Primero fueron el CIA-gate y el #YoConMaru los temas que aplazaron la realización de los foros regionales que tenía agendado el PAN para los aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

La agenda blanquiazul cambió radicalmente y se quedaron en stand by los foros que se habían articulado para hacer el mayor ruido posible con el proceso interno de selección de candidato o candidata, como una apuesta a mejorar el posicionamiento de sus figuras y de la marca PAN.

La idea panista era la de conectar con la gente mediante un discurso de juego democrático, de apertura a la ciudadanía y de vinculación con distintos sectores sociales. Y claro, al centro, sus prospectos por la gubernatura.

Ya hasta estaban bien puestos Gilberto Loya y Jesús Valenciano, incluso Álvaro Bustillos —como externo— y a lo mejor hasta Daniela Álvarez para hacer el juego de competirle a Marco Bonilla la candidatura, todo con el fin de reactivar al panismo y pegar positivamente en el ánimo ciudadano.

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Se habían aplazado los foros pensados para realizarse en mayo, pero hoy de plano fueron cancelados. El tiempo no alcanzó, ya que fueron otras las prioridades en la agenda político-partidista, cuando surgió el pleito de Morena-Sheinbaum contra PAN-Maru. En este momento es el Mundial de Futbol el que se vino encima.

Este jueves es el arranque de la copa y ya no habrá tiempo de nada. Así que se quedaron esperando en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Delicias la realización de los mentados foros temáticos que tendrían participación especial de distintos sectores y expertos.

Ni suspirantes, ni militantes, ni ciudadanía en general estarán durante la gesta mundialista en ánimo de saber de política, de candidatos o de partidos. Todo mundo andará en modo mundial hasta el 19 de julio, por lo que el PAN ya verá qué hace después de que pase la fiebre.

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Y si los ejercicios con aspirantes a la gubernatura no prendieron, menos lo hicieron los que se pretendían hacer con los prospectos para las alcaldías de Juárez y de Chihuahua.

A ver luego cómo se ponen a la par de Morena, ya que los guindas todavía mantienen en su agenda la idea de sacar este mes las convocatorias para el registro de quienes buscarán las coordinaciones estatales, municipales y distritales de la Defensa de la Transformación.

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Finalmente se concretó la salida formal de Rosana Díaz de la bancada de Morena en el Congreso del Estado.

Ya le cantaban a la legisladora juarense aquella famosa canción de José Alfredo Jiménez, “No me amenaces”, por aquello de que “estás que te vas y te vas, y no te has ido”.

Pues ya se fue y es oficial: el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua se redujo de 12 a 11 de los 33 asientos.

Para despedirse, la expresentadora de noticias llamó simuladores a sus excompañeros de bancada y violentador y acosador al coordinador, el también juarense Cuauhtémoc Estrada.

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No hay que olvidar cómo inició el capítulo de desencuentros entre morenistas que integraban un mismo equipo, a partir de que Rosana Díaz se ausentó del Pleno —y hasta de la Torre Legislativa— cuando en diciembre de 2025 se votaba el Paquete Fiscal 2026, con todo y mayor deuda pública, lo que requería de mayoría calificada, lograda precisamente porque Rosana y su compañera Edith Palma se desaparecieron en el momento decisivo.

Entonces, sus compañeros, al igual que la dirigencia de Morena, la acusaron de traición; en los hechos, fue excluida del grupo desde ese momento.

Sin embargo, hasta casi medio año después es que se concreta la salida, con la renuncia formal a la bancada presentada por la propia Rosana.

A ver ahora cuánto tiempo más se lleva su salida de Morena, ya que al partido no renunció ni la han expulsado.

Ella asegura que sigue esperando la resolución de los órganos internos de Morena para definir su situación y si es necesaria o no su renuncia.

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Y como esa parte todavía está en proceso, tampoco se pudo definir su integración formal al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a su eventual bancada en el Congreso. Primero se tendrá que cerrar el capítulo con Morena antes de empezar su historia política con el Verde.

Por cierto, Rosana apenas se había afiliado al partido guinda en 2025. Aunque fue diputada desde 2021 para su primer periodo, al cargo llegó como invitada externa.

Quien la espera con los brazos abiertos es el único diputado verde y presidente estatal de ese partido, Octavio Borunda. No únicamente tendrá Borunda mayor fuerza legislativa, también se beneficiará de prerrogativas extras —es decir, mayor disponibilidad de recursos— al encabezar un Grupo Parlamentario que antes no existía.

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Han pasado 52 días desde que un vehículo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se desbarrancó en los confines de la Sierra Tarahumara con cuatro tripulantes a bordo, y hasta hoy permanece en el fondo de la barranca.

El accidente en cuestión no es uno más de los miles que ocurren cada año en la entidad. Se trata del percance que les costó la vida a dos agentes extranjeros, presuntamente vinculados a la CIA, así como al titular de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, y a su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes.

Como es bien sabido, el hecho se convirtió en una auténtica caja de Pandora de la que emergieron una crisis institucional por la presencia de operadores estadounidenses en territorio nacional, una confrontación entre los Gobiernos federal y estatal y, por supuesto, abundante material para la disputa política y electoral. Y ni así han ido por el vehículo.

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Lo del automóvil abandonado en el fondo de la barranca es apenas uno de los muchos cabos sueltos que han quedado desde que las autoridades dieron a conocer la tragedia ocurrida después de un operativo en los límites de Chihuahua y Sonora, donde —según la versión oficial— se destruyó un laboratorio de drogas sintéticas.

