La organización México Evalúa reporta en su amplio informe que, en México, el índice de impunidad creció del 92.4 por ciento en 2019, a 94.8 en el 2020, por el colapso de las fiscalías y los pocos jueces y peritos que tiene el sistema de justicia penal.
En contradicción a este informe, la misma ONG informa que “Chihuahua es una de las entidades que se encuentra en los primeros lugares y por encima del promedio nacional en la capacidad operativa, debido a que registran mayor cantidad de agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y personal pericial y forense por cada cien mil habitantes”.
Esta distinción fue presumida ampliamente en las páginas oficiales del Gobierno del Estado de Chihuahua y en la de la Fiscalía General de Justicia, con la cabeza: “Sobresale Chihuahua entre los estados con mayores capacidades operativas del Sistema de Justicia Penal”.
Vale la pena aclarar que por capacidades operativas se entiende mayor estado de fuerza, pero no mejores resultados en el combate al delito, que no es lo mismo. No hay que confundir gimnasia con magnesia.
Qué bueno que en la entidad tenemos más policías estatales y ministerios públicos, pero qué malo que esos números no se reflejen en los indicadores de violencia que siguen al alza.
De nada sirve que estemos en primer lugar a nivel nacional en el número de agentes del Ministerio Público, el tercero en Policías Investigadores y el quinto en peritos, si seguimos ocupando los primeros lugares en feminicidios y homicidios dolosos.
La información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo dice todo: la pésima administración de Javier Corral en Chihuahua cerró con más de 12 mil asesinatos en cinco años, cifra equivalente a toda la población de Santa Bárbara o de Nuevo Casas Grandes, de acuerdo con el INEGI 2020.
Los datos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, Ficosec, revelan por otra parte que hasta agosto de 2021 se han cometido mil 568 homicidios dolosos en toda la entidad, de los cuales, mil 57 se cometieron nada más en Juárez, lo que representa el 57 por ciento de todos los asesinatos concentrados en la frontera.
Un dato interesante y revelador de Ficosec respecto al homicidio doloso, muestra que en el último año de la administración 2010-2016, con César Duarte, el estado ocupó el 11° lugar en el ranking nacional con una tasa de 25 carpetas por cada 100 mil habitantes; mientras que en el último año de la Administración 2016-2021, a cargo de Javier Corrral, Chihuahua ocupó el 4° lugar, duplicando la tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes.
Si además de ellos nos encontramos que el estado se encuentra en el sexto lugar a nivel nacional en feminicidios, tendremos que el clima de violencia en general no disminuye y que se ha recrudecido en municipios de la sierra al sur de la entidad y en el noroeste, donde los sangrientos enfrentamientos entre grupos criminales son el pan de cada día.
Las organizaciones que estudian y analizan los indicadores de criminalidad del estado, sostienen que la corrupción en las corporaciones policiacas sigue siendo un factor determinante en el rezago de las investigaciones, y por consecuencia, en la impunidad que en Juárez alcanza el 97 por ciento, según Ficosec, posición que la coloca en el nada honroso quinto lugar nacional desde el 2019.
Sin embargo, hay también otros factores, como el número de carpetas de investigación que tienen que desahogar los Ministerios Públicos y que en nada más en Juárez llega a 150 casos por cabeza, cifra que coincide con el promedio nacional que maneja México Evalúa, de 148.
Entre las principales causas de esa elevada impunidad, México Evalúa menciona que las defensorías de oficio y las comisiones de atención a víctimas no hacen contrapeso a las fiscalías, por los pocos recursos con que cuentan para realizar sus propias investigaciones y periciales.
De ahí que la inmensa mayoría de los expedientes terminen en los archivos del olvido, con todas las deficiencias y anomalías de expedientes que se arman sin técnica jurídica, solo para simular trabajo.
“En la práctica, ningún delito se esclarece realmente y solo se repara el daño al 0.30 por ciento de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país”, expone el análisis en su octava edición de México Evalúa.
Esto confirma el colapso de las fiscalías que revela el informe en cuestión, colapso que provoca que cada vez se puedan resolver menos investigaciones científicas como lo marca la ley.
