Que las obras públicas se cancelen, se posterguen en su inicio o se retrasen en su ejecución, se controviertan o queden mochas, parece ser ya una maldición que se cierne sobre Ciudad Juárez, como si no tuviera suficiente con su atávico rezago en infraestructura y equipamiento.
Sin embargo, no ha sido gratuito o meramente circunstancial que se repitan esos escenarios indeseables. Se puede ubicar en el centro del problema, una persistente descoordinación y falta de voluntad política para trabajar en la construcción de acuerdos entre los distintos órdenes de Gobierno.
Ni siquiera cuando se trata de Gobiernos de iguales colores partidistas hay garantía de coordinación, menos cuando son de distinto origen. Y si a la diferencia de proyectos políticos se le agregan situaciones de coyuntura, como los propios procesos electorales, desaparece cualquier incentivo para el consenso.
Hay además otro problema sistémico. La falta de voluntad política no únicamente encarna en la incapacidad de los gobernantes para ponerse de acuerdo entre ellos, también en el desdén a escuchar las necesidades y los puntos de vista de los ciudadanos, cuando se trata de definir qué obras realizar y cómo ejecutarlas.
La semana cerró, coincidentemente, en medio de la controversia en distintos frentes.
El alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar anunció el inminente arranque de la construcción del puente elevado sobre las vías del ferrocarril, en el primer cuadro de la ciudad, mientras continúan los reclamos de comerciantes de la zona, profesionistas, activistas y cámaras empresariales, que proponen un proyecto de pasos a desnivel para favorecer la peatonización de la zona, la regeneración de lo público y la protección del patrimonio cultural que incluye espacios históricos y arquitectónicos.
Esa opción mayormente aceptable no es ni siquiera la solución ideal para enfrentar el problema histórico del tren de carga que parte el centro en dos para llegar hasta Estados Unidos. Hay un anhelo de décadas atrás, para que las vías se saquen de la ciudad y se opte por la conexión al vecino país en el área de Jerónimo-Santa Teresa, es decir, por Nuevo México.
Los intereses económicos y políticos son binacionales y seguramente rebasan toda posibilidad local, pero justo ahí aparece la otra variable ya señalada con anterioridad: ni las autoridades federales, ni las estatales se han sentado con sus contrapartes municipales para analizar qué es lo que verdaderamente conviene a la ciudad, para actuar en consecuencia.
En sentido estricto, si hoy se piensa ejecutar el puente sobre las vías del tren en el Centro Histórico (en el cruce de Vicente Guerrero y Francisco Villa), es porque así lo decidió la empresa de ferrocarriles que está aportando más de 400 millones de pesos para la obra. Se respondió finalmente a una demanda de solución al problema de movilidad ocasionado por el tren, pero no se escucharon las alternativas.
La semana también cerró con otra polémica respecto al desencuentro entre el Gobierno municipal (Morena) y el Gobierno del Estado (PAN) para empatar recursos para obra pública y definir qué proyectos son prioritarios para la ciudad.
Desde que el año pasado se perfilaban proyectos de obras pendientes, el alcalde Cruz Pérez planteó la conveniencia de que el Gobierno estatal comprometiera recursos para la prolongación hacia el sur de la avenida De las Torres.
En la zona suroriente, el Gobierno municipal ejecuta el Distribuidor Vial Talamás, obra de 380 millones de pesos y la ampliación De las Torres se planteó como urgente y complementaria para resolver la crítica conectividad en esa parte de la ciudad ya saturada y aún en expansión.
Ni antes ni después de que las campañas políticas cancelaran la posibilidad de algún acuerdo, hubo respuesta pública de la Administración estatal.
Pasado el proceso electoral, Pérez Cuéllar anunció que la obra se hará con recursos municipales, igual que el distribuidor vial Talamás. Agregó que insistirían ante el Estado para que destine recursos a proyectos de obra pública como el ya señalado o algún otro prioritario, para después acordar qué obras podrían empatarse o hacerse por separado.
Luego de las declaraciones del alcalde ya reelecto, Oscar Ibáñez, el representante de la gobernadora María Eugenia Campos en Ciudad Juárez, aseguró que, aunque al Gobierno municipal se le solicitó desde el año pasado el proyecto ejecutivo de la obra, nunca les fue entregado.
Aseguró que en general “la voluntad de coordinarse y colaborar para la construcción de obra pública para Ciudad Juárez, siempre está”. Lo mismo declaró el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
Aunque hay palabras de buena voluntad, en los hechos, no se ha materializado la coordinación deseada.
………………
Respecto al caso de las obras del ferrocarril en el Centro Histórico, vale la pena revisar cómo se llegó a plantear la ejecución de la obra, sin verdadera consulta previa y sin coordinación interinstitucional alguna.
Fue en febrero pasado cuando el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que firmó un convenio con el Grupo México Transportes Ferromex para la construcción de un puente elevado y otro suprimido para vehículos, así como uno más peatonal, con un costo de 420 millones de pesos.
La noticia, sin embargo, no cayó bien a algunos sectores, cuyos representantes elevaron sus protestas a nombre de Canaco, Canacintra, Coparmex, la asociación civil Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, el Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez, el Grupo Código Postal 32000, el Colegio Nacional de Turismólogos, Hotelería y Gastronomía y hasta representantes de personas con discapacidad.
Especialistas en urbanismo advirtieron que los puentes elevados son barreras para las ciudades, particularmente para los centros históricos, concebidos en la actualidad como espacios para el disfrute de los andantes o peatones.
