Si usted, apreciado lector, vive en las zonas 3 y 4, vaya haciéndole espacio a otra bolsa de basura. Dice el alcalde Héctor Ortiz Orpinel que no le va a temblar la mano para sancionar a Aseo Municipal, incluso si tiene que cancelar la concesión. Por lo pronto, lo que cayó sobre la mesa fue un mes de plazo para reponer los camiones faltantes, más de la mitad con que debe operar.
La empresa consiguió tiempo; usted tendrá que conseguir dónde guardar los desperdicios. Durante ese plazo, la recolección quedará en dos recorridos semanales, aunque el contrato establece tres. Así que, si ya le tenía tomada la medida al camión, habrá que volver a hacer cuentas y a familiarizarse con los nuevos días.
Las otras concesionarias entrarán al quite con dobles turnos, recorridos de fin de semana y jornadas hasta la medianoche.
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¿Cómo acabó usted esperando el camión por un asunto federal? El hilo lleva hasta Carlos Alberto Velázquez Nieto, propietario de Energética Carvel y, además, socio mayoritario y administrador único de Aseo Municipal. Dos empresas distintas, con el mismo empresario al frente.
Velázquez Nieto fue detenido el pasado 24 de septiembre, en medio de operativos federales en inmuebles vinculados con ambas compañías. Después de esas diligencias, Aseo Municipal perdió la disponibilidad de parte de sus recolectores. El problema terminó llegando hasta los botes de basura de los juarenses.
Del expediente penal hay poca información y siguen faltando explicaciones oficiales sobre los cargos concretos. De los efectos sobre el servicio, en cambio, sobran testimonios. Norte Digital documentó al menos 40 camiones estacionados en horario de trabajo, mientras los vecinos contaban los días sin recolección.
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A Aseo Municipal le quedan años de concesión ya que el contrato tiene vigencia hasta 2038 y la obliga a disponer de 75 recolectores.
Mirone entiende que hay que mantener la recolección mientras la empresa repone sus camiones. Pero Aseo Municipal debe explicar cuántas unidades faltan y cuándo volverá a cumplir los tres recorridos semanales. Y el Municipio debe precisar qué sanciones aplicará por las fallas que ya ocurrieron. El mes de plazo es para recuperar el servicio; los incumplimientos también deben tener consecuencias.
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Desde terrenos azules le llegó el reporte a Mirone sobre cómo se sigue dando la depuración en las listas de aspirantes a las candidaturas para los distintos cargos en juego en 2027.
Formalmente, se hicieron siete notificaciones al Comité Municipal del PAN en Juárez sobre aspirantes, principalmente externos, que ya dijeron “ahí que muera la cosa”.
Hablamos de quienes se registraron en la plataforma que habilitó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN y pasaron el primer filtro de las entrevistas y la verificación de perfiles, con cumplimiento de requisitos básicos.
De 204 personas registradas, a la segunda fase de recolección de apoyos o firmas avanzaron 121, y ahí es donde muchas más se están quedando en el camino.
Siete aventaron la toalla, pero varias decenas serán descalificadas de cualquier manera cuando se cumpla el plazo, el próximo 18 de octubre, y no presenten las firmas con las respectivas credenciales de elector capturadas.
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Supo Mirone que en el paquete de los desistimientos va una de las nueve personas que buscan la candidatura a la alcaldía y que requieren de 6 mil firmas de apoyo.
Pero no nada más la alcaldía está complicada. También quienes buscan diputaciones están batallando. Requieren de mil 500 apoyos y hay quienes apenas llevan dos o tres centenares.
Los que mejor andan no han rebasado los mil, así que del listado de 56 aspirantes en los nueve distritos, seguramente quedará al final apenas un puñado.
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El caso es que todo mundo se dio cuenta de que operar para una campaña no es “enchílame otra”, y que lo que cuenta es qué capacidad tienen para acercar apoyos o votos, que para el caso es lo mismo.
El PAN tiene su meta de 250 mil sufragios para la elección de 2027 en Juárez, así que, si alguna candidatura no le puede juntar ni mil 500 apoyos en un proceso interno, realmente no le sirve de nada.
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Gilberto Loya no solo asumió el encargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino también el de todo el aparato de gobernabilidad del Gobierno del Estado en el último tramo de la actual administración.
La operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de la propia FGE e incluso de la mismísima Secretaría General de Gobierno se concentrará en la Torre Centinela, concretamente en el piso 18, donde iban a despachar las agencias estadounidenses, de acuerdo con el plan que se vino abajo tras los sucesos de El Pinar, donde cuatro agentes extranjeros participaron en labores de seguridad estatal.
