A pulso se ganó Movicon una mala fama como empresa constructora, ya que es la responsable de ejecutar el Programa de Movilidad Urbana, (PMU), en un esquema que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar llegó a identificar como “el robo del siglo”.

Los juarenses le pagan anualmente a esa empresa 270 millones de pesos, por las obras que se hicieron en la administración de Héctor ‘Teto’ Murguía y una parte le tocó recibir a Enrique Serrano.

Está bastante quemada la compañía por ser beneficiaria de ese contrato multianual que generó un altísimo costo financiero, aunque la verdad es que las críticas más duras se las llevó el contratante, en este caso la Administración de Teto que tuvo su respectivo aval del Congreso del Estado.

En su momento hasta una denuncia penal presentó el activista y exfuncionario José Luis Rodríguez Chávez, en contra de las autoridades municipales por un presunto desfalco por más de 460 millones de pesos.

El actual alcalde ha cuestionado el esquema que disparó a más de 5 mil millones de pesos un paquete de obras de cerca de 2 mil millones de pesos. El contrato estipuló el pago de los 270 millones de pesos anuales, para saldar en 20 años.

Los juarenses terminarán pagando 3 mil 400 millones de pesos de puros intereses y la deuda perseguirá a otras tres administraciones municipales más.

Se suponía que el alto costo también incluiría los trabajos de mantenimiento, pero nunca se ha sabido que Movicon cumpla con esa parte.

Pues ahora resulta que es esa misma empresa, la responsable de la obra en el camellón central de la Ejército Nacional, donde se sacaron y se talaron varios frondosos árboles.

Ahí no tiene la empresa contrato público, pero sí de un centro comercial que le pagó para habilitar un acceso a su negocio.

El caso es que sin los debidos permisos de por medio, Movicon se aventó el ecocidio, por el cual recibió una multa de las autoridades municipales.

Falta ver si eso es suficiente. Seguramente hay elementos para que se presente una demanda de otro tipo y se de pie a una acción de carácter penal.

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Adriana Terrazas Porras se reencontró con todos sus compas priistas en Ciudad Juárez.

Por lo visto, ya regresó al redil tricolor. Como morenista, logró ser diputada local plurinominal de 2021 a 2024. Terminó desconocida como tal por sus compañeros de bancada porque se convirtió en operadora de Palacio y, como presidenta del Congreso en los dos últimos periodos de la Legislatura, fue clave para sacar los proyectos del bloque mayoritario integrado por el PAN y el PRI.

Esa última cachucha le sirvió para ser nombrada representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México. Tiene las confianzas de la gobernadora Maru Campos, pero panista no es.

Así que el fin de semana anduvo muy contenta en un reencuentro tricolor. Fue una comilona en el Shangri La, en la que participaron distintas figuras que integraron la administración de Enrique Serrano, el tricolor exalcalde juarense que también forma parte del equipo de Maru Campos, desde la coordinación general del Consejo Estatal de Población (Coespo).

“Siempre es un gusto regresar a mi tierra Cd. Juárez y reunirme con grandes amigos de la administración municipal encabezada por el licenciado Enrique Serrano y conversar sobre anécdotas pasadas y proyectos a futuro… Listos para trabajar en conjunto”, escribió la exdiputada en su cuenta de Facebook.

En la fotografía compartida por Adriana, se ve a 22 excolaboradores de la administración de Serrano, en la cual la hoy representante de la gobernadora fungió como directora de Desarrollo Social.

Políticamente, siempre ha trabajado Terrazas Porras muy cerca de Enrique Serrano; fue su coordinadora en la campaña fallida de 2016 por la gubernatura.

Junto con Adriana, se dejaron ver otras figuras tricolores de larga trayectoria, empezando por el exregidor y hoy flamante presidente del Comité Municipal del PRI, Alberto Reyes Rojas; el excandidato a alcalde, Eleno “El Bueno” Villalba y el mil veces funcionario y operador electoral, Guillermo “El Profe” Narro, quien fungió como su jefe de asesores.

También participó el exdiputado local, René Franco Ruiz, hoy consultor ambiental, igual que lo fue su padre, el exrector de la UACJ, René Franco Barreno. René, quien luego sería también recaudador de Rentas, fue director de Asentamientos Humanos en la Administración serranista.

