Una jugada de tres bandas se aventó el regidor panista Enrique Torres Valadez, al obtener con un amparo, una suspensión relativa a la rescisión del contrato de servicios médicos con Poliplaza Médica.

Resulta y resalta, que el Kike Torres se contagió de Covid-19 el pasado fin de semana, y ante la incertidumbre de recibir atención especializada junto con su familia en el hospital de la burocracia municipal, por la rescisión de contrato que está en proceso por parte de los abogados del Ayuntamiento, decidió interponer un amparo ante la justicia federal por actos en contra del derecho a la salud.

La demanda de amparo indirecto por peligro en la salud y en la vida, como dice el documento formal, quedó registrada con el número de expediente 944/2021 en el Juzgado Sexto de Distrito, que se resolvió a favor del regidor y en contra de la cancelación de los servicios de Poliplaza.

En su argumento central, el también abogado expuso que el pasado 8 de diciembre solicitaron información sobre la situación en que se encontraba el contrato de servicios médicos con Poliplaza, pero la autoridad no proporcionó dicha información.

Fue hasta días después cuando la autoridad municipal le dio el madruguete al bloque panista, al anunciar públicamente la decisión de cancelar el contrato por mal servicio y acumulación de quejas de los derechohabientes.

El jaloneo legal entre Poliplaza y el Gobierno municipal escaló a los medios, cuando el consorcio médico que administra el hospital publicó sendos desplegados dirigidos a la opinión pública y al presidente de la República, en su visita al estado de Chihuahua, en el que denunciaron supuestas irregularidades que sustentaban la cancelación del contrato. 

Después de esa escaramuza mediática, la continuidad del servicio quedó en el limbo, por lo que el regidor Torrez Valadez arguyó su derecho a la salud y a la vida, independientemente de los desacuerdos de tipo político y administrativos.

Torres Valadez informó a Mirone que no se trata de un asunto personal por el contagio del Covid-19 que sufre un paciente vulnerable, como es su caso, sino de la salud de 25 mil personas que no pueden quedarse colgados de la brocha porque el Municipio decidió cancelar el contrato con la institución médica.

El acuerdo resolutivo a favor del regidor se dio en tiempo récord el 28 de diciembre. El Tribunal dio el fallo de suspensión de plano. El juez federal de la causa, Héctor Manuel Flores Lara, fijó fecha para la audiencia constitucional para el 8 de enero, pero por lo pronto, queda suspendido el proceso de cancelación del contrato con Poliplaza y el Gobierno queda obligado a seguir pagando el servicio.

Tras esta situación, la Administración municipal respondió por medio de la directora de Salud municipal, la doctora Daphne Patricia Santana, quien por medio del oficio DSM/0406/2021 contestó al regidor que los servicios médicos subrogados con Poliplaza Médica no se encuentran suspendidos, por lo que la institución está obligada a prestar atención médica integral a la totalidad de los empleados municipales.

Sin embargo, a pesar de tal afirmación, la directora de Salud canalizó al regidor a los servicios de atención médica, medicamentos y servicios hospitalarios en el centro Comunitario Santiago Troncoso, localizado en la colonia Torres del PRI.

El recurso legal interpuesto por el abogado y regidor fue por la suspensión de los servicios del hospital Poliplaza, pero la funcionaria respondió al Tribunal federal que en atención a su ordenamiento y para dar cumplimiento al amparo gestionado, se permitió agendarle una cita para atención médica para el centro comunitario Santiago Troncoso.

La respuesta sonó más a burla contra el Tribunal federal que acatamiento a la disposición que dicta la norma jurídica en este caso. Habrá que ver la reacción del juzgador y de los abogados que representan al regidor.

Por lo pronto, del sindicato municipal surgieron voces a favor y en contra del recurso interpuesto por el regidor para que se reanude el servicio médico en Poliplaza. Los que reclaman en tiempos de pandemia la prestación de un servicio de calidad, no aceptan que los rebajen al servicio de un centro comunitario, donde las limitaciones y carencias generan una atención mediocre.  

Los que esperan que el Municipio encuentre un proveedor sustituto de calidad, revelaron que la dirigencia sindical está negociando con el Municipio la aprobación de 300 plazas sindicales, que no están aún en la nómina, a cambio de rechazar el servicio de Poliplaza para los empleados sindicalizados.

Muchos pelos y centellas habrán de saltar en estos días, cuando los regidores panistas retomen en Cabildo el tema del servicio médico para que se ventilen públicamente los intereses que subyacen en este conflicto.

………………

Hablando del belicoso grupo edilicio panista, Mirone se enteró que la regidora disidente Alma Arredondo será llamada a cuentas en el comité municipal del blanquiazul a partir de la segunda semana de enero.

Como se recordará, Alma renunció al grupo de regidores panistas por la negociación que hizo con el alcalde por una plaza en el DIF para un exfuncionario corralista, que andaba cabalgando en las mandíbulas de la miseria al quedar desempleado en el cambio de Administración estatal.

Después de aventarles la toalla a sus compañeros de partido, la neomorenista Alma los convocó a una reunión extraordinaria para aclarar sus sentimientos partidistas.

“Difiero darle la vuelta a la página y dejar las cosas como están. Quedo a sus órdenes después del 30 de diciembre en que vence mi incapacidad”, les dijo en un mensaje vía WhatsApp, que cayó en manos de los regidores morenistas.

Alma Arredondo goza en este momento de incapacidad por haber contraído el Covid-19. No hubo respuesta a su invitación de ninguno de los cinco regidores panistas que siguen en el grupo  edilicio. Ahora tendrá que interpretar su silencio, o de plano buscar asilo con los ediles morenistas donde destaca el famoso Pañalito.