Faltan 9 días para que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos y cada vez son mayores el nerviosismo y el temor de que se cumplan sus amenazas en materia migratoria.

Los escenarios de lo que pueda pasar en esta frontera por las deportaciones masivas y el cierre total de la frontera estadounidense a la migración, se han puesto sobre la mesa de análisis por distintos actores y especialistas, acaparando la agenda pública y mediática.

Tanto en lo local como en lo nacional, la cuenta regresiva para la asunción de Trump al poder, este 20 de enero, ha generado una expectativa sin precedente, precisamente por el alcance que podrían tener las medidas anunciadas por el futuro presidente de Estados Unidos, para aplicarse desde el primer momento de su mandato.

Cuando Norte Digital consultó a expertos en política binacional y migraciones, como Antonio Payán y Rodolfo Rubio, lo primero que advirtieron fue la imposibilidad logística y de capacidad del propio Gobierno de Estados Unidos para operar de golpe una deportación masiva.

Sin embargo, sí podría ser muy viable que en primera instancia se deporte a las personas indocumentadas que están en cárceles y en centros de detención. Es decir, aprovecharía Trump lo que tiene más a la mano.

De acuerdo con Payán Alvarado, director del Centro México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston, Texas, y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el programa de Trump será agresivo, pero limitado.

“No sé si se pueden deportar 11 millones de residentes indocumentados en Estados Unidos, creo que es logísticamente imposible, pero se va a desplegar un sistema de deportaciones agresivo”, dijo el académico juarense.

Payán cree que apenas entre uno y dos millones de personas podrían ser detectadas en redadas en sus lugares de trabajo, por la información que posee el propio Gobierno de Estados Unidos.

Detenerlas y deportarlas tendría su complicación, y dependería de qué tanto personal y recursos puedan disponer las autoridades estadounidenses en el corto plazo.

Rubio Salas, profesor investigador en la Dirección Regional de El Colegio de Chihuahua, consideró que las deportaciones masivas se van a dar en función de las capacidades que Estados Unidos tiene en infraestructura y en cantidad de agentes.

“Eso no parece muy viable en el corto plazo, porque eso implica tener toda una estrategia, ir a buscar a las personas migrantes en lugares de trabajo, en el espacio público, en los sitios donde ellos creen que pueden estar”, explicó Rubio.

Lo que podría ser más impactante, de acuerdo con la visión y la experiencia del investigador del Colech, es que en los próximos días se presente un flujo importante de personas migrantes a la frontera para tratar de entrar a través de algún mecanismo, obtener alguna visa humanitaria o acceder a los mecanismos que han estado funcionando en los últimos meses, para ingresar a Estados Unidos antes de que el presidente electo tome posesión y aplique las restricciones anunciadas.

La mayor inquietud en Juárez es precisamente que en un momento se conjunten los dos flujos migratorios: quienes vienen del sur y se quedan aquí atrapados frente a las fronteras cerradas y los programas de asilo cancelados, y quienes sean expulsados por esta frontera, ya sea de manera exprés, después de procesos o en esa “limpieza” de cárceles y centros de detención.

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La inminente agravación en violaciones de los derechos humanos está en el centro de la preocupación de las organizaciones defensoras de las personas migrantes.

“Evidentemente, es un tema que desde la sociedad civil nos preocupa, sobre todo por la carga xenofóbica que tienen los recursos del presidente electo de los Estados Unidos”, expuso Alejandra Corona Carbajal, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), que tiene una de sus principales oficinas en Juárez.

Corona considera que lo más grave es que lo planteado por Trump, es una aplicación de la política de expulsiones sin tomar en cuenta el derecho internacional al asilo y sin verificar los casos más graves o cuáles requieren de una atención más especializada.

“Eso es lo más preocupante –explica– el trabajo sin consciencia en las deportaciones o en las repatriaciones de personas”.

La activista habla de aquellos casos que involucran a personas que realmente requieren el asilo porque sus vidas están en peligro si son deportadas a México o a sus países de origen.

Según la representante jesuita, Estados Unidos tiene el derecho de limitar el ingreso a su país, pero con su política migratoria estaría ignorando la protección internacional, porque hay personas que sí la necesitan, ya que sus vidas están en riesgo.

