Desde que Rubí Enríquez rindió su último informe al frente del DIF Municipal y anunció que su lugar sería ocupado por Angélica Mendoza, esposa del alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, se generó bastante grilla al interior del Poder Judicial, ya que Mendoza despacha en Juárez como magistrada de la Primera Sala Civil Regional.

Se enteró Mirone de que las grillas internas no han cesado, principalmente desde la oficina del magistrado Emmanuel Chávez Chávez, titular de la Segunda Sala Civil Regional, también con asiento en Juárez.

Cuando se anunció que Mendoza asumiría a partir del 28 de agosto, mañana viernes, se deslizó la idea de que no sería necesaria ninguna licencia por parte de la magistrada, quien podría ocupar al mismo tiempo la presidencia honoraria del organismo municipal, poniéndose la cachucha de funcionaria judicial estatal por la mañana y la de funcionaria municipal después de las tres de la tarde.

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Nada más que Chávez Chávez ha estado insistiendo en que sí se generaría un conflicto de interés que no debería permitirse desde el Poder Judicial. De acuerdo con lo que le contaron a Mirone, se ha estado moviendo para presionar a que Angélica pida licencia y, luego, el espacio de titular sea ocupado por algún secretario de sala incondicional a él.

Tiene Chávez Chávez una especie de obsesión por ser el mandamás del Poder Judicial en Juárez y por eso empezó a frotarse las manos con la idea de que podría tener injerencia en la Primera Sala Civil.

Lo último que conoció este Don es que Angélica Mendoza estaría decidiéndose por no mover las aguas y mejor quedarse al 100 por ciento en su espacio como magistrada, sin las distracciones del cargo honorario.

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Así que ni licencia ni presidencia del DIF parece ser la decisión, que no únicamente tiene que ver con el juego de tronos al interior del Poder Judicial.

El cuidado de la posición también estaría relacionado con las jugadas políticas externas al Poder Judicial, vinculadas con los proyectos electorales guindas rumbo a 2027 y las definiciones que están por venir.

El caso es que la operación política desde una magistratura en el nuevo Poder Judicial es importante para lo que se pueda ofrecer, y más vale no soltar la cuerda ni un poquito, porque siempre habrá alguien que la quiera arrebatar.

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Tras el “destape” de la gobernadora María Eugenia Campos como probable candidata a una diputación, resurgió la discusión sobre cuándo debería dejar el cargo para aspirar a un puesto de elección popular.

Mientras algunos echaron a volar las campanas, imaginándose a la mandataria panista despachando como legisladora federal en San Lázaro, otras voces, mucho más cautas, proponen irse con cuidado, analizar detenidamente la situación y no meter al Estado en un brete jurídico en la parte final del sexenio, cuando todos —suponemos— están ocupados en limpiar la casa y prepararlo todo para la entrega-recepción.

Los entusiastas consideran factible que la gobernadora se separe un día antes de que inicie el proceso electoral, lo cual ocurriría en el segundo trimestre de 2027. ¡Fácil! Lo dicen a voz en cuello: serían tres o cuatro meses fuera de la “silla mayor”, que quedaría a cargo de alguien de su entera confianza.

Eso, en caso de que su mirada estuviera puesta en el Congreso del Estado, porque si pretende llegar a San Lázaro como diputada federal, el trayecto es mucho más largo y sinuoso, como dice la canción de los Beatles.

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No faltó quien sugiriera que se inscribiera como candidata plurinominal a diputada federal, para lo cual podría continuar en la gubernatura y, concluido el proceso, ir a recoger su constancia de diputada electa.

Sin embargo, sesudos en el tema consultados por Mirone, dejaron en claro que un gobernador o gobernadora en funciones no puede ser electo o elegida como diputada federal por Chihuahua durante el periodo de su encargo, aunque renuncie o se separe definitivamente.

La razón está en el artículo 55, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución federal, que lo deja más que claro. Aquí el texto, para que luego no le reclamen a Mirone:

“Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”.

Ni hablar: el artículo constitucional mata grilla.

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Lo que queda, entonces, es discutir si puede separarse para registrarse como candidata a diputada local, por cualquier principio. El artículo 41, fracción VI, deja en claro lo que ya les había apuntado este Mirone metiche: puede ser candidata siempre y cuando se separe un día antes. Hasta ahí, todo claro.

La pregunta que queda tendida en el terreno, con ganas de que alguien la responda, es quién quedaría como encargado del Poder Ejecutivo del Estado.

La misma Constitución establece que sería el secretario general de Gobierno, si la ausencia no es mayor a 60 días. El periodo de campaña dura menos que eso, así que no habría necesidad de recurrir a un gobernador sustituto.

Ahora, la pregunta que cala es: ¿quién sería ese secretario general que quedaría como gobernador durante los dos meses de campaña?

Buena pregunta, sobre todo si el actual deja el encargo para buscar la Presidencia Municipal de Chihuahua.

