La iniciativa de reforma política que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo lunes aún no llega a San Lázaro, pero ya movió la caja registradora en más de un partido. Levantó apoyos, pisó callos y produjo uñas encarnadas entre la clase política no morenista.

Incluso los aliados (¿aliados?) de la 4T —el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)— se han puesto renuentes a aprobarla tal como lo ha sugerido la mandataria y algunos de sus cuadros dirigentes han advertido que, así como viene, no la van a votar.

La presidenta Sheinbaum ha sido enfática en señalar los puntos nodales de su proyecto reformista y en la premisa fundamental que este tiene: que la democracia sea más barata, los partidos reciban menos dinero y los aparatos legislativos de todo el país ya no resulten tan costosos.

Todo esto, para reducir entre un 25 y un 30 por ciento el “costo de la democracia” y dirigir ese dinero a obras de inversión productiva, salud, educación o programas de bienestar (ojo con el nombre, “bienestar”).

Por lo que ha expresado en las “mañaneras” recientes, la presidenta emanada de Morena no se va a mover, al menos, de dos puntos que ella considera fundamentales: eliminar las diputaciones “de lista”, para que todo el que llegue a las cámaras legislativas provenga de las campañas electorales, y bajar el costo —e incluso, el tamaño— de partidos, órganos electorales y todo el sistema legislativo.

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Como era de esperarse, los partidos de oposición, principalmente el PAN, han anunciado que votarán en contra y advierten una “deriva autoritaria” ante una reforma electoral que —dicen— acabaría con la representación proporcional y con los organismos electorales autónomos.

Ninguna de las dos premisas es necesariamente cierta, pues el proyecto que ha esbozado la presidenta contempla dejar el tamaño de la Cámara de Diputados en 500 integrantes, con todo y las 200 curules de representación proporcional, las “pluris”, pues.

Solo que no quiere que esos 200 asientos se repartan entre dirigentes de partido que se autoapuntan como candidatos en los primeros lugares y se aparezcan nada más a recibir su constancia de mayoría y sentarse tres años becados en una cámara legislativa.

Si no habrá reducción de curules, si tampoco desaparecerán los órganos electorales, los llamados “Oples”, ni se perderá en forma sustantiva la representación proporcional, ¿qué es lo que levanta tanta polvareda entre los partidos opositores e, incluso, entre dos de los tres miembros de la 4T?

La respuesta nos lleva irremediablemente al reparto del dinero. Son muchos millones los que están en juego y, en una de esas, hasta la existencia misma de algunos partidos que rescatan el registro como robador de bases en el béisbol: barridos y a punto de quedar “out”.

Para ponerle dimensión al tema, vale hacer el cálculo de cuánto dinero reciben los partidos políticos en Chihuahua —dinero que proviene de las arcas estatales— y lo que perderían si se aprueban las iniciativas tal y cual vienen.

Según los cálculos de Mirone, basados en cifras oficiales, en las fórmulas establecidas para calcular las prerrogativas a los partidos políticos y en los proyectos de reforma que ha planteado Morena, la “levantada de canasta” sería de entre 44 y 55 millones de pesos.

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¿Cómo se calcula actualmente la cifra destinada a financiar partidos políticos en Chihuahua?

Es una fórmula un tanto intrincada que va a dar con la UMA, la cantidad de votantes y los partidos que habrán de repartirse esa enorme caja de dinero.

Según el artículo 25 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, las prerrogativas se calculan de la siguiente manera: el financiamiento público será el que resulte de multiplicar el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente por el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral de la entidad, con corte al primero de octubre del año anterior al de la elección.

La fórmula actual para asignar recursos a los partidos surgió de una reforma electoral aprobada en la Legislatura 61ª, en la cual se establecía un cálculo de un salario mínimo multiplicado por el total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral. Posteriormente, se modificó el término de “Salario mínimo” por la UMA, cuando esta figura entró en vigor, en el año 2016.

Esa operación dio como resultado que el Congreso del Estado aprobara un presupuesto de 234 millones 382 mil 78.39 pesos.

