Luego de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le enmendó la plana al Tribunal Estatal Electoral y al bloque mayoritario del PRIAN en el Congreso del Estado, varias candidaturas juarenses regresaron con bastante fuerza a la contienda por las magistraturas.

Una de ellas es la de Carlos Alberto Martínez Beltrán, juez de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Bravos que quiere ser electo magistrado en materia Penal y fue una de las partes actoras en los medios de impugnación que por la vía de Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, llegaron hasta el máximo tribunal electoral.

Parte de los alegatos de su demanda identificada como SUP-JDC-1770/25, fueron tomados en cuenta en la sentencia que dictó el TEPJF, respecto a los expedientes 1715/2025 y acumulados (entre ellos el de Martínez Beltrán), ordenando al Congreso del Estado remitir la lista completa de las 94 personas que había seleccionado el Comité de Evaluación, conforme al procedimiento establecido por el propio Poder Legislativo.

En realidad, son 48 los nombres que fueron agregados a las boletas electorales, ya que el resto habían asegurado la candidatura como propuesta de los poderes Ejecutivo y Judicial. El nombre de Carlos Alberto aparece con el número 42 en la boleta verde que recibirán las y los chihuahuenses el día de la elección.

Martínez Beltrán recupera ya el tiempo de la campaña que le habían arrebatado y, mientras cumple con los requisitos para la fiscalización que exige el INE para poder hacer actos que impliquen un gasto, se promociona en redes sociales.

Tiene amplias posibilidades de convertirse en magistrado, ya que cuenta con una carrera de 25 años en el Poder Judicial, en la cual ocupó ya una magistratura de manera provisional.

Cuenta con un doctorado en Derecho Judicial y una maestría en Procuración y Administración de Justicia, además de una carrera docente de 22 años en distintas instituciones y universidades, como la UACJ. Se ha especializado también en la elaboración de manuales de procedimientos de actuación policial.

Otro de los casos de candidaturas que regresaron a la boleta electoral y por lo tanto a la contienda, es el de Judith Ávila Burciaga, aspirante que recurrió a la Sala Superior cuando consideró que se habían violentado sus derechos político-electorales.

También es candidata a una magistratura en materia Penal y también tiene amplia carrera judicial de 20 años.

La abogada (ya se hizo juarense, aunque nació en Chihuahua) cuenta con una maestría en Derecho Penal, ha sido por varios años secretaria proyectista y secretaria de Acuerdos en el Segunda Sala Penal Regional con sede en Ciudad Juárez, aunque también ocupó el despacho principal como encargada, cuando no hubo magistrado titular, durante dos años.

Con múltiples diplomados, el más reciente en Amparo por parte de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, también fue por varios años enlace del Tribunal Superior de Justicia con el Tribunal Especializado en Narcomenudeo, el primero en todo el país de su tipo que se activó en esta ciudad.

Ávila Burciaga va también en la boleta verde, la correspondiente a las magistraturas penales. A ella le asignaron el número 29.

En esa misma boleta, cada elector o electora podrá seleccionar cinco mujeres y cinco hombres (escribirá sus números en los recuadros) para que las y los más votados ocupen las 15 magistraturas que en materia penal tiene el Tribunal Superior de Justicia en el estado. Lo votación y el cómputo en el caso de las magistraturas, es estatal.

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La demanda 1715/2025 que acumuló los otros Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía fue interpuesta por Gabriela Soraya Márquez Blanco. Fue la primera que entró a la Sala Superior porque también fue de las primeras impugnaciones que desechó el Tribunal Estatal Electoral.

Junto con ella, trabajaron el litigio estratégico, otras cuatro mujeres que también ya están arrancando campaña para recuperar el tiempo que les había robado, primero la mayoría en el Congreso y luego el Tribunal Estatal.

Hablamos de María Alejandra Ramos Durán, Érika Mireya Mendoza García (JDC 1741/2025), Perla Guadalupe Ruiz González (JDC 1753/2025) y la juarense Rocío Ivett González Lara (JDC 1725/2025). Las primeras cuatro ejercen en la ciudad de Chihuahua, y fueron quienes salieron en rueda de prensa conjunta a hablar sobre la trascendencia de la sentencia de la Sala Superior.

En la sentencia se especificó que también se había acumulado la demanda ya mencionada en el tema anterior, la de Carlos Alberto Martínez Beltrán, así como la de Darío Rogelio Ornelas Saldaña, correspondiente al expediente JDC 1769/2025.

Ramos Durán es jueza Penal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y va por una magistratura en la misma materia; Mendoza García es litigante y quiere ser magistrada en materia Familiar; Ruiz González es jueza (igualmente en el sistema estatal) y aspira también a una magistratura Penal, lo mismo que González Lara, quien también es jueza y está en funciones como proyectista de Segunda Instancia.

