Como se preveía, la elección de personas juzgadoras se convirtió en contienda política con tres principales actores: la gobernadora Maru Campos, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

Ni Palacio de Gobierno, ni el equipo de Presidencial Municipal, ni la Secretaría de Bienestar por el lado del Gobierno Federal, se quedaron al margen de la operación electoral y le entraron con singular alegría – bajo cuerda, aunque también de manera muy evidente- a la repartición de acordeones y a la inducción del voto.

Ahora sí que como decía el Filósofo de Rubio, a puñaladas iguales, llorar es cobardía, por lo que ni modo que los operadores partidistas vayan a salir con alguna denuncia formal de lo ocurrido en la jornada electoral. O también aplica el proverbio cristiano: “El que esté libre de culpa que tire la primera piedra”.

Por cierto, la operación de la senadora Andrea Chávez fue más bien marginal; por lo visto le sacó a las exhibidas presidenciales y ya no se arriesgó a un quemón más, mientras que el senador Juan Carlos Loera dejó que sus pocos operadores hicieran su luchita como pudieran, para jalar votos para algunas candidaturas afines.

Tendrán que pasar 15 días para que se tenga el cómputo completo a nivel estatal y poder determinar quiénes fueron los ganones en las elecciones del Poder Judicial, en cuanto a los distintos actores políticos que le entraron al proceso con un interés especial en hacerse de más espacios, pero también en calarse y demostrar power para lo que viene en el 2027.

En teoría, la maquinaria más aceitada en todo el territorio estatal (porque tiene estructura municipal y distrital bien armada) es la de Bienestar, cuyo equipo político confeccionó los cuadernillos que circularon como volantes a población abierta y beneficiarios de los programas sociales. Tiene además un soporte importante en el Congreso del Estado, en donde los diputados morenistas (11 de 12) responden al mismo mando.

Ya se verá si les alcanza para hacer ganar a las candidaturas que adoptaron (ya que digamos propias, no tenían muchas) o les pasa igual que en el 2021, cuando fracasaron en la elección estatal, aunque tenían todos los recursos de Bienestar a su disposición.

Por el lado de la estructura estatal azul, ya se sabe que también le echaron toda la carne al asador, precisamente porque la prioridad es frenar la marea guinda que trata de controlarlo todo. Su gran fortaleza es la capital del estado, pero su debilidad es Juárez, así que de nuevo se verá cómo se compensa la votación.

Los acordeones de dos hojas (una estatal y una federal) circularon al por mayor, tanto de manera digital, como impresa, compitiendo con los cuadernillos que se le atribuyeron al equipo de Montiel, que en Chihuahua dejó al mando a Mayra Chávez.

Pero la competencia no queda ahí, ya que el equipo del alcalde Pérez Cuéllar, va también por su demostración de fuerza. En Juárez, ni la estructura montielista, menos la pintada de azul, alcanza el nivel de operación de la Presidencia Municipal, pero lo que ahora está en duda es ver qué tanto ha crecido a nivel estatal.

Ya se verá en los votos que saque la carta que quieren aparecer como la más votada, en este caso la de la candidata a magistrada civil, Angélica Mendoza.

Por el lado estatal azul, la apuesta va por el candidato a magistrado civil, Andrés Pérez Howlet.

En cuanto al equipo del Bienestar, no llevan prioridad en las candidaturas que adoptaron, pero por las que lograron aparecer en más acordeones, se comenta que las preferencias podrían ir entre Julieta Muñoz Andrade, Debbie León Chacón y Oralia Lozoya Molina, si hablamos de mujeres.

Por los hombres están Ilian Yasel Villanueva, José Luis Chacón y Gabriel Sepúlveda. Hay una revoltura extraña, porque los nombres se repiten incluso en los otros equipos que se supone están en competencia.

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Distintos reportes le llegaron a Mirone respecto a la manera en que se quedó corta la estructura estatal para arrojar buenos resultados con el operativo uno por diez en Ciudad Juárez, para acercar votos a la elección judicial.

Igualito que en las elecciones regulares, las estructuras guindas morenistas, arrasaron con las azules panistas que le entraron a promover el voto por candidaturas afines en la elección de personas juzgadoras, con todo y que tanto partidos como gobiernos, tenían prohibido entrarle a esa operación.

Reportaron apenas unos ocho mil votos, pero contando el trabajo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento que había pedido contabilidad aparte. La JMAS se había comprometido con 6 mil y consiguió unos 5 mil, presentando los mejores números de la estructura estatal.

La bronca está en todas las oficinas de las secretarías estatales y otros organismos descentralizados que apenas unos 3 mil votos arrimaron cuando tenían el compromiso de sacar diez mil. Se supone que la base eran los mil empleados que multiplicarían por diez la votación para lograr esa meta en favor de los dos acordeones que generó la estructura estatal de origen azul.