Entre los asistentes, también se pudo ver a Miguel Orta Vélez, quien fue tesorero y antes había sido director de Contabilidad con Teto Murguía. Hoy es director del Colegio de Chihuahua, cargo al que llegó luego de colaborar en la Secretaría de Educación y Deporte con el finado Javier González Mocken.

No hubo un tema grillo especial de coyuntura, pero el equipo que se mantiene unido y en contacto por WhatsApp, acordó que ese encuentro sería el inicio de una reactivación política.

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Ayer que se dieron a conocer los 68 proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025, quedó claro que las asociaciones civiles pasaron por encima de los comités vecinales y se quedaron con la mayoría de las obras ganadores.

O sea que no nada más quedó desigual la competencia de los vecinos en contra de las comunidades escolares que obtuvieron las más altas votaciones, también tuvieron que pelear ahora con los colectivos organizados en asociaciones civiles que presentaron proyectos muy interesantes.

Si no estuviera el candado que limita a que las escuelas no acaparen más del 20 por ciento del presupuesto (en cada uno de los 10 polígonos en que se divide la ciudad), los profes con el apoyo de toda la comunidad escolar, se llevarían de todas, todas.

En cada polígono encabezaron la votación, pero por lo pronto nada más se quedarán con una obra por cada delimitación. Es el equivalente al 20 por ciento de los 368 millones de pesos iniciales. Sin embargo, luego podrán utilizar 150 millones de pesos extras para los proyectos más votados.

Entre las asociaciones ganadoras están Alianza Humanista por el Bien Común, que presentó su tercera edición de Expo Arte Urbano; la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez que propuso la rehabilitación integral de la Plaza del Periodista, y la Liga de Beisbol Villahermosa que ganó con el alumbrado para su campo.

Suenan bastante bien los proyectos de asociaciones, incluso más apegados al espíritu del Presupuesto Participativo, porque implican una mayor intervención comunitaria e involucramiento de distintos actores para articular y operar las estrategias, más allá de una simple obra de equipamiento, pero el tema es que se puso todavía más dura la competencia.

Así que de entre los 898 proyectos que compitieron este año, decenas de calles y parques se quedaron fuera porque tuvieron más bajas votaciones y los vecinos quedaron en desventaja ante quienes forman parte de asociaciones con membresías mayores o conexiones políticas para hacer alianzas electorales.

Sin duda que se tendrán que ir afinando las reglas para intentar que el proceso de elección sea más equitativo. A ver cómo se resuelve.

Por lo pronto, todavía podrían formalizarse algunas denuncias ante la Contraloría Municipal por parte de vecinos que vieron o sufrieron actuaciones o situaciones irregulares en las mesas receptoras de votos, como el caso de una familia cuyos integrantes no pudieron votar porque los datos de su CURP ya habían sido ingresados al sistema y utilizados por otras personas, además de los casos de coacción para votar por determinados proyectos, particularmente en cuanto a los alumnos de las escuelas.

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Hoy habrá novedades en el Club Campestre por el caso del desfalco de 21.5 millones de pesos que todavía mantiene una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General del Estado.

A las siete de la tarde, habrá asamblea general con prácticamente un único tema en el orden del día: informe de la Comisión Especial, la que se creó para revisar a fondo qué fue lo que pasó internamente en torno al desfalco, con independencia de que siga caminando la denuncia penal y la Fiscalía haga su chamba.

No hay que olvidar que, por acuerdo de Asamblea, se creó la Comisión para tratar de deslindar todo tipo de responsabilidades administrativas por el manejo financiero del Club, y para analizar hasta dónde podrían existir distintas responsabilidades de la directiva, más allá del contador a quien se le acusó del desfalco.

Hay bastante grilla al respecto. Por un lado, están quienes creen que sí hay algún tipo de responsabilidad del presidente y del tesorero, por lo que estarían pidieron una suspensión de sus derechos, ya fuera por un año, por tres o hasta por cinco años.

Sin embargo, también hay socios que defienden a los directivos que fueron separados temporalmente del cargo (precisamente para que se hiciera la investigación) y que creen que, al menos el presidente, Sergio Guzmán Castañeda, tendría que ser restituido en su cargo.

Quién sabe si se puedan plantear hoy los temas de la sanción o de la restitución, pero independientemente de eso, la Comisión Especial detallará lo que encontró en poco más de dos meses de revisión de las finanzas del Club.

El desfalcó en el que participó el administrador Alberto Medina Molina, seguirá dando de qué hablar, pero también la revisión de los contratos que entregó el Comité de Obra en las últimas tres administraciones.