Esta semana es de definiciones en el Congreso del Estado, respecto a la designación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Se agotó el tiempo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para sacar la terna y poder enviarla al Pleno del Congreso del Estado para que se saque la aprobación a más tardar el 30 de abril, plazo fatal, según la convocatoria debidamente aprobada y publicada por la propia Jucopo.

Lo que supo Mirone es que sigue sin haber acuerdo político y el grupo de Morena mantiene el veto para la propuesta de Georgina Bujanda, la exdiputada panista que se pretende imponer, aunque no traiga ni el perfil derechohumanista ni la experiencia en la materia, tal como lo marca la convocatoria, de un mínimo de cinco años.

No hay que olvidar que la designación de la presidencia tiene que contar con mayoría calificada es, decir, con 22 de los 33 votos en el Pleno, los cuales no los tiene ni todo el bloque del PAN, PRI, PT, Verde y MC.

Supo Mirone que el acuerdo se complicó todavía más en torno a Bujanda porque ni entre la bancada panista y tampoco entre algunos de sus aliados, acaban de convencerse de hacer la apuesta por el perfil estrictamente político de la exlegisladora azul.

Por el lado del PAN, incluso hay quien todavía recuerda el resquemor y la bronca que se generó al interior del grupo en el poder cuando Bujanda, sin tocar base en Palacio, decidió claudicar de su misión en la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Chihuahua, para retomar su curul en la Torre Legislativa.

Es decir, la habían enviado con encargo especial a la UACH, no lo cumplió y por cuenta propia decidió dar por cancelada su licencia como diputada y recuperar su curul, mandando de regreso a casa a su suplente, Ana Margarita Blackaller Prieto, otra reconocida panista.

Y por el lado de Movimiento Ciudadano, Verde y PT, quienes han caminado en bloque con el PRIAN en otras votaciones, parece que quieren cobrar demasiada cara la factura con más posiciones por todos lados. No tienen llenadera.

A ver cómo resuelven ese entuerto. Por lo pronto, las 25 personas aspirantes que se registraron en la convocatoria y participaron en las entrevistas, ni siquiera han sabido qué calificación obtuvieron. Se supone que esa información debe hacerse pública para saber cómo valoraron las y los legisladores su presentación, además de su currículum.

La convocatoria marca que en la terna deben de aparecer las tres personas mejor evaluadas, con la consideración que se deben dejar dos espacios para mujeres y uno para hombre.

Parece que en lo único en que hay consenso hasta ahora, es que debe de ser mujer, ya que nunca una mujer ha presidido el organismo.

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En su momento, publicamos aquí el nombramiento que recibió Zuri Medina como coordinadora de la Oficina Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Luego nos tocó informar cómo se cayó la designación, después de que la grilló en la Ciudad de México el senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa, al considerar que ese tipo de cargos debían reservarse para perfiles derechohumanistas vinculados con la 4T y su movimiento.

Sin embargo, no habíamos señalado quién se quedó finalmente en el cargo. Resulta que, para llenar la vacante, tuvieron que traerse a una persona de la Ciudad de México, como si en estas tierras no hubiera perfiles adecuados para esa función.

Así que ni siquiera llegó algún perfil vinculado a las luchas o causas de la izquierda, más bien un burócrata del centro del país.

Se trata de Iván González del Valle, quien viene de ser director general de Orientación y Gestión en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Maestro en Derecho por la UNAM, González llevaba más de 10 años en el sector salud de la Administración Pública Federal y fue responsable del área de transparencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otros cargos.

Se movió bastante en áreas de transparencia y ahora deberá representar en todo el estado al organismo responsable de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.

Zuri Medina ni oportunidad tuvo de mostrar lo que traía, ya que apenas duró una quincena antes de que le avisaran de su baja, oficialmente porque requerían de un perfil con formación en Derecho para el cargo.

A ver qué armas porta González y qué puede hacer en esa oficina que se maneja de una manera muy centralizada y de bajo perfil, ya que rara vez se conoce lo que andan haciendo, pese a la relevancia de su tarea.