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El Congreso del Estado apenas analiza las iniciativas para establecer la Fiscalía autónoma y a algunos —a algunas, mejor dicho— ya les “anda” por ir al baño.

Una vez más, el voto de la exmorenista Rosana Díaz Fuentes será fundamental para sacar adelante el proyecto que presentaron PAN y Movimiento Ciudadano para heredarle un fiscal a la próxima administración estatal, gane quien gane la elección de 2027.

Díaz Fuentes, cuya ausencia de última hora porque se fue al baño —según dijo ella— hizo posible la aprobación de un nuevo endeudamiento para el Gobierno del Estado, ya no se retiraría al servicio sanitario para que salga adelante la propuesta de crear la Fiscalía autónoma por un periodo de ocho años, pero sí tiene la moneda de cambio para hacerla caminar.

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Desde inicios de semana circuló la versión de que la diputada juarense quería ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante el último año de la actual Legislatura, como integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El dato que circula en el radiopasillo del Congreso del Estado es que ese cargo lo “catafixió” por el voto a favor de la reforma constitucional que ha generado tanta controversia.

La postura del PVEM, grupo al que ahora pertenece Díaz Fuentes, es por demás ambigua y deja flotando en el ambiente la posibilidad de que vote a favor de un proyecto muy parecido al que tripulan las bancadas del PAN y MC, pues se trata de dejar a un fiscal durante los próximos ocho años, es decir, durante todo el sexenio que está por venir.

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El voto de Díaz Fuentes, sin embargo, no sería suficiente, pues a estas alturas el bloque oficialista, conformado por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, acumula 18 votos, cuando una reforma constitucional requiere las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.

Les faltan tres, pues, y al menos uno sería el de la exmorenista. Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, porque el coordinador del partido del tucán, Octavio Borunda, ya anunció que presentará una iniciativa propia, distinta tanto de la de Morena —que data de 2022— como de la del bloque oficialista.

¿Distinta en qué? Ahí está el detalle, porque si van a aceptar que se instaure un fiscal por ocho años cuando está por concluir la actual administración, estarían saliendo casi iguales que PAN y MC. Si van por un transitorio para que el cambio se haga hasta la próxima Legislatura, se van casi iguales a Morena.

Como quiera que sea, aquí ya solamente quedan dos sopas: o se aprueba la iniciativa de MC-PAN con los votos del PVEM y del PT, o se va todo para la siguiente Legislatura, con un nuevo gobernador o gobernadora y una baraja política nueva.

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Por lo que se ha visto, al PAN se le hizo bolas el engrudo con el tema de abrir los registros a toda persona que aspirara a algún cargo de elección popular rumbo a 2027.

Todavía es hora de que no se termina de hacer la depuración de los listados con todos los que aprovecharon la aplicación o plataforma digital que permitió registros tanto a militantes como a externos al PAN.

Desde el 26 de julio, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) cerró el registro en la plataforma y la revisión que haría esa instancia panista fue delegada al Comité Municipal para atender lo correspondiente a Juárez.

No pudo el CEN hacerse cargo de los cientos y cientos de registros en todo el país y ahora está delegando la tarea a los comités locales, cuando la idea planteada en un principio era que las decisiones sobre a quién dejar pasar o a quién frenar no quedaran sujetas a las filias o las fobias de las dirigencias municipales o estatales.

Era parte de lo ofrecido por el CEN: apertura para todo mundo y oportunidades por igual, sin que el proceso se contaminara por relaciones previas o por la injerencia de las personas al frente del partido en el plano local.

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Sin embargo, ya está el dirigente local, Ulises Pacheco, afinando el procedimiento y la lista de aspirantes a la Alcaldía y a los demás cargos en disputa rumbo a 2027.

Por lo pronto, se sabe que muchos nombres más se anotaron para buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de Juárez, además de los ya conocidos o mencionados, como Austria Galindo, Raúl García Ruiz, Isela Molina y Juan Carlos Elizondo.

Pronto habrá una conferencia de prensa especial para abordar el tema. Ayer, durante un encuentro con los medios, Ulises no quiso adelantar nada porque precisamente se encontraba en ese proceso de análisis y depuración.

Se le preguntó si Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, había realizado su registro como aspirante a algún cargo, y el dirigente local reiteró que no y que ella ha insistido en que, por el momento, esos no son sus planes. Quién sabe después.

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Además, la propia Daniela ha aclarado que los registros en la plataforma no son realmente definitivos, vinculantes ni restrictivos, así que después bien pueden integrarse otros nombres y ser tomados en cuenta para cualquier candidatura.

Cuando el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN habló de los registros en la plataforma, señaló que en todo el estado había al menos 711 aspirantes y que, solamente en Juárez, la cifra fluctuaba entre 200 y 210 apuntados.

¿Cómo terminará el PAN de procesar tanto nombre y tanta aspiración? Es lo que está por verse.