cada Presupuesto de Egresos, anualmente propuesto por el Ejecutivo al Congreso del Estado, el Plan no plantea ningún compromiso o criterio presupuestal en su priorización del gasto público.

Todo se deja a los presupuestos anuales, igual que la parte relativa a los indicadores que se plasman también en los documentos de cada año, ya que se siguen metodologías vinculadas al llamado Presupuesto Basado en Resultados (PBR).  

En la parte introductoria del documento rector, únicamente se hace alusión a que, para todos los objetivos, estrategias y acciones planteadas, “se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución”. Queda en veremos de qué tamaño será el compromiso presupuestal para todas esas obras y proyectos que hoy se anuncian como prioritarios, así como el cómo y el cuándo en muchos de ellos.

Como siempre, a la hora de aplicar los presupuestos, se sabrá cuáles son, de verdad, las prioridades de la actual administración.