Periodistas, analistas, politólogos y líderes de oposición coinciden en que la pretendida reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, está destinada a fortalecer a Morena y convertirlo en el partido hegemónico, que en el pasado fue el PRI.

Cierto es que la iniciativa contempla medidas bastante atractivas, como la reducción del Congreso con la eliminación de legisladores de mayoría relativa, la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la implementación del voto electrónico, que haría de las elecciones procesos modernos y ágiles.

Los que le apuestan a esta reforma, aducen que de esta manera nuestra democracia sería más barata, porque dejarían de gastarse 24 mil millones de pesos en mantener a la burocracia partidista, en la organización de las elecciones y en el sueldo de muchos legisladores, que no son electos en las urnas, sino premiados con una curul por méritos en la grilla, no por capacidad y mucho menos por servicio a la comunidad.

Sin duda, mucha razón hay en el tema de los ahorros, porque de siempre ha sido una exigencia ciudadana detener el despilfarro que se hace en los partidos, en el financiamiento de los candidatos y en la organización de los procesos locales y federales.

La reforma busca también, que haya una mayor participación en las elecciones por parte de los mexicanos que residen en el extranjero, que hasta ahora se ha intentado con muy pobres resultados, porque todos esos paisanos que se fueron en busca de mejores condiciones de vida, no están interesados en voltear al pasado.

Pero no debe perderse de vista que, lo fundamental de la propuesta de reforma, es la sustitución del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por otras instancias electorales, en donde los consejeros serían electos por el pueblo, y donde serían los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los que pondrían a consideración a 20 perfiles para ocupar los cargos más importantes en materia electoral.

Sin embargo, los autores del contenido de la reforma, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el director nacional de aduanas, Horacio Duarte, dicen, en su exposición de motivos, que los miles de millones de pesos que se ahorrarían con esta reforma, se destinarían a temas sociales, a educación e infraestructura del país.

Esto ha sido interpretado por la oposición como una treta para obtener recursos frescos para impulsar la política populista de regalar dinero a ninis y adultos mayores, sectores vulnerables donde la 4T tiene sus más fieles seguidores, que en la pasada elección de la revocación de mandato se vieron disminuidos a la mitad.

Es por esto que muchos analistas consideran que, aparte de darle más control e influencia al presidente y a Morena, la reforma les dejaría una importante bolsa para mantener hasta el 2024 la popularidad que gradualmente ha ido perdiendo en los electores, que en el 2018 les dieron el voto con el que arrasaron en las urnas.

Indudablemente, el razonamiento tiene lógica, pero también mucha jiribilla, pues con 24 mil millones de pesos en la caja presidencial, no solamente seguirían alquilando conciencias y seguidores fanáticos, que en las redes sociales se hacen harakiri cada vez que se critica a su líder moral, sino que podrían financiar, bajo cuerda, todas las elecciones de los estados donde Morena es oposición.

Tras ver la batalla dialéctica que la propuesta presidencial ha generado en todos los sectores del país, ha surgido también una pregunta incómoda: ¿por qué no armaron con la misma pasión y urgencia una reforma de salud y otra en materia de seguridad pública, dos campos donde andamos por la calle de la amargura?

Fue la pandemia la que vino a develar, en su justa dimensión, las miserables condiciones del sistema de salud mexicano y la seguridad social, que lo único que asegura es la muerte de los usuarios.

Cinco millones 738 mil 769 de mexicanos contagiados, con 324 mil 294 muertos hasta el día de ayer en todo el país, son la prueba más evidente del patético sistema de salud que tenemos y que frente a una calamidad de esta dimensión, reaccionó y accionó con ocurrencias, con recomendaciones políticas, no científicas, y con miles de carencias que pusieron al personal médico a trabajar con las uñas, a exponer sus vidas hasta el agotamiento, para ver morir a miles de pacientes por la falta de medicamentos y equipo básico.

Los números son elocuentes y si se comparan con los de otros países con menos recursos que México, como Perú o Sudáfrica, donde tuvieron una tercera parte de los fallecimientos registrados en suelo azteca, debemos reconocer que nuestros servicios de salud son patéticos.

Aquí es donde urge que se implemente una reforma a fondo, que modernice los hospitales públicos que durante la pandemia se convirtieron en morgues.

Es impostergable que el sistema de salud cuente con los medicamentos que los usuarios reclaman, para seguir combatiendo el Covid, los que se dejaron de comprar contra el cáncer y hasta los del cuadro básico, que han sido materia de especulación de los mercaderes del Gobierno federal.

Hace falta esa reforma que limite la grilla de los sindicatos de empleados del IMSS y del Issste, y privilegie la atención de calidad para miles de derechohabientes, que de tanto quejarse de los pésimos servicios que reciben se han quedado sin saliva.

