La escalada de violencia que, igual o peor que la del Covid, padece la población de esta frontera, tomó ayer tintes de terrorismo con el incendio intencional de cuatro camiones, dos vehículos particulares que se encontraban en la vía pública, así como el de una vieja caseta de Policía en desuso y hasta el de una sucursal de la conocida cadena Oxxo.

Los atentados criminales ocurrieron de manera simultánea y provocaron pánico en la población de los sectores donde se registraron. Si el fin último en la comisión de actos de esta naturaleza es provocar el terror, el desconcierto y la confusión, los autores lo consiguieron, porque mientras la Policía sigue dando palos de ciego, reaccionando solamente ante los hechos consumados, la ciudadanía sufre el estado de indefensión en que se encuentra frente a actores criminales que cada vez están más fuera de control.

Resulta obvio que los incendiarios están enviando un mensaje o tienen dobles intenciones con la comisión de estos reprobables actos. Lo más grave es que con estos hechos se confirma el grado de impunidad con el que los delincuentes actúan por toda la ciudad. La clásica frase en el argot policial oficial “de que los ataques provocaron intensa movilización policíaca”, no es más que una expresión hueca, sin contenido alguno.

Más allá de la detención de personas presuntamente involucradas con estos hechos y supuestamente vinculadas a un conocido grupo criminal, y de las versiones de que todo esto se llevó a cabo para distraer a las corporaciones para la comisión de fechorías en otros puntos del municipio, seguramente, y hasta el momento, nuestras autoridades todavía no logran identificar a la totalidad de los responsables y determinar con claridad y precisión las motivaciones exactas de tales siniestros.

Estas tácticas de corte terrorista no son nuevas, y ya se han llevado a cabo impunemente en el pasado. En el 2008 quemaron el restaurante Aroma, famoso por la leyenda urbana que se tejió sobre la supuesta presencia que tuvo en ese lugar «El Chapo» Guzmán; en 2010 ocurrió un atentado con un coche bomba, el primero en la historia de la ciudad, mismo que dejó un saldo de cuatro muertos.

Posteriormente, y en años más recientes, hemos sido testigos de otros incendios provocados de vehículos particulares y unidades de transporte público, así como de yonques y otros negocios, que han dejado pérdidas económicas considerables y han provocado el pánico entre la población.

Ahora que los malandrines vuelven a las andadas con el poder del fuego que anexan al del plomo, surgen también las especulaciones en el sentido de que se trata de advertencias, tanto del crimen organizado como del desorganizado, ante la llegada de la Guardia Nacional a la plaza; tal y como sucedió en el 2010 con el arribo de miles de elementos de la Policía Federal que sustituyeron a los militares en el patrullaje de las calles de Juárez.

Tal parece que otra guerra entre criminales y corporaciones estatales podría estar tocando a las puertas de esta frontera, en donde el combustible remanente de aquella “tormenta perfecta” que inició en 2008 y que nos azotó con todo, quedó a cielo abierto, a la espera de la chispa adecuada. Este Mirone solo espera que estos indicios no desemboquen en otra tragedia más para Juárez.

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Un lector de Norte Digital hizo llegar a Mirone un dato que buscó y encontró en la plataforma de transparencia respecto a la Fiscalía General del Estado.

Se trata del dinero que gana la actual titular de Comunicación Social de la corporación, Sahira Yazmín Castro, presentada al arranque de la nueva gestión estatal como directora general de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

La funcionaria gana, según el reporte, 27 mil 385 pesos mensuales de sueldo; por compensación, otros 33 mil 750 y 28 mil más como bono de riesgo. Casi 90 mil pesos en total.

Con independencia de los méritos profesionales que tenga o no la nueva funcionaria (que nunca antes había estado en un cargo similar en Gobierno alguno y tampoco contaba con experiencia en medios de comunicación), quien pasó este dato a Mirone puso énfasis en el tema de la austeridad, uno tan importante en estos momentos por la delicada situación de las finanzas estatales.

Luego de comparar lo que antes percibió el responsable de Comunicación Social en ese mismo cargo (sin el rimbombante agregado de las Relaciones Públicas) Carlos Huerta Muñoz, queda claro que este no ganaba ni la mitad de lo que gana ahora Sahira Castro. Por eso la pregunta es obligada: ¿Acaso los ajustes al cinturón en materia de privilegios para funcionarios no aplica también para la Fiscalía?

