Después del 11 de mayo, cuando terminó la aplicación del Título 42 en los Estados Unidos, varias preguntas se quedaron flotando en el aire: ¿Qué sigue? ¿Soluciona la crisis humanitaria una ley migratoria más drástica como es el Título 8? ¿Se detendrán los flujos de migrantes del sur y Centroamérica? ¿Qué hará el Gobierno federal con los 10 mil migrantes que se quedaron varados en Juárez?

Ciertamente que después de la tempestad llegó la calma a Juárez, cuando miles de migrantes alcanzaron a pasar a suelo estadounidense para entregarse a la Patrulla Fronteriza, en busca del asilo humanitario, pero esa decisión no les garantiza de ninguna manera que van a alcanzar el sueño americano, simplemente y sencillamente porque su cruce fue ilegal.

Este escenario de sufrimiento y calvario de miles de extranjeros, que desde el 2018 comenzaron a llegar a la frontera norte, no estuvo exento de drama y luto, por la tragedia registrada el 27 de marzo en la estación migratoria de Juárez, donde murieron 40 venezolanos, y el fatal atropello de otros 25 en Brownsville, Texas, el pasado 7 de mayo, donde perdieron la vida 8 migrantes de la misma nacionalidad.

Estos hechos despertaron temor en todos los campamentos de migrantes diseminados a lo largo de la frontera, orillando a muchos a perder la paciencia para tratar de llegar a los Estados Unidos, aunque ello significara la violación a la ley y, por ende, redujera sus posibilidades de legalizar su estancia.

Por ello, la organización activista Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, (LULAC, por sus siglas en inglés) calificó el 11 de mayo como el “Día D”, en alusión a la sangrienta invasión de las fuerzas aliadas a Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial, porque los sueños de miles de hombres y mujeres que pasaron meses de hambre, frío, acoso, extorsiones y hasta la muerte para muchos de ellos, no terminó con el fin de la ley pandémica Titulo 42.

Hasta el 12 de mayo, la oficina regional del CBP reportaba que tenía bajo custodia en El Paso a 5 mil migrantes, que comenzaron a ser procesados para determinar la posibilidad de otorgarles cita en busca del anhelado asilo, y solamente quienes sean calificados, que serán los menos, permanecerán en suelo estadounidense en espera de la audiencia con un juez de migración, lo cual puede tardar meses… o años.

Por lo mismo, sus pesadillas no han terminado, como tampoco se ha despejado el problema en la frontera mexicana, pues existe el compromiso del Gobierno de la República de recibir hasta 30 mil migrantes por mes, de los que sean deportados del vecino país en los próximos meses.

Todo eso hace el panorama más confuso y mantiene en ascuas a las autoridades municipales y estatales, que son las que al final de cuentas tendrán que lidiar con el problema, apoyados por las organizaciones civiles que hoy y siempre, han plantado soluciones humanitarias a la crisis.

Ante todas esas interrogantes y confusiones que surgieron después del “Día D”, el influyente diario The New York Times, publicó el jueves pasado una interesante guía, para explicar cómo será el proceso para los migrantes que ya se encuentran en territorio del Tío Sam y los que esperan aún en suelo mexicano, la oportunidad de cruzar la frontera.

Dicho manual fue realizado con la ayuda de Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, quien, de acuerdo con el periódico neoyorkino, es uno de los mayores expertos del país en este tema.

De acuerdo con ese documento, hay tres vías para buscar llegar al sueño americano.

La primera es solicitar un permiso humanitario, pero pocas nacionalidades cumplen con los requisitos, entre ellas la venezolana, la cubana, la haitiana y la nicaraguense.

Si cumplen con el requisito de nacionalidad, deberán comprobar que tienen motivos de peligro urgente por sus vidas, para salir de sus países y deberán contar, además, con un patrocinador en los Estados Unidos que los pueda apoyar económicamente.

Estos permisos están limitados a 30 mil personas por mes y en aquellos casos que se apruebe la solicitud, podrán vivir y trabajar, únicamente por dos años.

Para los miles de migrantes que aún permanecen en México, está la segunda vía, que es la única posibilidad que tienen de solicitar la cita para asilo, mediante la aplicación CBP One, que entró en funcionamiento en enero de este año y que la misma guía describe como defectuosa y con cupo limitado a mil personas por día.

Quienes logran entrar al sistema, que es algo similar a sacarse la lotería dice el NYT, son los únicos con probabilidades de ingresar a los EU y solicitar asilo, aunque tendrán que esperar meses o años por una fecha de audiencia.

La tercera vía que utilizó la gran mayoría de los 5 mil migrantes que se encuentran en El Paso, es cruzar de manera ilegal, entregándose a los agentes federales para solicitar asilo, pero sin documentos que aprueben su estancia.

