El popular refrán de “ahogado el niño, tapen el pozo”, les queda muy bien a las omisas autoridades federales en el estado, que después de descubierta la bodega con 340 migrantes en una colonia de la ciudad de Chihuahua, se pusieron a dar instrucciones a diestra y siniestra para atender el problema, como si fuera el único de su tipo, y ahora les preocupara mucho.
Ocurrió el lunes por la mañana, durante la reunión de la Mesa para la Coordinación de la Construcción de la Paz, donde el delegado de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera, pidió trabajar de manera coordinada para proteger los derechos de los migrantes y atender los delitos de los cuales pueden ser víctimas.
Loera pidió reactivar una red de albergues y que estos funcionen como filtros sanitarios para las personas migrantes, en donde reciban servicios de salud, como el que funcionó en 2019 en Juárez. Sus reactivas propuestas surgen después de que se encontraron los 340 migrantes viviendo en condiciones infrahumanas, hacinados, sin alimentos ni atención médica.
¿Cuáles derechos humanos se les respetaron, si los migrantes revelaron que, en su tránsito hasta Chihuahua, pasaron sin problemas por cuatro retenes de la Guardia Nacional y fueron escoltados hasta la bodega por elementos de la Policía Municipal? ¿Cuántos de los traficantes de personas que los trajeron hasta Chihuahua, donde los mantenían secuestrados, fueron detenidos y serán enjuiciados por todos los delitos que cometieron?
¿Cuál red de albergues federales, mencionada por Loera, fue reactivada? Si después de ser rescatados de la bodega, gracias a la denuncia que uno de los migrantes hizo al 911, fueron llevados a un campamento municipal localizado en la colonia El Mármol, y luego quedaron alojados en el albergue de la Asociación Civil 1 de 7 Migrando y en la Casa del Migrante San Agustín, de la iglesia católica.
Para qué echarles tanta crema a sus tacos, si finalmente fueron las organizaciones de la sociedad civil y las religiosas, como siempre ocurre, las que atendieron el problema y se hicieron cargo de los migrantes que quedaron a la deriva, maltratados, sin dinero y sin ninguna posibilidad de llegar a su destino final.
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Hasta ahora, nadie sabe qué hizo o está haciendo el Instituto Nacional de Migración en un tema tan sensible, que es de su competencia, por el simple hecho de que su titular en el estado es un fantasma al que nadie conoce, porque a nadie le responde las llamadas.
Sin embargo, Juan Carlos se afanó en defenderlo en la reunión citada, comprometiéndose a que el representante del Instituto Nacional de Migración en la entidad, el general Pedro Alcalá, asista a la próxima mesa, que se realizará el próximo viernes.
Casi cómico se escuchó cuando dijo “a mí sí me contestó el general Pedro Alcalá, a quien lo vamos a invitar a la mesa, para aclarar todo esto el próximo miércoles. Ya generamos ese acuerdo con la gobernadora. Ayer hablé con él, ayer domingo, para que vean que trabajamos todos los días”.
Flaco favor le hizo Loera al general Alcalá, al confirmar, con su comentario, que es al único al que le toma las llamadas, mientras que al resto de las instancias de Gobierno suele mandarlas olímpicamente por un tubo.
Aunque Juan Carlos insistió una y otra vez en que el INM no está ausente en este tipo de emergencias humanitarias, lo cierto es que nunca lo han visto en las reuniones de coordinación y mucho menos en los operativos donde hay sol, sudor y polvo.
Frente a las quejas de los que integran la mesa de construcción de la paz, que hasta ahora nada han construido, el delegado federal dijo que “no se trata de buscar culpables”, asumiendo que el INM no tiene culpa alguna en lo que pasó con los 340 migrantes secuestrados.
Es cierto que no es la autoridad federal migratoria la culpable, pero sí la responsable de que se cumpla la Ley General de Población y se combata eficazmente el tráfico humano, deteniendo y llevando ante la justicia a los mercaderes de personas.