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A Norte Digital nos llegó un reporte sobre el negocio que algún vivillo se puso a hacer en el Colegio de Bachilleres, aprovechando la entrega de becas federales, dentro de los Programas para el Bienestar.

Para el trámite de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, les están pidiendo a los alumnos documentación que no suelen traer a la mano, como lo es su CURP.

El caso es que alguien, muy convenientemente, instala un módulo justo afuera del plantel, para que los solicitantes impriman la CURP y saquen algunas otras copias.

Nada más que dejan caer el sablazo de 50 pesos por impresión, lo que claramente es un abuso, o, mejor dicho, un asalto en despoblado.

La queja concreta enviada al medio, fue referente al Plantel 6 del Cobach, el ubicado cerca del Parque Industrial Bermúdez; sin embargo, parece que la práctica la replican en otros planteles.

El negociazo es redondo porque no nomás están pidiendo para el tramite, la CURP del alumno, también la del tutor o tutora. Y eso que la CURP es un documento gratuito, pero bueno, lo que se paga es la impresión. Aparte, las copias las cobran a 10 pesos cada una.

De plano, alguien está haciendo su agosto en abril y ni quién le ponga un freno.

A ver si los funcionarios de Bienestar o los directivos del Cobach, le echan un ojo al caso y frenan el abuso. Quién sabe si le atoren, a veces son los propios funcionarios los que traen conectes con esos negocios “alternos”.

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No se ve todavía cómo vayan los tres órdenes de Gobierno a resolver la problemática que aquí tiene frenado el arranque de la construcción de Vivienda para el Bienestar.

Únicamente el Gobierno del Estado cuenta con una reserva territorial de mil 200 hectáreas, pero se ubica en las lejanías del sur y suroriente de la mancha urbana. Es la zona de la Ciudad del Conocimiento, donde se desarrolló el proyecto de instituciones educativas que expertos en planeación y desarrollo llegaron a identificar como la mayor aberración urbana del país.

Otros le llamaron a lo que se hizo en aquel páramo, la “no ciudad”, emblema del expansionismo urbano que multiplica los déficits en infraestructura, equipamiento y servicios, además de generar exclusión, marginalidad y deterioro urbano.

Ni Gobierno Municipal ni Gobierno Federal tienen otros terrenos. Hay crisis de reserva pública y en ese contexto se lanzó el ambicioso programa federal que busca facilitar el acceso a vivienda digna y económica para las familias más vulnerables.

No han dicho que vayan a comprar reserva, sino que están viendo las posibilidades de construir en predios públicos, así que no andamos muy bien por acá en ese sentido.

Aun si tuvieron que comprar, construir vivienda económica nunca ha sido factible en terrenos caros. A menos, que aquí hicieran la excepción y en los hechos aportaran doble subsidio, tanto para la construcción de la vivienda, como para comprar los predios.

Vuelve Mirone a comentar el tema porque justo hoy anduvo por Chihuahua capital, Edna Elena Vega Rangel, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la responsable del programa Vivienda para el Bienestar.

Vino a firmar convenio con la gobernadora Maru Campos, precisamente para enmarcar las distintas acciones que resuelvan la problemática de falta de vivienda, o de vivienda accesible.

Ayer lo volvieron a señalar, tanto la gobernadora como la funcionaria federal. La idea es que las viviendas se construyen en el centro urbano, garantizando con ello el acceso a servicios básicos como el agua potable, drenaje y transporte público.

Volvemos a lo mismo: los servicios públicos no están garantizados en aquella zona del desierto donde hay vivienda abandonada precisamente por la carencia de infraestructura y equipamiento. Hay fraccionamientos relativamente nuevos que la sufren para el abasto de agua potable. Faltan escuelas, el transporte público ni siquiera llega y rara vez el patrullaje policiaco se hace presente.

Lo tragedia del suroriente es ejemplo de lo que pasa cuando se desdoblan las ciudades sin ninguna sostenibilidad, por lo que crecen los rezagos y se agudiza el deterioro urbano.

Veremos pues cómo se resuelve el reto, porque ayer en Chihuahua las autoridades aseguraron que en ninguna parte se permitirá que se continúen desarrollando zonas habitaciones en lugares que no tengan un fácil acceso a servicios básicos.