Le comentaron a Mirone que oficinas como el Fideicomiso de Puentes Fronterizos u otras instituciones como la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, más o menos hicieron su chamba, pero otras fracasaron completamente como fue el caso de Educación y de la Secretaría de Salud.

Todavía faltará ver si esos números se sostienen con la evidencia que los responsables de la operación exigieron a todos los titulares Zona Norte de cada secretaría u organismos descentralizados.

Lo que supo este Don es que en Juárez el responsable de dar seguimiento al operativo uno por diez, fue Carlos Ortiz, con su equipo de la Representación de Gobierno, con el apoyo de Ricardo Vega, quien la hace de coordinador de Gabinete, aunque esa área ya desapareció a nivel estatal.

Por lo visto, se apretaron tuercas, pero sin aceitarlas debidamente y las exigencias desde Chihuahua para meter controles y reportar evidencias, no resultaron del todo bien. Cayeron muy de sopetón en esta frontera, con el agravante de que hubo muchos excluidos de filia azul de las listas de candidaturas y por eso hubo mayor resistencia.

Lo más evidente fue que a Ulises Pacheco, candidato a magistrado penal lo incluyeron nomás en una lista y no en las dos, mientras que, a Flor Cuevas, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, ninguna chance le dieron. La promoción especial se la llevaron puras candidaturas de Chihuahua.

De cualquier manera, si en verdad se cumplen las advertencias que hicieron las jefas y los jefes azules antes de la jornada electoral, tendrán que dejar su cargo quienes rindieron malas cuentas.

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Lo del “Fiesta-gate” de Camargo se puso interesante ayer por la tarde, cuando circularon en redes sociales quienes fueron los personajes detenidos en un bunker electoral montado dentro de un salón para piñatas, bodas y 15 años.

Se trata del excandidato a la presidencia municipal de Camargo por el partido Movimiento Ciudadano, Adolfo “Fito” Trillo Herrera, quien al parecer estaba al frente de ese “operativo” para llamar “cívicamente” (¿no será “cínicamente?”) a votar en esta jornada del 1 de junio.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de aquella ciudad reventó el centro de festejos cuando estaba habilitado como auténtico nido de mapaches electorales, con el fallido candidato a edil al frente de la operación.

Trillo Herrera se autodestapó en noviembre del 2023 como candidato a la Presidencia Municipal de Camargo por el partido “fosfo-fosfo”, en un acto donde prácticamente le rindió pleitesía a Alfredo “El Caballo” Lozoya, entonces presidente de Hidalgo del Parral y que pintaba para ser candidato a gobernador por los naranjas.

Después de salir vapuleado en la elección de junio del 2024, el tal “Fito” ha seguido movido, muy activo, como auténtico escudero del Caballo Lozoya.

Sin embargo, ayer se le acabó la fiesta, literalmente. Terminó tras las rejas, acusado de ser mapache electoral, y en espera de ver si le cae encima una causa penal del ámbito federal, por andarse metiendo en unos comicios concurrentes entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral.

Ahora sí que le pusieron a peso “las naranjas” al del partido naranja.

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Los frentes políticos de todos los colores, olores y amores se deschongaron en un último jalón para “empujar” a sus gallos para ocupar cargos en el Poder Judicial, tanto el local como el federal.

Sin embargo, hubo una operación, un tanto más soterrada, a ras de suelo, prácticamente, muy por fuera de las organizaciones partidistas, que buscaron advertir a los electores sobre el oscuro pasado de algunos de los aspirantes a ocupar cargos, sobre todo, en el ámbito local.

Esas luces intermitentes provenían de Organizaciones de la Sociedad Civil, en muchos casos, o de activistas que en lo individual advertían sobre el peligro de empoderar a personas que han pasado por encima de la ley para favorecer a los más poderosos, a costillas de los sectores que no tienen para pagarse un despacho de abogados de esos carísimos, a los que les cuesta poco trabajo ganar amparos de manera supersónica.

Una de las más “tachadas” fue la jueza de Distrito, Martha Cecilia Zúñiga, de quien recordaban que fue la “libertadora” que le ayudó a César Duarte a andar en la calle, al quitarle de encima una segunda orden de aprehensión.

Otro fue Rubén Aguilar Gil, hijo de Rubén Aguilar Jiménez, el dueño del PT y de muchos otros negocios, a quien acusaron de ser parte de una negociación entre el partido de la estrellita amarilla y el PRIAN a nivel local.

En el ámbito federal, el abogado César Gutiérrez Priego dividió opiniones, pues mientras los unos llamaban a votar por él para que “meta al bote” a este y a aquel político, otros advertían de su pasado pro-militar y poco apegado a los derechos de los pueblos originarios.

O la que se volvió casi viral en los últimos días, Magda Zulema Osri, esposa del exprocurador general de la República en tiempos de Vicente Fox, Rafael Macedo de la Concha.

Jalones de última hora para tratar de influir en un electorado que entró a la casilla con la obligación de votar por chorrocientas mil opciones. Difícil acordarse de tanta gente con “palomita” o con “tache”.