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Muchas aristas, algunas bastantes filosas, trae la problemática del transporte público en Juárez. Una de ellas, muy importante, es la del aspecto financiero que se debe abordar con sumo cuidado para poder avanzar en la modernización deseada y la materialización del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Fuentes mironianas bien informadas advierten que el retraso en la entrega de las concesiones y el hecho de no garantizar una tarifa (por lo menos de 10 pesos) está a punto de tronar las posibilidades de los empresarios transportistas interesados en el proyecto.

El problema es que quienes pueden ser fuente de financiamiento en la banca pública o la banca privada, ya están empezando a dudar si le entran o no al Sistema Integrado.

Se trata nada menos que de Nafinsa y Santander, ambos entes financieros con larga experiencia en apoyar proyectos de desarrollo urbano y que hoy ya no parecen muy convencidos de participar en el rompecabezas del SIT de Juárez.

Ya no se trata solo de que el Gobierno ceda a la presión de los transportistas para dejarlos salirse con la suya y, como en años anteriores, obtener el aumento tarifario y dar a cambio un servicio menos que mediocre.

El problema es que la falta de definición en lo técnico puede significar que no haya quien quiera financiar la compra de camiones, y sin camiones no se pueden mover pasajeros. O sí, pero con unidades chatarra y con un servicio pésimo.

La armadora Ankai, elegida como proveedora por sus altos estándares, tiene capacidad instalada para fabricar 90 camiones en un día. Así que por ese lado no hay tampoco problema.

Entonces, si los concesionarios que ganaron licitaciones están listos para invertir y poner a sus choferes a operar los autobuses, y si el Gobierno está decidido a terminar las obras tanto en las troncales 1 y 2 como en las pretroncales Gómez Morín y Francisco Villarreal, la armadora Ankai tendría capacidad para entregar camiones nuevos en semanas y los bancos están listos para autorizar financiamientos ¿Cuál es la pieza que no termina de acomodarse para destrabar el asunto?

Mirone seguirá desmenuzando la trama que cruza intereses políticos, de negocios, de demanda de usuarios y de estrategias gubernamentales.

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El municipio de Chihuahua tomó la iniciativa ayer de comenzar a aplicar las pruebas gratuitas de antígenos Covid en la población, con los primeros 10 mil reactivos que les llegaron. Con ello, el alcalde Marco Bonilla rompe el modelo de Salud que se ha seguido en el estado, de que la mejor estrategia es no tener estrategia, y acerca a la población un servicio elemental que las organizaciones mundiales de Salud han recomendado desde el inicio de la pandemia, para realizar pruebas gratuitas a la población y conocer dónde están los focos de contagio.

Aunque solo serán 60 pruebas diarias, cumpliendo con un formulario de registro y evaluación médica antes de acudir a la prueba gratis, el programa habla de la preocupación y respuesta que la autoridad tiene frente al contagio del peligroso virus, y eso es bueno desde cualquier ángulo que se vea.

Bonilla no esperó a que la iniciativa de los diputados se haga ley y se destraben los recursos para las pruebas gratuitas, porque sus asesores de Salud le informaron que el tiempo que transcurre con los contagios al alza es crítico y éste es el momento de actuar, no de planear.

Bien por la iniciativa que debería ser imitada sin mayor dilación en todos los municipios de la entidad donde la carga viral está causando estragos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del estado, el número de contagios llegó ayer a una cifra récord con mil 467 casos en 24 horas.

Si con estas cifras nuestros gobernantes no se ponen las pilas, estaremos ante un escenario de valemadrismo, que llanamente implica que cada quién se rasque con sus uñas. Es cierto que nadie quiere padecer el Covid, pero también es cierto que no todos cuentan con los recursos para saber si lo tienen, y menos con la información pertinente de lo que pueden y deben hacer.

Por lo mismo, ya no es tiempo de esperar que las soluciones y los recursos caigan del cielo. Hacerlo así, será condenar a miles de chihuahuenses a la incertidumbre y a la enfermedad.