Y si además se habla de expulsiones y deportaciones en masa, la vulnerabilidad sería todavía mayor para las personas en condición de movilidad.

El Servicio Jesuita a Refugiados también advierte sobre la ilegalidad en otro de los amagos de Donald Trump, el relacionado con quitar la ciudadanía a nacidos en Estados Unidos, hijos de indocumentados.

Desde su campaña presidencial, el hoy presidente electo anunció que emitiría una orden ejecutiva el primer día de su presidencia para imponer el requisito de que, para que infantes nacidos en Estados Unidos se conviertan en ciudadanos de ese país, al menos uno de los padres cuente con la ciudadanía estadounidense o ser residente legal.

Trump buscaría además que a los hijos de personas que están sin autorización legal en Estados Unidos, no se les emitan pasaportes, ni número de Seguridad Social; tampoco serían elegibles para ciertos beneficios sociales financiados por los contribuyentes.

La acción aplicaría, en el supuesto que ocurra, a personas que ya cuentan con ese beneficio.

Para la coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados en Juárez, esa amenaza mantiene preocupadas a los directamente afectados, así como a las personas y organizaciones que defienden a los migrantes.

“Si analizamos el discurso del presidente electo, nos damos cuenta que en realidad es una herramienta de amedrentamiento, de miedo, de sometimiento y, sobre todo, de violación de derechos”, asegura Corona Carbajal.

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Con independencia del alcance de las medidas de Donald Trump, no hay tiempo qué perder. Las previsiones deben tomarse ya, porque el tiempo se agota y no puede ocurrir, otra vez, que los flujos migratorios rebasen las capacidades institucionales y la ciudad colapse.

Hay distintos rubros que deben ser atendidos. En principio, tomar las previsiones operativas que también pasan por lo presupuestal, para atender una eventual crisis humanitaria. Ello implica garantizar suministros de alimentación e higiene, además de los correspondientes espacios de acogida.

La coordinación interinstitucional que pasa por los tres órdenes de Gobierno es fundamental, así como la vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil que dan soporte a una red de albergues no gubernamentales.

¿Qué otro espacio oficial debe de prepararse o cuál ampliarse, para que se cuente con instalaciones bien equipadas, acondicionadas y debidamente ubicadas? ¿Cuál es el Plan A, el B y C y con qué participará cada orden de Gobierno en cuanto a esa infraestructura básica necesaria?

Ya hay experiencia que debe ser mejor articulada y sistematizada para que también se avance en la atención integral que implica la integración laboral con los esquemas más exitosos que se hayan logrado en el pasado reciente, igual que se han tenido experiencias con modelos de inclusión educativa y recreativa.

La preocupación por la vulnerabilidad en cuanto a la integridad y seguridad de las personas en condición de movilidad también debe ser atendida.

Sus derechos humanos fundamentales deben garantizarse y cuidar que trayectos, calles y otros espacios públicos y privados sean seguros y dignos. Los migrantes deben blindarse debidamente ante el crimen organizado que los atenaza y/o puede reclutar para sus actividades criminales. Esa problemática nunca ha recibido la atención que merece y las personas migrantes son revictimizadas sistemáticamente.

De nuevo, en este caso es primordial la coordinación entre corporaciones policiacas y la apertura a la vinculación con las organizaciones defensoras de derechos humanos y todas aquellas instituciones involucradas en el tema.

La gestión de los flujos migratorios, que sobrepasa el plano local y corresponde a la esfera federal, también debe afinarse para garantizar la migración ordenada y segura, que incluya el monitoreo de la saturación o despresurización de las principales ciudades fronterizas.

De ahí que, como nunca, urjan la colaboración y la estrategia conjunta. Hay signos de voluntad política para esa coordinación necesaria, pero debe darse ya el paso a la definición y confección del plan de contingencia, con cada una de las acciones prioritarias.

El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, anunció que ayer mismo habría una comunicación institucional de él y la gobernadora Maru Campos con funcionarios de Gobernación federal, para tratar el tema.

Federación, Estado y Municipio deben sentarse a la misma mesa con ese único objetivo: que Juárez esté preparada para la contingencia. El modelo de gobernanza migratoria ante la eventual crisis, tiene que construirse entre todos.