Primero dijeron que los extranjeros —de quienes después supimos que eran estadounidenses— no formaban parte del convoy que participó en el operativo, sino que habían sido encontrados en el camino rumbo a la ciudad de Chihuahua. Dos agentes extranjeros en plena sierra, a altas horas de la noche, caminando hacia la capital del estado: la historia sonaba inverosímil desde el principio, de no ser porque de por medio había cuatro vidas perdidas.

El resto ya es conocido. No eran dos, sino cuatro agentes; no se los encontraron en el trayecto, sino que viajaban con el convoy desde que salió de Chihuahua capital y, en efecto, participaron en el operativo. Todo eso fue negado inicialmente y solo comenzó a esclarecerse cuando una instancia especial de investigación se hizo cargo del caso.

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Hoy también sabemos que el accidente no ocurrió ni en el municipio de Morelos ni en el de Guachochi, como se informó inicialmente, sino en un paraje conocido como Polanco, en el municipio de Batopilas. Sabemos, además, que el sitio no se encuentra a ocho horas del lugar donde operaba el laboratorio, sino a tres o cuatro horas de distancia.

Después vino la explicación de que el vehículo se había desbarrancado y, al menos en eso, la versión oficial parece acercarse a la realidad. Quienes conocen la región describen el trayecto como uno de los más sinuosos y complicados de la sierra, particularmente durante la noche, cuando ocurrió el percance.

¿Fue realmente un accidente o se trató de un atentado? La pregunta sigue flotando en el ambiente y alimenta toda clase de especulaciones.

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Lo que sí puede observarse es que se trata de un accidente con características similares a muchos otros ocurridos en la Sierra Tarahumara, donde los caminos de terracería suelen terminar abruptamente en barrancos y precipicios.

Pero precisamente por la relevancia política, institucional y hasta internacional que adquirió este caso, ayudaría mucho a despejar dudas que las autoridades recuperaran los restos del vehículo y los incorporaran plenamente a la investigación.

Por difícil que resulte la maniobra, después de 52 días, sigue siendo una ausencia difícil de explicar.

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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) pondrá bajo observación los programas de retorno de las familias desplazadas de la Sierra Tarahumara para asegurarse de que su regreso ocurra de manera voluntaria y bajo condiciones adecuadas de seguridad.

La medida surge luego de que comenzaran a circular versiones de familias que habrían sido «invitadas cordialmente» por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a regresar a sus comunidades, particularmente a Atascaderos, en medio de los esfuerzos oficiales por demostrar que la situación de violencia en la región se encuentra bajo control.

Según ha informado la propia CEDH, hasta el momento no existe una queja formal relacionada con estos hechos. Sin embargo, el organismo ha encendido las alertas debido a que los procesos de retorno apenas comienzan y no se descarta que, conforme transcurran las semanas o los meses, empiecen a surgir inconformidades por parte de las familias afectadas.

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El desplazamiento forzado provocado por la violencia de grupos armados no es un fenómeno nuevo en Chihuahua. Sin embargo, durante los últimos meses ha cobrado una relevancia particular, al grado de convertirse en una preocupación central para organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel estatal, nacional e incluso internacional.

El episodio que encendió nuevamente las alarmas ocurrió entre el 24 y el 25 de febrero de este año, cuando la comunidad de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, quedó prácticamente desierta tras la salida masiva de familias que ya no estaban dispuestas a seguir viviendo entre los enfrentamientos de grupos criminales rivales.

Autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil coincidieron entonces en que más de 200 familias abandonaron sus hogares en menos de 24 horas debido a la violencia que azotaba la región.

Muchos de los desplazados se trasladaron a Hidalgo del Parral; otros continuaron hacia Chihuahua capital o Ciudad Delicias. El destino era lo de menos. Lo importante era alejarse de los disparos.

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Ante la magnitud del fenómeno, autoridades estatales y federales desplegaron operativos de vigilancia y patrullaje en la zona, al tiempo que comenzaron a diseñar estrategias para facilitar el retorno de las familias a sus comunidades bajo condiciones de seguridad.

La versión oficial sostiene que los habitantes comenzaron a regresar una vez que las corporaciones de seguridad recuperaron el control de la zona. Sin embargo, paralelamente surgieron versiones que apuntan a que algunos retornos pudieron haberse promovido bajo presión, con el objetivo de proyectar una imagen de normalidad en las comunidades afectadas.

Es cierto que desde aquellos días de febrero los enfrentamientos han dejado de ocupar los titulares de manera cotidiana. Pero también es cierto que la sensación de incertidumbre permanece. La llamada “calma chicha” sigue presente y todavía existen familias que no consideran que haya condiciones suficientes para volver y reconstruir una vida que pueda calificarse como normal.

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Precisamente por tratarse de un fenómeno que implica posibles violaciones a derechos fundamentales, la CEDH ha anunciado que vigilará de cerca cualquier programa de retorno para verificar que las personas regresen únicamente si así lo desean y bajo condiciones que garanticen su integridad.

La decisión merece reconocimiento. Después de todo, nadie puede ser obligado a volver a un lugar del que salió huyendo por miedo a la violencia. Mucho menos cuando la seguridad que se le ofrece depende de circunstancias que, para muchos habitantes de la Sierra Tarahumara, todavía no terminan de disipar el temor.