Lo que llama la atención de Mirone, es que, aunque nunca se dijeron directamente sus nombres por los diputados de la mayoría del PRIAN que, en los hechos, las habían vetado, ellas terminaron haciendo bloque en sus demandas en las que también argumentaron violencia política contra las mujeres en razón de género.

“¿Cómo andarán el miedo y el enojo de quienes odian la democracia tanto como a las mujeres que la hemos defendido, que volvieron a sacar sus burdas y gastadas mentiras para intentar frenarnos?, escribió Alejandra Ramos en sus redes, respecto a publicaciones en las que siguen descalificando sus perfiles, precisamente por motivaciones políticas.

Las cuatro aspirantes y la quinta que está en Juárez y no acudió a la conferencia que sostuvieron el fin de semana en la Ciudad de Chihuahua, coincidieron en que justamente por sus trayectorias de defensa de los derechos humanos en general y particularmente de las mujeres, no podían haberse quedado cruzadas de brazos frente el atropello que sufrieron en carne propia.

Las hoy candidatas también coincidieron en que fue trascedente por parte del máximo tribunal, no únicamente el restituirles a ellas y al resto de aspirantes el derecho a ser votados, también la restitución del derecho de la ciudadanía a tener mayores opciones para su elección democrática.

Así que ya están sus números agregados a la misma boleta verde de magistraturas penales: el 32 para Rocío Ivett, el 33 para Gabriela Soraya, el 34 para María Alejandra y el 35 para Perla Guadalupe. Ahora tendrán que competir entre sí por los espacios. Son 19 mujeres en total que van por 8 magistraturas disponibles. Érika Mireya competirá aparte, con su número 15, en las boletas azules para la materia Familiar.

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Eduardo “Walo” Borunda cumplió y hasta rebasó su propia proyección y expectativa en la elección de la presidencia de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.

Iba por 50 y obtuvo 51 votos para cumplir también con su pronóstico de ganar 2 a 1 con su Planilla Blanca. La Planilla Renovación, con Gaby Téllez a la cabeza, se quedó con apenas 26 votos. No le alcanzó a Gaby para sacudir la agrupación que optó por seguir con otro periodo de dos años bajo la conducción de Borunda.

Fue histórica la votación porque hicieron valer su sufragio todos los que tenían derecho. Fueron 78 de 78 posibles ya que, aunque el padrón es de 80, dos no pudieron votar porque no tenían vigentes sus derechos, al incumplir con cuotas y no acudir a las sesiones.

Habíamos dicho en una entrega anterior que se vería en la votación del sábado si Manuel del Castillo en realidad le sumaría o le restaría al proyecto de Gaby. Quedó claro cuál fue la respuesta con el resultado apabullante en contra de la presentadora y comentarista de noticias.

Del Castillo se había destapado como aspirante a la presidencia al inicio del proceso, pero luego declinó y junto a algunos de sus amigas y amigos con quienes ha trabajado en otros proyectos, decidió apostarse con Gaby Téllez.

Del lado ganador, quedaron Héctor Javier Mendoza Zubiate como vicepresidente; Óscar Martín Vázquez Reyes, como secretario y Claudia Elena Bañuelos Mendoza, como tesorera.

Además, en las tres vocalías van José Ávila Cuc, Jesús Alfredo Varela y Rosendo Gaytán. Presidirán comisiones las siguientes personas: Ana Bertha Paredes (Fiscalización), Jaime Torres Valadez (Honor y Justicia) y Cuauhtémoc Monreal Rocha (Admisión).

La fiesta se llevó en paz y sin impugnaciones.

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Tremendo desliz cometió la regidora del Partido Verde, Fernanda Avalos.

Publicó en Facebook imágenes publicitarias de una campaña de esterilización en los municipios de La Cruz y Camargo.

Nada tendría de malo ni de raro, ya que ella como animalista y representante del Verde, siempre apoya y promueve ese tipo de eventos.

Sin embargo, de alguna manera balconeó lo que el equipo juarense de la Presidencia Municipal anda haciendo por otros lares, como parte del proyecto político para el 2027.

“Cruzando Chihuahua. Bienestar Animal”, es la estrategia que se aplica en otros municipios. Sin embargo, les corresponde promocionarse desde lo local a quienes arman los eventos como parte de la estructura estatal con fines electorales.

“Esterilizaciones gratuitas”, es el servicio principal que se promociona en este rubro de cuidado animal, en el que Fernanda participa a nivel Juárez.

Total, la regidora se aceleró, publicó lo que le compartieron desde otros lares y a los cinco minutos tuvo que bajar esa promoción. O sea que le llamaron la atención por andar metiendo ruido gratuito en donde no debía.