Para darnos una idea de las dimensiones de esa cifra: supera el presupuesto asignado a once dependencias de primer nivel, entre secretarías y coordinaciones, y casi empata el que está programado para inversión productiva.

Morena busca “bajarle” a ese montón de dinero con un cambio en la ecuación con el que podría, incluso, salir perjudicado con una reducción sustantiva en sus prerrogativas.

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La bancada morenista ha propuesto que el cálculo se haga mediante una multiplicación del 65 por ciento de la UMA, pero no con el total de los votantes, sino únicamente con el total de la votación. Es decir, que habría, por lo menos, un 49 por ciento menos dinero para repartir.

Un ejercicio con la UMA 2026 y la participación real de la elección de diputados 2024 muestra que el financiamiento público podría reducirse entre 19 y 24 por ciento. Morena y PAN serían los más afectados en términos absolutos; los partidos pequeños, los que menos perderían.

Si el financiamiento público a los partidos políticos en Chihuahua se calculara únicamente con base en los ciudadanos que efectivamente acudieron a votar en la elección de diputados locales de 2024, el presupuesto total para 2026 sería entre 45 y 55 millones de pesos menor al aprobado oficialmente.

En la elección local de diputados de 2024 votaron 1 millón 607 mil 616 personas. La votación válida fue de 1 millón 526 mil 100 sufragios.

Si se multiplicara la UMA diaria por el total de personas que acudieron a votar, el financiamiento global sería de aproximadamente 188.6 millones de pesos. Sería un “bajón” de 35 millones de pesos.

Pero si el cálculo se hiciera únicamente con los votos válidos emitidos, el monto bajaría a 179 millones de pesos.

Ambas cifras están entre 19 y 24 por ciento por debajo del presupuesto actualmente aprobado.

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Bajo el esquema actual de 234.3 millones de pesos, distribuidos proporcionalmente a la votación de 2024, Morena recibe 97.0 millones; el PAN, 60.9 millones; el PRI, 19.6 millones; Movimiento Ciudadano, 7.0 millones; el PVEM, 5.3 millones; y el PT, 3.2 millones.

Si se aplicara el escenario basado únicamente en quienes votaron —es decir, un presupuesto global de 188.6 millones— las pérdidas serían significativas: Morena dejaría de recibir 18.9 millones; el PAN, 11.8 millones; el PRI, 3.8 millones; Movimiento Ciudadano, 1.3 millones; el PVEM, 1.0 millón; y el PT, 640 mil pesos.

Es decir, que a Morena le saldría el tiro por la culata, pero aun así están empeñados en bajarle al financiamiento partidista. Salir a decir que defendieron la causa de la austeridad republicana, aun a costa de sus propios ingresos, sí que puede redituar políticamente en campañas.

En términos absolutos, las fuerzas mayoritarias absorberían el mayor impacto. En términos relativos, todos perderían prácticamente el mismo porcentaje.

El ejercicio abre una discusión recurrente: ¿debe el financiamiento público calcularse con base en el padrón total o en la participación efectiva?

La pregunta de fondo no es técnica, sino política: ¿debe financiarse la representación potencial o la representación ejercida?

Ese será el punto a discutir y, seguramente, se gastarán muchas horas de tribuna en los congresos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso estatal de Chihuahua, en defender ambas posturas: la del dineral tal como está, o la del otro dineral, pero un poco más pequeño.

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Para como se ven las cosas en Chihuahua, la lucha será a muerte y podría ser el cerrojazo de la alianza entre Morena, el PVEM y el PT.

De las siete fórmulas partidistas representadas en el Congreso, seis no quieren moverle al tema, pues tienen sus millones prácticamente gastados.

Si la reforma avanza, no habrá mártires de la democracia; habrá dirigencias revisando estados de cuenta.

Unos perderán millones. Otros perderán margen de maniobra. Y algunos podrían quedar al borde del registro, sobreviviendo elección tras elección como quien rescata una base en la novena entrada.

Lo que está en juego no es la representación: es la supervivencia financiera.

Y cuando el dinero entra al debate, las convicciones se ajustan… y las alianzas empiezan a crujir.