Hasta ahora, nada de eso se ha hecho y, por lo tanto, Juan Carlos miente al decir que se está atendiendo la situación, por lo que podemos concluir que nadie se hizo responsable de la situación legal de los migrantes, para que no se queden chiflando en la loma, varados en tierra hostil.
Como ya es costumbre en el sistema mexicano de gobierno, las instancias municipales, estatales y federales se avientan la pelotita unos a otros cuando de atender emergencias y contingencias se trata. Ahora no fue la excepción y lo estamos viendo en vivo y a todo color. ¿Dónde quedó la bolita, Juan Carlos?
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La tardanza en los nombramientos de las direcciones y subsecretarías del Gobierno del Estado en Juárez sigue provocando que algunos oportunistas y gandallas se presenten con cargos que no tienen y engañen a la gente. Tal es el caso de Sergio Acosta Liceaga, quien en el 2019 compitió en las elecciones internas del PAN para dirigir el comité municipal de Juárez.
Resulta que el viernes 17 de septiembre, Acosta Liceaga se presentó como subsecretario de Desarrollo Urbano y Bien Común, antes Subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera Norte, y hasta se dio el lujo de hacer nombramientos.
Con el pretexto de celebrar el segundo aniversario de la creación del grupo social Canalejas, el atrabancado panista sin nombramiento, se puso a entregar donativos en especie a nombre de la gobernadora Maru Campos.
Este acto de usurpación de funciones fue balconeado por los mismos empleados de la Subsecretaría de Desarrollo, que lo acusaron de brincarse las trancas para presionar en Chihuahua y negociar una posición, que sea de jefe para arriba.
Lo malo para el muchachón es que no tiene ninguna experiencia en el área social ni administrativa y el único cargo que ha ocupado en el PAN ha sido el de secretario, durante la dirigencia del comité municipal de Jorge Espinoza.
Con estas credenciales, difícilmente podrá colarse a la nómina estatal y mucho menos como subsecretario, que es a lo que le tira, organizando por sus pistolas eventos comunitarios para presentarse como subsecretario de Desarrollo con la representación de la gobernadora.
Esto es lo que pasa por tardarse en expedir los nombramientos formales. Hay muchos desesperados a la caza de un hueso, y su creatividad no tiene límites cuando se trata de llamar la atención para que los palomeen y accedan a la nómina y a la compensación con nivel de jefes.
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Por las denuncias presentadas a nivel nacional contra las irregularidades y transas de los líderes de la Sección VIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, las represalias contra médicos y enfermeros que se han atrevido a alzar la voz se han recrudecido cada día más, y ninguna autoridad laboral se atreve a intervenir ni a poner orden.
Los trabajadores sindicalizados inconformes dijeron ayer que los han dejado sin su sueldo completo, pues les quitaron el pago de vida cara, no percibieron pago de estímulos de puntualidad ni asistencia, y mucho menos el bono Covid-19, que por ley deben entregarles por estar trabajando en primera línea en la atención de pacientes víctimas de la pandemia.
Más de 100 médicos y enfermeras del IMSS manifestaron en días pasados en un documento enviado al Senado de la República, que siguen las amenazas por parte de su líder estatal, el enfermero Gerardo de León, y su secretaria del Trabajo, Karla Meza.
Ahora acusan también al doctor Arturo Bonilla, representante del órgano administrativo del IMSS en el estado, de estar confabulado con los líderes sindicales y de no hacer caso de las quejas y pruebas, que se han presentado por los malos manejos de la bolsa de trabajo del sindicato donde se venden las plazas, así como de los recursos que se pagan por conceptos de cuotas sindicales.
El conflicto se calentó más desde que los médicos hicieron llegar un oficio a las distintas autoridades en México. Desde entonces no han dejado de recibir represalias por parte del sindicato, que amenaza con sancionarlos e incluso despedirlos del IMSS.
Y mientras tanto, el servicio en los hospitales se ve perjudicado, porque nadie labora con buena actitud en un ambiente de hostigamiento, donde el trabajo de los inconformes pende de un hilo.