Al terminar el Titulo 42, los migrantes que llegaron ilegalmente al país vecino sin la documentación adecuada, pasarán por un proceso formal de deportación que puede durar años, o se les aplicará el Título 8 que es un procedimiento de expulsión acelerada, después de permanecer en los centros de detención provisional.

Se calcula que las familias y los niños entrarán en la primera vía, y les fijarán una fecha para comparecer ante un juez, con la ventaja de que podrán vivir y trabajar legalmente en el país, hasta que se dicte una resolución.

En el caso de los adultos solos, las posibilidades de obtener el permiso son nulas, sobre todo para mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos, que entrarán en el proceso de expulsión acelerada, además de ser acusados de delito grave y quedar imposibilitados para regresar a los Estados Unidos por 5 años.

Con las nuevas disposiciones del presidente Joe Biden para endurecer la política migratoria, a partir del 12 de mayo cualquier aspirante al asilo deberá haberlo solicitado primero en el país de tránsito, en este caso México, y demostrar que les fue rechazada para que Estados Unidos considere brindarles la protección.

Luego, como segundo paso para evitar la expulsión acelerada que contempla la ley Título 8, el migrante necesita comprobar el temor de volver a su país de origen y además justificarlo. Los únicos que salvarán esta condición son aquellos que convenzan al oficial de asilo de que tienen un miedo terrible de persecución en su país y podrán pedir asilo. El resto serán detenidos para ser deportados y solo unos pocos podrán quedar en libertad y regresar a suelo mexicano por voluntad propia.

El experto Aaron Reichlin-Melnick cita en el documento que, a pesar de que los migrantes sean liberados y obtengan una cita para seguir los procedimientos judiciales, la mayoría de las solicitudes de asilo serán rechazadas, porque casi nadie podrá comprobar haber solicitado asilo en México y haber sido rechazado.

Por todo ello, el mismo especialista sostiene que la única vía para permanecer y trabajar en la Unión Americana, seguirá siendo el cruce clandestino y permanecer escondidos para evitar ser descubiertos, fichados y deportados.

Si a todo eso le sumamos la denuncia que hizo la semana pasada la congresista federal demócrata, Verónica Escobar, por el proyecto de ley republicano aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que cortará los fondos a muchas de las organizaciones que trabajan en la primera línea de la crisis migratoria, el panorama se oscurece.

La demócrata por El Paso, advirtió que el proyecto de ley, conocido como Ley de Seguridad Fronteriza, incluye “disposiciones terribles», que llegarían al encarcelamiento de niños migrantes y el fin del financiamiento a organizaciones no gubernamentales, que operan basadas en la fe, lo que pone en riesgo la colaboración que la comunidad paseña ha creado con Aduanas y Protección Fronteriza.

Frente a todo este escenario, que presagia nubarrones y que anticipa una nueva ola de migrantes que llegarán a la ciudad del sur, pero también del norte, independientemente de los 10 mil que ya se encuentran aquí varados, ¿qué está haciendo, o qué va a hacer el Gobierno federal mexicano cuando llegue la emergencia?

Si por las vísperas se conocen los días y el Instituto Nacional de Migración anunció el cierre de 33 estancias migratorios a partir del fin del Título 42, dejando en el limbo el albergue de mil 300 personas en movimiento, nada bueno podemos esperar en los días por venir.

Las estancias funcionaban en entidades de las fronteras sur y norte de México, pero también en algunas de las ciudades más importantes del país, y hasta ayer no se había dado una fecha para su reapertura.

Los Estados que se quedaron sin el servicio de esos albergues son Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur, así como las ciudades de Guadalajara, Puebla, Querétaro y Veracruz.

Esta disposición, autorizada directamente por el desprestigiado Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, sujeto a proceso por la tragedia registrada en Juárez, constituye una decisión absurda y terrible, porque en lugar de ampliar los espacios para atender a los migrantes en movimiento, se están reduciendo.

Si a ello le sumamos que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el responsable de la política interna y migratoria del país, Adán Augusto López, han dejado el tema suelto porque andan desatados en busca de posicionar su imagen, para ganar la encuesta que les otorgue la postulación presidencial, podemos concluir que estado y Municipio tendrán que rascarse con sus propias uñas, mientras el mesías de la 4T sigue jugando a los dados cargados con sus corcholatas y se olvida de que los compromisos que hizo con el vecino del norte para atender la crisis migrante, reclaman tiempo y atención de su Gabinete, pero también mucho billete que no están dispuestos a gastar. Al tiempo.

Pobre Juárez, tan lejos de México y tan cerca de los Estados Unidos.