Ya es tiempo de que los hospitales públicos dejen de ser motivo de riesgo y miedo para los usuarios y se conviertan en factor de alivio, y eso solo se arregla con una reforma al sistema de salud.

Y qué decir del principal problema que lacera al país con la violencia desatada por los carteles de la droga, con las desapariciones forzadas y los feminicidios que son ya escándalo mundial.

¿Por qué no se implementa con la misma prisa una reforma en seguridad pública y dejan de hacerle parches a los códigos penales de la federación y a los estados, cambiando de nombre a las corporaciones, provocando únicamente la burla de los ciudadanos y fortaleciendo la impunidad de los bandidos?

Si la vida de los mexicanos es el bien más valioso que debe tutelar el Estado, ¿cuál es la razón de que se privilegie primero una reforma electoral, cuando todo el territorio nacional está teñido de sangre inocente?

Esta es la reforma que debería estar en primer lugar en la agenda presidencial, no la que les brinde más poder a los políticos para seguir solapando a los grupos criminales, que en esta administración federal se han fortalecido porque nadie los molesta.

Los discursos sin resultados siguen llenando las tribunas del Congreso de la Unión y de las mañaneras, donde se lamentan y condenan los hechos de sangre que todos los días enlutan hogares mexicanos, pero solamente con palabras, nunca con acciones que castiguen los delitos y mitiguen el dolor de las familias de las víctimas.

No bastan las cuentas alegres de corporaciones de barro como la Guardia Nacional, que se han convertido en simples turistas de las entidades donde están asignados, porque su patrullaje se concentra en sectores tranquilos, no en las zonas donde está el peligro. 

Lo vemos todos los días en Juárez con desfiles de unidades blancas de la Guardia, paseando y mostrándose armados hasta los dientes en las principales avenidas, donde se concentra la actividad comercial e industria, nunca en las colonias donde mandan los sicarios y los barones de la droga al menudeo.

Lejos de ser motivo de confianza para los juarenses, su presencia desalienta por tratarse de una vil simulación que no combate nada y mucho menos asusta a los malos.

Prueba de ello está en que la carga de la seguridad pública se concentra totalmente en la Policía Municipal, que pese a las enormes carencias que tiene en equipo y personal, debe cubrir el inmenso territorio fronterizo sin esperar que la Guardia Nacional atienda la parte que es su responsabilidad.

Así es la cruda realidad que se vive en Juárez y en el país, pero lejos de buscarle una solución, nuestras autoridades del altiplano buscan ampliar sus márgenes de control político, para mantenerse en el poder, aunque la población siga muriendo por el caduco sistema de salud y por las balas del crimen organizado.  

Como si no fuera suficiente lo anterior, hay voces que sostienen que el presidente y Morena saben que esta reforma no pasará, pero que la han puesto sobre la mesa únicamente para sostener, después, que la oposición, o lo que queda de ella, no quiso darle voz al pueblo para la elección de las autoridades electorales. Así,  se apruebe o no la reforma, el Gobierno y el partido en el poder sale ganando políticamente, mientras que las verdaderas crisis del país continúan esperando de su atención.

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Este domingo comienza la cuenta regresiva para que los sindicatos del país legitimen sus contratos colectivos de trabajo con las empresas, requisito indispensable para cumplir con la reforma laboral del 2019.

De un universo de 550 mil contratos colectivos que hay en el país en las organizaciones sindicales de la CTM, CTC, CROC, UNT, electricistas y mineros, únicamente 4 mil contratos han sido legitimados.

Por eso, la propia secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, declaró el viernes en la ciudad de México que hoy comienza la cuenta regresiva porque dentro de un año, el primero de mayo del 2023, los contratos que no hayan cumplido con este requisito serán anulados.

Los que no cumplan con el proceso se darán por terminados y dejará abierta la puerta a cualquier otro sindicato registrado para que pueda demandar su titularidad, aunque primero deberán ser atractivos y aceptados por los trabajadores.

De esta manera quedará abierta la libre competencia del sindicalismo mexicano que ganarán sin duda, aquellos que tengan mejores propuestas y beneficios para los trabajadores.

La regla laboral pretende que el viciado sindicalismo mexicano transite hacia una vida sindical democrática, con respeto a los derechos laborales y libre de los eternos caciques que acaparan contratos y venden sus amores al mejor postor, a cambio de posiciones políticas.

Hasta ahora, la intención suena interesante y con alcances favorables para los sindicalizados, falta que en los hechos se cumpla y comiencen por desbaratar los monopolios de las centrales obreras que hasta ahora han sido intocables y cien por ciento negociables.