Todo indica que, finalmente, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua le está acercando la lumbre a los aparejos al exalcalde de Juárez Armando Cabada, así como a cuatro de sus más cercanos colaboradores, por presuntos actos de corrupción cometidos durante los últimos tres años de su administración, que se han mantenido en la penumbra hasta hoy, a pesar de las revelaciones que ha hecho en varias ocasiones el auditor superior de la entidad.

De acuerdo con un oficio del 24 de febrero, girado por dicha fiscalía, signado por la agente del ministerio público María Guadalupe Luján Rodríguez, al Municipio se le fijó un plazo de tres días para que permita el acceso a los archivos de la unidad administrativa para dos agentes de la Fiscalía General del Estado, esto para hacer el aseguramiento de documentos originales.

Los investigadores ministeriales buscaron en esas fechas las hojas de servicio que contienen antigüedad, cargo, temporalidad, sueldo y compensaciones que recibieron Armando Cabada como alcalde, Roberto Rentería Manqueros como secretario del Ayuntamiento, Gerardo Ronquillo como tesorero municipal, Víctor Manuel Ortega como oficial mayor y la regidora María del Rosario Valdez, como coordinadora de la comisión de Hacienda del Cabildo.

La fiscal solicitó, además, cinco documentos con la firma autógrafa de cada uno de los funcionarios citados, con el fin de compararlas y autentificarlas con los documentos que han integrado a la carpeta de investigación número 19-2020-17207, que los involucran en presuntos actos de corrupción.

El oficio habla, por sí solo, al menos de uno de los casos que están siendo investigados y que están encaminados a ser judicializados muy pronto. Hasta ahora son cuatro las denuncias de la anterior síndica municipal durante el último trienio de Cabada, Leticia Ortega Máynez, y de la Auditoría Superior del Estado que tiene radicadas y en curso de investigación la Fiscalía Anticorrupción.

Una está relacionada con la constructora Altozano, privilegiada por la Administración de Cabada para el desarrollo de vivienda en terrenos de riesgo y con un uso de suelo distinto. Otra es por la millonaria contratación de un despacho para la recuperación de la cartera vencida del Predial, de la que hasta ahora no existe constancia alguna, y otra por la recuperación del ISR.

La primera fue la contratación por adjudicación directa de la empresa Castro Villarreal y Asociados, S.C., solicitada por el entonces tesorero municipal de Juárez, Gerardo Ronquillo Chávez, al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el 21 de septiembre de 2018.

Por esos supuestos servicios, el despacho se habría embolsado 41 millones de pesos sin haber realizado la recuperación del Predial.

En el caso del ISR, el entonces gobernador Javier Corral emitió un acuerdo para que los Municipios se abstuvieran de contratar ese servicio de cobranza, porque cada uno contaba con estructura y personal para recuperarlo, pero Armando Cabada se pasó por el arco del triunfo dicho ordenamiento y contrató a la empresa de la ciudad de Chihuahua, Bouret S.A de C.V.

A partir de ese momento, la tranza, perdón, la contratación, se consideró irregular y siempre apareció en las observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado, porque se ejercieron recursos públicos en un servicio que no era necesario, además de que estaba restringido por ley.

Fuentes de la Fiscalía revelan que abogados y políticos relacionados con Armando Cabada han estado rondando sus oficinas en Chihuahua haciendo labor de cabildeo, tratando de llegar a un acuerdo extraoficial.

Se sabe que a los subordinados cabadistas les entró el apuro por arreglar todas las supuestas corruptelas que dejaron a su paso por la Administración, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones comenzaron a visitarlos en sus domicilios, para documentar presencialmente a qué se dedican ahora, y hasta para saber si tienen visas actualizadas que les permitirían escapar a los Estados Unidos si sus casos llegan a los juzgados penales.

Los únicos expedientes abiertos en la Fiscalía que se preocupó por dejar arreglados el actual diputado plurinominal de Morena, fueron los de los millonarios contratos que le dio durante su desgobierno al Canal 44, propiedad de él y de sus hermanos; así como el de los 4.3 millones de pesos que recibió de la nómina secreta de César Duarte, y que tuvo que regresar siendo alcalde para que no se le persiguiera.

De las otras posibles corruptelas registradas durante su administración, y por las que se están integrando varias carpetas, ni se preocupó, pero ahora que ya está sintiendo la lumbre se anda moviendo como gusano con limoncito.

De hecho, diputados panistas han recibido instrucciones de sus dirigentes para que el tema de Juárez se suba a tribuna y se exhorte a la Fiscalía Anticorrupción a transparentar las indagatorias, para evitar cualquier arreglo bajo la mesa.

Pedirán, inclusive, que una vez judicializadas las carpetas, se proponga el juicio de desafuero de Cabada, para que responda por el desorden financiero y administrativo que dejó en Juárez, consecuencia del desaseado manejo de los recursos públicos que manoseó como si fueran suyos.