El estudio aborda el tema del nuevo sistema de justicia penal que se instaló en México a partir del 2016, y que pasó de un modelo prácticamente medieval, inquisitorio, a uno donde supuestamente se respeta la presunción de inocencia.
Antes, el inculpado tenía que probar su inocencia y muchos lo hacían con abultados fajos de billetes.
“Lo que observamos después de cinco años, es que se mantienen muchas malas prácticas del anterior sistema, que terminan por frenar el avance de los casos. No es un problema del diseño del sistema, sino de operación”, dice el informe Hallazgos 2020.
Si este es el panorama que muestra la procuración de justicia en el país, en el estado y en Juárez, no hay ni para dónde voltear.
Las nuevas autoridades que han llegado para gobernar el estado y el municipio, tienen todo el derecho al beneficio de la duda sobre la efectividad de las políticas que en materia de seguridad pública adoptarán en sus respectivas esferas, porque les dejaron un batidero muy regular en todas las corporaciones.
Pero a lo que no tienen derecho, es a seguir con el mismo cuento de sus antecesores que, con el pretexto de la coordinación de fuerzas, se la pasaban en mesas de seguridad que lo que menos ofrecieron a la población fue eso, seguridad.
El martes 12 de octubre la gobernadora anunció que el miércoles 13 realizarían la mesa estatal de seguridad en Cuauhtémoc y el viernes 15 en Juárez.
En la capital de las manzanas la reunión se realizó como estaba previsto, donde Maru Campos anunció la implementación de la Plataforma Escudo Cuauhtémoc y un programa por la dignificación de la Policía, compromiso que será muy difícil de cumplir por la fuerza e influencia que tienen en esta región los grupos criminales de los carteles, que son los que mandan a los cuerpos policiacos.
No lo dice Mirone, lo dicen muchos cuahutemenses, hartos de la impunidad con que actúan los forajidos con charola y sin charola de aquella región.
De la reunión en Juárez nadie supo nada. Si se suspendió o se realizó en un lugar secreto, como la Guarnición de la Plaza, nadie informó.
Avisaron con días de anticipación de la realización de la reunión, pero no avisaron a los medios que la Mesa se suspendía o se posponía, como era de esperarse de cualquiera de las instancias de gobierno involucradas.
Algo extraordinario ocurrió para que se diera la cancelación con ese hermetismo digno de mejores causas.
A lo mejor si hubieran informado ese mismo día que no había condiciones de seguridad para la reunión, se hubiera comprendido perfectamente, porque nadie es inmune al miedo que inspiran los malandros del crimen organizado, que actúan con la ventaja de la sorpresa, en la clandestinidad y con gran poder de fuego.
Si hubieran dicho que la Mesa de Seguridad se realizará hasta que se reabran los puentes internacionales, para aprovechar la estancia en Juárez e ir de shopping a El Paso, se hubiera entendido también, porque esos fueron los usos y costumbres de los titulares de las secretarías del Gobierno del Estado durante muchos años, cuando programaban sus reuniones en la frontera, principalmente los fines de semana.
Lo que no es entendible es el hecho de que siendo la seguridad pública una prioridad de las tres esferas de gobierno, titubeen en la realización de algo tan simple como es la Mesa Estatal de Seguridad, donde solo se habla de números, de éxitos quiméricos en la lucha contra la delincuencia y de planes que nunca se cumplen ni al 50 por ciento.
Cuando menos hubieran hecho un simulacro, porque el despliegue que hacen los jefes policiacos, militares y políticos cuando llegan a esas reuniones es aparatoso, y puede resultar hasta un mensaje de advertencia para los malandros, aunque estos les hagan más caso a las lonas que cuelgan en los puentes.
Ver decenas de camionetas blindadas, pick ups con guardia nacional armada hasta los dientes y hummers artillados, tránsitos haciendo lo que no hacen en sus jornadas diarias y varias decenas de policías estatales y municipales cuidando la sede, en lugar de estar patrullando la ciudad, siempre ha sido apantallador, pero en verdad solo demuestra el tamaño del miedo.
Los juarenses seguirán esperando que con mesas o sin mesas, se haga el milagro de combatir con éxito el delito y la impunidad, en una ciudad donde matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer personas, es cosa de todos los días y les sale barato a los criminales, porque nadie los persigue.