El proyecto fue gestionado de manera unilateral por parte del Municipio. La gobernadora, María Eugenia Campos Galván, declaró que no recibió información relacionada a la obra. Adelantó que, si la comunidad juarense se opone a su construcción, entonces deberá ser cancelada.
Destacó que no hay que darle vueltas al asunto y aseguró que su Gobierno no ayudará a imponer alguna medida que los propios fronterizos rechacen. Sus declaraciones se hicieron en el contexto del proceso electoral prácticamente ya concluido.
Por lo que respecta al Gobierno Federal, la única noticia de su participación en esta obra es que la Aduana de México dio aviso de que se autorizó a Ferromex incrementar sus operaciones cuatro horas más a partir del pasado 22 de abril. Esa decisión tampoco incluyó el sentir de los fronterizos.
Aunque la solución más efectiva al problema es que las vías salgan del centro de la ciudad, como dictan especialistas en el tema y los propios residentes y visitantes, los proyectos para hacerlo tienen un costo tan elevado que ni Ferromex, ni los Gobiernos federal, estatal o municipal lo quieren o pueden costear.
En cambio, han preferido financiar obras menores, como pasos a desnivel, que han resultado únicamente paliativas ante el caos vial, el estrangulamiento de la movilidad y el estrés social que cotidianamente provoca el tren.
Hasta hoy, al igual que con muchas otras obras públicas en las que el sentir de las personas queda excluido, no se han presentado los estudios del impacto social y ambiental que un proyecto de esa envergadura requiere.
………………
Lamentablemente, hay varios casos de obras olvidadas o desatendidas porque desde su planeación no se consideró la integración de una visión única sobre su prioridad o trascendencia.
Está, por ejemplo, el tema de las jardineras pluviales construidas el 2021 durante la administración estatal de Javier Corral, como parte de la solución a los problemas de inundaciones en algunos puntos de la ciudad.
Norte Digital atendió en días pasados, una denuncia de vecinos de la colonia ExHipódromo, ya que sobre la calle Niños Héroes, algunas alcantarillas que forman parte del sistema al que se integran las jardineras de lluvia, fueron taponeadas por una empresa contratada por el Gobierno Municipal para repavimentar la vialidad.
También se generó un diferendo entre el representante del Gobierno del Estado y funcionarios municipales, ya que Oscar Ibáñez (exfuncionario corralista participante de ese proyecto) señaló que los jardines de lluvia habían sido entregados debidamente a la Administración municipal, lo que fue negado por el director de Urbanización de la Dirección General de Obras Públicas, Erik Ochoa.
Por lo visto, no existe mecanismo o instrumento institucional efectivo para asegurar que obras realizadas con recursos estatales, queden debidamente integradas al equipamiento de la ciudad, como patrimonio municipal. Sobre todo, para ser consideradas en su conservación y mantenimiento.
Regidores integrantes del Ayuntamiento hicieron un recorrido por el lugar y además de confirmar los daños causados en el proceso constructivo, también observaron que las jardineras no son regadas ni limpiadas por la Dirección de Servicios Públicos, ya que no las tiene en sus inventarios de mantenimiento.
La historia es similar a lo que ocurrió con las ciclovías, una obra estatal que, se supone, atendió una tendencia por privilegiar la movilidad no motorizada, pero que tampoco fue debidamente aceptada y recibida por el Gobierno municipal.
Ese proyecto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua (Sedue) requirió una inversión de 47 millones de pesos, aportados por la Federación a través del Fondo Metropolitano.
Se construyeron 30 kilómetros de tres ciclorutas, con base en un plan realizado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), para vincularse además con las rutas troncales de transporte público.
La obra quedó mocha, ya que el proyecto total contemplaba toda la zona del Centro Histórico, El Chamizal y el Pronaf, como complemento de un programa que buscaba concretar diversas formas de movilidad con un Sistema de Bicicleta Compartida, con 100 bicipuertos en la zona del Pronaf, cada uno con 10 bicicletas, para en total mil unidades en renta.
Entonces, se llegó a calcular la integración de las ciclovías a las rutas troncales de transporte con una demanda de 25 mil usuarios que utilizarían la red ciclista como medio de transporte, para cubrir los campus universitarios, el Centro Histórico, centros comerciales, centros culturales, museos, galerías, oficinas gubernamentales, así como parques industriales, hospitales públicos y privados.
No se completó el proyecto y la construcción de infraestructura de ciclorutas terminó a finales de 2022, aunque el proceso de entrega para la Administración municipal se concretó hasta mayo de 2023.
Sin embargo, el Gobierno municipal no hizo suyo el proyecto y se quedó pendiente una consulta popular para decidir si se mantenía o retiraba esa infraestructura, ya que un sector de la población mostró rechazo a la obra por una supuesta baja utilidad y uso.
El hecho es que, aunque hay colectivos, grupos de usuarios y académicos que pugnan por su conservación, hasta hoy la ciclovía sigue abandonada, sin mantenimiento y subutilizada.
Sin duda, está fallando la gestión de proyectos realmente interinstitucionales, también la consulta ciudadana y hasta la socialización sobre cómo y por qué se proyectan las obras públicas.
Mientras no exista una verdadera voluntad política para la escucha y el diálogo, ni la convicción de construir acuerdos por la ciudad y no por proyectos electorales o por intereses estrictamente económicos, Juárez nunca podrá sacudirse la maldición de las obras malhechas o ni siquiera bien concebidas.