El nuevo titular de la FGE, quien ocupará el cargo al menos hasta que termine la gestión de la gobernadora Maru Campos, anunció la creación del Centro de Fusión Estatal, que no es otra cosa que aquel proyecto de concentrar, en el piso 18 de la Torre Centinela, a las agencias estadounidenses con las de Chihuahua para temas de seguridad e inteligencia.
El plan continuará según lo previsto, excepto por un pequeño detalle: no habrá personal extranjero. Peccata minuta, pues.
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Loya Chávez dio el arranque de un nuevo programa de seguridad pública cuando falta menos de un año para que concluya la administración, y lo hizo, digamos, de una manera desenfadada.
La SSPE, que encabezó durante cinco años y desde donde intentó “lanzarse” por la gubernatura del estado y hasta fraguó una imagen pública para competir por la titularidad de la Fiscalía Autónoma, sigue bajo su mando.
El ahora fiscal anuncia acciones desde una torre que, como la Centinela, no está bajo su jurisdicción, sino bajo la de esa SSPE que, en teoría, ya no dirige. Ahora está bajo el mando de Luis Ángel Aguirre Rodríguez, quien fue su segundo de a bordo durante estos cinco años. ¿Le irá a decir a su exjefe “oiga, aquí en esta torre mando yo”? Difícil imaginarlo, siquiera.
¡En la torre con la Torre!, entonces. Aquí no hubo cambio de mandos, sino una fusión un tanto informal de la SSPE y la FGE, como no se veía desde el Gobierno de César Duarte.
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Lo que dijo Loya al anunciar el dichoso “Centro de Fusión Estatal” tiene un renglón que bien vale la pena subrayar con crayón rojo.
Desde ese piso 18 se va a dar seguimiento, “en tiempo real”, al acto delictivo, con todas las capacidades tecnológicas y de inteligencia con las que cuentan “las tres áreas importantes y relevantes del Gobierno del Estado”.
Así lo anunciaron: la FGE, la SSPE y la Secretaría General de Gobierno, juntas en un mismo piso bajo una “homologación normativa”. ¡Tómala!
La nueva modalidad de “¡todos juntos ya!” se presenta en sociedad en un momento en el que se espera el inminente retiro de Santiago De la Peña de la SGG para ir en busca de la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua.
Nada se quedará desamarrado, pues; solo habrá un cambio de mando. Ahora, el quepí de general de cuatro estrellas ya no lo porta el secretario general, sino el fiscal general, así sea encargado del despacho.
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Ahora que el presidente municipal trae el brazo caliente, bien podría seguir lanzando bola dura para recuperar espacios públicos que se han ido perdiendo con los afanes y las tendencias privatizadoras.
Lo dice Mirone porque el alcalde Héctor Ortiz Orpinel anunció que los recintos deportivos de Ciudad Juárez dejarán de utilizarse para conciertos, esos en los que abunda el alcohol para acompañar la música del regional mexicano.
La decisión la tomó el presidente en funciones después de que el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos fue clausurado por los chicos de Gobernación estatal.
Operaba fuera de horario, con un espectáculo que llevó la venta de bebidas alcohólicas más allá de los horarios permitidos por la ley. Tenían los promotores, el cantante Alfredito Olivas y los asistentes al concierto su propio after en pleno Centro Histórico de la ciudad.
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Esos espacios municipales deberán usarse exclusivamente para actividades deportivas y eventos familiares, de acuerdo con la advertencia de Ortiz Orpinel. Nada de que el director del Instituto Municipal del Deporte los rente o los preste para que se hagan negocios privados.
El Neri Santos recientemente fue objeto de una inversión de alrededor de 30 millones de pesos para su remodelación y ya presenta deterioro en su butaquerío.
No estaría nada mal que ahora se volteara a ver lo que pasa en la Plaza de la Mexicanidad, donde está la emblemática X.
Un día sí y el otro también se ocupa en conciertos, festivales, ferias, tianguis y todo tipo de vendimias.
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El caso es que los juarenses no pueden disfrutar del espacio abierto, como ocurría recién inaugurada la plaza. Ahora siempre está ocupada y cerrada porque se programan eventos que en su mayoría son de corte privado y con costo de entrada.
Si alguien busca dónde armar negocio con algún espectáculo que no sea público, pues que se busque otro lugar y deje la Plaza de la X para el disfrute y el esparcimiento de los fronterizos que tanto anhelan recuperar sus espacios.
A ver si en verdad se animan desde la Presidencia Municipal a regresar a los juarenses lo que es de ellos y a dejar de favorecer el business para unos cuantos a costa de los bienes públicos.
Don Mirone